Ocho resoluciones tomó la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) en un consejo ampliado que mantuvo la dirigencia en las últimas horas, en el que se acordó concentrarse en hacer campaña electoral para decirle no a la consulta popular planteada por el presidente Daniel Noboa y mantenerse en resistencia en sus territorios.

Tras 24 días de manifestaciones focalizadas que impulsó el movimiento indígena en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, la Conaie tomó decisiones en una reunión reservada que se realizó el 14 de octubre de 2025.

Entre estas, condenaron la “violenta y atroz represión” que ejecutó el Gobierno nacional, a través de la fuerza pública, para despejar las paralizaciones en la carretera E-35, que mantuvieron comunidades indígenas de Imbabura.

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La Conaie exigió la liberación de los detenidos y la reparación integral a las familias por los heridos y fallecidos durante las manifestaciones.

Adicionalmente, la confederación, presidida por Marlon Vargas, dispuso reorganizar a la estructura organizativa para tener una participación activa y protagónica en la campaña electoral por el no a la consulta popular y referéndum que se votará el 16 de noviembre.

“Nuestra posición es decir no a esta propuesta que pretende instaurar un régimen autoritario para ocultar su incapacidad de resolver los acuciantes problemas económicos, sociales y la falta de seguridad en el Ecuador”, dice una de las resoluciones, que se difundieron este miércoles en sus redes sociales.

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En total, son cuatro preguntas sobre las que se pronunciará el electorado, de las que una consulta es si el elector está de acuerdo con instalar una asamblea constituyente que elabore una nueva constitución.

Las otras tres preguntas proponen enmendar la carta política para permitir la instalación de bases militares extranjeras en territorio nacional; si se está de acuerdo con eliminar la obligación del Estado de asignar recursos para el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos; y, reducir el número de miembros de la Asamblea Nacional de 151 (que son en la actualidad) a 73.

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El movimiento considera que lo que se pretendería —de aprobarse la instalación de un parlamento constituyente— es anular los derechos adquiridos, en referencia a los 21 derechos colectivos establecidos en la Constitución de 2008.

Entre estos, los que se refieren a su libertad de determinación, la defensa de sus territorios, ser consultados sobre proyectos de explotación de recursos naturales no renovables, aplicación de la justicia indígena.

Acusan a la administración de Noboa de emprender un proyecto extractivista, contrario a los derechos y orientado a desmontar el Estado de derecho y la plurinacionalidad.

Además de organizar a las comunidades en las provincias, la Conaie está calificada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para hacer campaña política por el no por la consulta y referéndum, que arrancará el 1 de noviembre y se extenderá hasta el 13 de noviembre. (I)

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