A finales de este mes de junio se conocerán cuántos de los 113 postulantes a uno de los catorce cargos de jueces para la nueva Unidad Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado recibieron una calificación positiva en la prueba psicológica para así seguir en el concurso público que es dirigido por el Consejo de la Judicatura (CJ).

Según el cronograma del concurso, este 18 de junio terminaron las pruebas psicológicas a las que se sometieron los postulantes. Los resultados específicos de esta subfase tienen la calidad de confidenciales y serán notificados a cada aspirante. La calificación de idóneo o no idóneo será conocida solo por el pleno del CJ y no será objeto de recalificación.

Veeduría para concurso de jueces especializados en delitos de corrupción y crimen organizado fue conformada

Según el artículo 28 del Reglamento para el Concurso Público de Oposición y Méritos para la selección de estos jueces, los postulantes se debían someter a una evaluación psicológica con el propósito de asegurar que no presentan cuadros psicopatológicos, fobias, traumas, complejos o cualquier alteración psicológica que les impida cumplir a cabalidad con las funciones inherentes al cargo al que aspiran.

La evaluación psicológica no tiene un puntaje establecido, pero quienes no sean calificados como idóneos no podrán continuar en el proceso. En el artículo 18 del reglamento del concurso solo se define que la fase de méritos será calificada sobre 50 puntos y la fase de oposición también sobre 50 puntos. Esta última incluye las pruebas teórica (20 puntos) y práctica (30 puntos).

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Los postulantes que hayan alcanzado una calificación mínima de 80 sobre 100, en la sumatoria de las fases de méritos y oposición, estarán habilitados para el curso de formación inicial a cargo de la Escuela de la Función Judicial. Las pruebas psicológicas arrancaron el pasado 14 de junio en Quito con la participación de siete psicólogos evaluadores, integrantes de la veeduría ciudadana y un notario que da fe pública de las etapas de la evaluación.

En total 350 postulantes avanzaron a la fase de méritos del concurso público, luego de cumplir con los requisitos establecidos. Tras la verificación de los documentos presentados por los postulantes, de los 425 profesionales que completaron su postulación, 75 no reunieron todos los requisitos que se necesitaban.

De los 350 aspirantes solo 113 superaron el mínimo de 30 sobre 50 puntos que se necesitaba para pasar de la fase de méritos a rendir la prueba psicológica. Con esta calificación inmediatamente se iniciará la fase de oposición.

A finales de marzo pasado, el CJ oficializó la convocatoria al concurso para seleccionar catorce jueces especializados en corrupción y crimen organizado que integrarán la nueva Unidad Judicial que tendrá sede en Quito, pero mantendrá una competencia nacional. Los jueces de esta unidad tratarán 44 tipos penales: 7 relacionados con temas de corrupción y 37 con el crimen organizado.

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Judicatura lanza convocatoria a concurso para seleccionar 14 jueces especializados en corrupción y crimen organizado; presidente Lasso brinda su apoyo

Para agosto de este año espera la Judicatura que esté en funcionamiento la nueva Unidad Especializada, en la que trabajarán en total 40 funcionarios, entre ellos los catorce jueces por seleccionar.

Participarán en la fase de oposición los postulantes que hayan superado la fase de méritos y la prueba psicológica. En esta etapa, de acuerdo con lo que señala el artículo 36 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), los postulantes deberán rendir una prueba teórica y una prueba práctica.

Para ambas pruebas se contará con un banco de preguntas y un banco de casos prácticos, cuya elaboración está a cargo de un comité de expertos que fue designado por el pleno del CJ el 4 de junio pasado. Este comité está integrado por 18 profesionales del derecho que contarían con reconocida trayectoria profesional y experiencia en la docencia universitaria.

El concurso público se da en un Consejo de la Judicatura que tiene un presidente temporal como Fausto Murillo y en medio de llamados de la Asamblea Nacional a dos vocales del organismo para que expliquen unos audios que aparentemente revelarían una injerencia del Ejecutivo en una acción constitucional que tenía relación con la hoy expresidenta del Legislativo Guadalupe Llori. (I)