Entre ocho y nueve papeletas electorales recibirían los ecuatorianos en las elecciones seccionales y de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) a realizarse en febrero del 2023 si el presidente Guillermo Lasso concreta su llamado a una consulta popular.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) se prepara para organizar el nuevo proceso electoral en el que se elegirán prefectos, alcaldes, concejales urbanos y rurales, miembros de juntas parroquiales, y los vocales del CPCCS. A la par, el jefe de Estado anunció que aspira a plantear una consulta popular para que sea incorporada en esta elección y así reducir costos.

El artículo 104 de la Constitución, sobre la Democracia Directa, habilita al presidente de la República a disponer al Consejo Electoral que convoque a una consulta popular sobre los asuntos que estime convenientes.

Pero requerirá obligatoriamente de un dictamen previo de la Corte Constitucional (CC) sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas.

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Lasso, en una entrevista con representantes de medios de comunicación, adelantó este martes que consultaría sobre una posible eliminación del Consejo de la Judicatura (CJ), modificar las atribuciones del CPCCS como la de designar a las autoridades de control del Estado; y, sobre las reformas laborales.

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El constitucionalista André Benavides, recordó que la CC aclaró en una de sus sentencias que para eliminar un órgano creado por la Constitución, en este caso la Judicatura, se requiere de una reforma parcial.

Respecto de las reformas laborales, advirtió que el artículo 195 del Código de la Democracia establece que el Ejecutivo podrá “proponer la realización de una consulta popular sobre un proyecto de ley que haya sido negado por la Asamblea Nacional”. Y, alrededor de las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana, se requerirá de una enmienda constitucional.

Según Benavides, los jueces constitucionales tienen alrededor de 20 días para pronunciarse sobre la constitucionalidad del texto y el trámite que se debe seguir. Si supera esta revisión, se remitirá al CNE para que lo incluya en la convocatoria a elecciones.

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Pero mientras la administración de Lasso alista las preguntas, el CNE toma las primeras decisiones para organizar los comicios seccionales, en las que aún no está contemplado el posible plebiscito.

Este 18 de enero, los consejeros electorales aprobaron las directrices, que son una guía para ejecutar las diferentes actividades del proceso, entre las que están la impresión de las papeletas y su diseño.

De esta forma, se imprimirá una papeleta por cada dignidad a elegirse, es decir: una para prefectos, para alcaldes, para concejales urbanos; otra para concejales rurales y otra para los integrantes de las juntas parroquiales, que dependerá de cada jurisdicción.

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Otras tres papeletas para las candidatas al CPCCS mujeres, una para hombres y la última, para los postulantes de los pueblos y nacionalidades.

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En el caso de que el primer mandatario formalice su iniciativa popular, los electores de las jurisdicciones urbanas recibirán ocho papeletas; y aquellos votantes de las zonas rurales recibirán nueve.

El vicepresidente del Consejo Electoral, Enrique Pita, consideró que desde el punto de vista operativo, “el CNE podrá perfectamente llevar adelante” esta consulta. No obstante, va a representar un incremento de costos que el Estado deberá financiarlo; y una responsabilidad adicional de trabajo en lo operativo y para los miembros de las Juntas Receptoras del Voto (JRV), quienes deberán contar los votos.

“Si el presidente tiene esta iniciativa, ajustada a la ley, nos corresponderá llevar para adelante. No será fácil desde el punto de vista organizacional, porque vamos a tener una elección múltiple, pero se podrá llevar adelante”, manifestó Pita.

Además de un incremento al presupuesto, por la impresión de papeletas, también deberá observarse el rubro para la promoción electoral, a través del Fondo de Promoción Electoral, porque habrá colectivos de la sociedad civil que aspirarán a impulsar el No o el Sí, por ejemplo.

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“La logística se incrementa. Las impresiones de papeletas, los paquetes electorales, se va a requerir más personal, la capacitación para que esté dirigida a este asunto; los controles para la campaña electoral. Tendrá sus connotaciones”, anotó Pita.

La última consulta popular que se realizó en el país fue la del 2018, durante el gobierno de Lenín Moreno, cuando se instaló el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, se reformó la forma de designación de los vocales del CPCCS para que sea por voto popular, entre otros.

En ese entonces, el CNE que presidía Nubia Villacís aprobó un presupuesto para efectuarla que ascendió a los $ 48′296.280.

En tanto que el Fondo de Promoción Electoral para la propaganda de ese entonces contó con un presupuesto de $ 3′907.979 para las 40 organizaciones sociales y políticas que se acreditaron por el Sí y el No.

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En cuanto al presupuesto que se aprobó para la organización de las elecciones seccionales del 2019, y cuando se eligió por primera vez por voto popular a los consejeros del CPCCS, fue de $ 119,7 millones.

Para este 2023, el CNE aún no aprueba su presupuesto. En las próximas semanas, el CNE en conjunto con el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) prevén aprobar el calendario y declarar el inicio del periodo electoral.

Con ello deberán aprobar el Plan Operativo Electoral (POE), que incorporará los rubros que se requieren para realizar las elecciones.

En ese contexto, el lunes pasado los titulares del CNE, Diana Atamaint, y del TCE, Arturo Cabrera, mantuvieron una reunión con el ministro de Finanzas, Simón Cueva, para exponer los requerimientos económicos para mejorar los sistemas informáticos y la necesidad de personal, entre otros ítems. (I)