La contratación pública es un plato apetecido por personas vinculadas con bandas criminales, narcotraficantes y grupos de delincuencia organizada, que no solo buscan hacerse de recursos públicos de manera ilegal, sino también usar este mecanismo para lavar activos. Así lo ha revelado la Fiscalía General del Estado en dos de los más recientes e importantes procesos que investiga: caso Encuentro y caso Metástasis.

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En 2023, la contratación pública sumó $ 6.951,9 millones, lo que representó el 22,1 % del presupuesto general del Estado (PGE) y el 5,8 % del producto interno bruto (PIB), según datos del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).

De todo lo que se movió el año pasado, el 76,7 % se adjudicó por régimen común ($ 5.328,7 millones), el 18 % a través de régimen especial ($ 1.254,3 millones) y el restante 5,3 % fue mediante otros procedimientos ($ 369 millones).

Las entidades que más dinero adjudicaron fueron el Gobierno central y sus empresas públicas, con $ 4.181,4 millones; en segundo lugar estuvieron los Gobiernos autónomos descentralizados (GAD) y sus empresas públicas, con $ 2.351,3 millones; y en tercer lugar están otros sectores que movieron $ 419,2 millones.

Con ese contexto, la nueva Ley Orgánica para el Ahorro y la Monetización de Recursos Económicos, que entró en vigencia el 9 de febrero e incorpora medidas para la extinción de dominio, dispone la conformación de observatorios ciudadanos permanentes para vigilar los procesos de contratación pública y también ordena la creación de una Unidad de Antilavado de Activos y Anticorrupción dentro del Sercop.

Dada la situación de inseguridad que afecta al país, la norma añadió dos objetivos al Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP), que están relacionados con la prevención de lavado de activos, lucha contra la corrupción, el blanqueo de capitales, delitos asociados a la criminalidad y fortalecimiento institucional.

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Además, se dispone que la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) integrará en sus reportes evaluaciones de los contratistas del Estado con el fin de evitar y erradicar cualquier tipo de conducta relacionada con el lavado de activos y financiamiento de delitos en la contratación pública.

Los observatorios ciudadanos serán parte del subsistema de control en el Sistema Nacional de Contratación Pública (SNCP); el Sercop es el ente rector del sistema, de acuerdo con la ley orgánica del SNCP.

Analistas consultados ven con cierto escepticismo la iniciativa de los observatorios, ya que consideran que su independencia, transparencia y objetividad podrían verse empañados por intereses políticos si dependen de alguna entidad estatal.

La norma no define el procedimiento o requisitos para escoger a los miembros de estos organismos. Se espera que estos temas sean desmenuzados en el reglamento que debe emitir el presidente de la República.

Según el nuevo cuerpo legal, los observatorios ciudadanos estarán conformados por “grupos de personas u organizaciones ciudadanas que no tengan conflicto de intereses con el objeto observado”.

Tendrán como objetivo “elaborar diagnósticos, informes o reportes con independencia y criterios técnicos, con el objeto de impulsar, evaluar, monitorear y vigilar el cumplimiento de la normativa y principios de la contratación pública; asimismo, podrán revisar, analizar e identificar las problemáticas en contratación pública y generar propuestas”.

De igual manera, se establece que los observatorios serán “mecanismos de transparencia y lucha contra la corrupción, el lavado de activos y los delitos asociados a la criminalidad; supervisarán la regulación y mejora de los procesos de contratación pública”.

Finalmente, la norma precisa que estos organismos ciudadanos no implicarían la erogación de recursos del presupuesto general del Estado.

El representante del Observatorio de Contratación Pública de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), Marcelo Espinel, comentó que se espera que el reglamento de la ley aclare si los observatorios van a tener un alcance distinto a las veedurías ciudadanas que se pueden constituir en el marco de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, ya que el Consejo de Participación tiene competencias en este aspecto.

Espinel recordó que la Constitución determina que los ciudadanos tienen el derecho de fiscalizar los actos del poder público y conformar observatorios. “Con esto me refiero a que la ley no debería ser un requisito para constituir un observatorio. Los ciudadanos tienen el derecho de vigilar qué es lo que pasa con sus recursos públicos y no se requiere una autorización para hacerlo”, puntualizó.

Agregó que “a veces” por la creación de veedurías y observatorios que estén supeditados a una autorización estatal, o cuyo funcionamiento dependa de recursos públicos, “claramente van a perder objetividad”.

Germán Rodas Chaves, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), comentó que los observatorios, que deberían llamarse “contraloría social”, son importantes y están garantizados en la Constitución. Sin embargo, señaló que existirían riesgos si estos grupos están bajo la tutela del Estado.

“Lo importante es que estos observatorios no dependan del Gobierno ni del Estado en su designación, porque pasan a ser instrumentos del poder. Lo que es de esperarse es que los informes de esos observatorios o contraloría social tengan la suficiente receptividad por parte de los organismos de control y sean atendidos con la urgencia y emergencia del caso. Y lo que deben hacer los observatorios no es solamente quedarse en detectar el problema, sino en denunciarlo”, declaró Rodas Chaves, recordando que la Comisión Anticorrupción ha procedido de esa manera, denunciando las irregularidades que han encontrado en procesos de contratación pública.

Espinel y Rodas Chaves indicaron que no existe total apertura y predisposición de las instituciones públicas, ni de sus autoridades, para proporcionar información sobre los procesos de contratación pública, lo que dificulta el trabajo de fiscalización ciudadana que realizan el observatorio de la FCD y la Comisión Anticorrupción.

Unidad Antilavado de Activos

En cuanto a la Unidad de Antilavado y Anticorrupción que funcionará en el Sercop, la Ley Orgánica para el Ahorro establece que será un órgano administrativo que actuará como una unidad complementaria de antilavado de activos, que deberá reportar, de manera reservada, a la UAFE las operaciones y transacciones inusuales e injustificadas de las que llegue a tener conocimiento.

La unidad coordinará, promoverá y ejecutará programas de cooperación e intercambio de información con la UAFE, el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Fiscalía General del Estado con el fin de ejecutar acciones conjuntas rápidas y eficientes para combatir el delito.

A criterio del consultor legal Agustín Sánchez, “es adecuado” que el Sercop y la UAFE puedan acercar aún más su trabajo para prender alertas tempranas. Lo que se debe procurar, para no duplicar ni entorpecer esfuerzos, es articular acciones y definir roles.

Comentó que, si bien los objetivos de las reformas de la Ley Orgánica del Ahorro en parte atienden algunos problemas, “se están olvidando” de los mecanismos o hitos de control de cumplimiento de la ley. “Me refiero a la implementación de normas o programas que establece la ISO 37.001, que es un sistema anticorrupción. Se ha insistido constantemente en que las empresas o quienes contraten con el Estado, si bien es cierto no se les exija la certificación, porque sería un costo adicional, sí deberían tener programas de cumplimiento. Con esto lograríamos que al organismo de control le sería más fácil y asequible marcar hitos de control que prendan las alertas que necesitamos”, apuntó el experto. (I)