Este lunes, 4 de agosto de 2025, dirigentes de organizaciones como el Frente Popular, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Unión Nacional de Educadores (UNE) y la Confederación Nacional de Servidores Públicos realizaron un nuevo plantón en los exteriores de la Corte Constitucional para rechazar el despido de 5.000 servidores públicos, así como las leyes de Solidaridad Nacional, Inteligencia e Integridad Pública.
Con banderas y pancartas, los representantes de los gremios de trabajadores y educadores se concentraron en los exteriores de la Corte Constitucional, en el norte de Quito, pasadas las 16:00.
Mercy Maldonado, vicepresidenta de la Confederación Nacional de Servidores Públicos del Ecuador (Conasep), reclamó que empleados han sido desvinculados sin un debido proceso y sin un análisis previo de su rendimiento laboral.
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“Tenemos compañeros de más de 20 años con nombramientos provisionales, contratos o nombramientos definitivos, que sin un análisis hemos salido. No vamos a permitir que se sigan vulnerando nuestros derechos”, dijo la dirigente.
La vicepresidenta de la Conasep informó que, hasta el momento, se tiene conocimiento de más de 4.000 desvinculaciones de servidores públicos y estimó que a futuro los despidos pueden sobrepasar los 5.000.
Por su parte, Edwin Bedoya, presidente de turno del FUT, dijo que desde los gremios de trabajadores están pendientes del pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre las demandas de inconstitucionalidad que se presentaron en contra de las leyes de Integridad, Inteligencia y Solidaridad.
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“Esto genera una incertidumbre, porque se van agudizando el desempleo y la inseguridad”, enfatizó.
En tanto que Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, anticipó que las organizaciones adoptarán más medidas de hecho, como una jornada de movilización el próximo 7 de agosto, desde las 16:00 a escala nacional, y una convención nacional de trabajadores prevista para el sábado 16 de agosto, donde se analizarán nuevas acciones frente a las políticas del Gobierno.
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En horas de la mañana, la vocera de Carondelet, Carolina Jaramillo, se pronunció sobre las movilizaciones protagonizadas por las organizaciones sociales y sostuvo que “la ciudadanía tiene el derecho a manifestarse siempre y cuando sea de forma pacífica”.
“La represión no puede darse, siempre y cuando las manifestaciones sean pacíficas, tienen todo el derecho”, resaltó la vocera.
La Ley de Integridad Pública se aprobó en la Asamblea Nacional el pasado 24 de junio, con 84 votos, y fue publicada en el Registro Oficial el 26 de ese mes. Mientras que la desvinculación de 5.000 funcionarios públicos se concretó a través del Decreto n.º 60, firmado por el presidente Daniel Noboa y emitido el pasado 24 de julio.
(I)
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