Entre el 45 % y el 90 % de las seis condenas emitidas en delitos como cohecho, asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y peculado es lo que ha cumplido en la cárcel el exfuncionario petrolero Carlos Pareja Yannuzzelli, a cuatro años y seis meses de que se entregó a la justicia ecuatoriana y regresó al país desde Miami, Estados Unidos.

Pareja Yannuzzelli salió del Ecuador el 28 de agosto de 2016. En esos momentos en el país se investigaba una trama de corrupción a partir de la entrega de sobornos para la entrega de contratos relacionados con la estatal petrolera Petroecuador. Retornó al país el 11 de agosto de 2017, acompañado por el entonces presidente de la Asamblea y exministro del Interior, José Serrano.

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Meses antes de su salida, en abril de 2016, la filtración de 11,5 millones de archivos de la firma panameña Mossack Fonseca revelaba un gran esquema de corrupción: la constitución de compañías en paraísos fiscales, muchas veces, aunque no siempre, para esconder inversiones, propiedades o fortunas mal habidas.

En Ecuador, la divulgación de los documentos sirvió para descubrir los pagos ilegales a empresas offshore del exgerente general de Petroecuador Álex Bravo y del entonces ministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli, por parte de contratistas, a través de intermediarios.

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Carlos Pareja Yannuzzelli cuando llegaba a rendir su versión en la Fiscalía en Quito en julio del 2017.

En 2016, los entonces secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, y vicepresidente Jorge Glas dijeron sentirse ”traicionados” por Pareja Yannuzzelli, porque se detectó que en sus cuentas bancarias apareció un depósito de $ 1 millón. Años después, Mera y Glas fueron condenados por delitos relacionados con actos de corrupción en la función pública.

En su primera intervención ante los jueces el exfuncionario petrolero reconocía estar pagando “muy caro” sus errores. Calificaba como el peor de todos ellos el haber aceptado la offshore Capaya, en Panamá, al coprocesado en varias causas de Petroecuador Álex Bravo.

Sus primeras condenas fueron por cohecho, cinco años de prisión, y asociación ilícita, seis años de cárcel. En la primera Pareja Yannuzzelli cumplió ya el 90 % de la pena impuesta, mientras que por asociación ilícita mantiene cumplido el 75 % de la pena. Ambas sentencias se encuentran en firme y fase de ejecución.

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Si se toma en cuenta el Código Penal anterior, quien también es conocido como Capaya, podría haber solicitado la prelibertad, pues ya cumplió las dos quintas partes de la pena o lo que es lo mismo el 40 % de la sentencia. Pero si se habla del Código Orgánico Integral Penal (COIP) pudo acceder al régimen semiabierto al ya haber completado el 60 % de la pena impuesta.

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Pese a esa realidad, Pareja Yannuzzelli no ha podido salir de la cárcel debido a que mantiene otras cuatro sentencias vigentes: enriquecimiento ilícito (diez años de cárcel), peculado (diez años de prisión), tráfico de influencias (seis años y ocho meses de pena) y peculado en el denominado caso Singue (ocho años de sentencia).

En esas causas el cumplimiento de las penas van, respectivamente, desde el 45 %, pasando por el 67,5 %, hasta el 56,25 %. Luego de la sentencia de primera instancia los cuatro procesos se encuentran en alguna fase de apelación.

Sebastián Espinosa, abogado de Carlos Pareja Yannuzzelli, explica que sí han pensado en el tema de la acumulación de penas, pero recalca que se necesita que todas las causas tengan una sentencia en firme para tener clara la situación. Por el momento, señala Espinosa, la prioridad está en echar abajo los fallos de primera instancia y confirmar la inocencia de Pareja Yannuzzelli.

Por ejemplo, para el 11 de mayo próximo se ha definido la audiencia de apelación a la sentencia en el caso Singue. En esa causa Capaya, el exvicepresidente Jorge Glas y el exministro Wilson Pástor fueron sentenciados a ocho años de cárcel en calidad de coautores.

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QUITO.- Audiencia de recurso de casación por el presunto delito de asociación ilícita. Por videoconferencia participaron Carlos Pareja Yannuzzelli (naranja) y el exgerente Marco Calvopiña (azul).

Espinosa, en el caso Singue, cree que todos deberían ser declarados inocentes porque no hay delito alguno, ni tampoco un perjuicio para el Estado ecuatoriano. “El caso Singue ha sido un proceso que desde lo mediático ha tenido mucho espacio, pero desde la práctica jurídico-penal no tiene ninguna relevancia. Se ha demostrado en primera que nunca existió perjuicio para Ecuador y vamos a demostrar en la apelación que el beneficio para Ecuador ahora es mucho mayor”.

La defensa de Capaya está a la espera de que se le notifique por escrito la sentencia con la que se le negó, el pasado 15 de abril, la acción de habeas corpus que planteó ante el deterioro de la salud de quien también ocupó el cargo de ministro de Hidrocarburos, para pedir la nulidad de la misma y apelarla.

El objetivo de la acción constitucional es conseguir la salida de la Cárcel 4, ubicada en el norte de Quito, para que reciba la atención médica necesaria por las dos enfermedades catastróficas que registra.

Espinosa cree que debe existir un principio de igualdad con su cliente, pues al exvicepresidente Glas se le otorgó, el 9 de abril último, un habeas corpus que le permitió dejar la cárcel en la que se encontraba, señalando temas de riesgo en su salud física y psicológica, similares a los que mantiene Carlos Pareja Yannuzzelli. (I)