Tres de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) buscarían llevar a un juicio político a los otros cuatro vocales acusándolos de obstaculizar la realización del concurso público para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE), porque no asistieron a una sesión en la que se pretendía aprobar una metodología para realizar el sorteo que definirá a dos consejeros electorales principales y suplentes que concluyen el primer periodo de funciones, antes de que se declaren en periodo electoral para organizar los comicios seccionales del 2023 en los que también se elegirá a los nuevos vocales del CPCCS.
Este miércoles (2 de febrero), a las 18:30, la presidenta del CPCCS, Sofía Almeida, convocó en un primer momento a una sesión extraordinaria presencial en Quito para elegir por sorteo al notario que dará fe de los actos que se realicen en las etapas para la renovación parcial del Consejo Electoral y aprobar la metodología para efectuar el sorteo que definirá a los consejeros salientes, tanto principales como suplentes.
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Este último sorteo se esperaba realizarlo este viernes (4 de febrero).
Pero la noche del martes, Almeida cambió la sede de este acto a la delegación del Guayas. Los consejeros Francisco Bravo, Hernán Ulloa y María Fernanda Rivadeneira reclamaron que este cambio se hizo a última hora, cuando ellos viajaban a la capital para asistir a dicha plenaria.
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Con la sesión instalada en Guayas, para la que se permitió la conexión por una plataforma tecnológica, los consejeros Ulloa, Bravo, Rivadeneira e Ibeth Estupiñán no asistieron.
Solo Almeida se encontraba de forma presencial y David Rosero y Javier Dávalos de manera telemática, con lo que no hubo quorum para continuar.
Rosero pidió que quede en actas que sus adversarios no se presentaron y que él “salva su responsabilidad” en el caso de que se los acuse de un incumplimiento en funciones, pues según dijo se pretendía iniciar los procedimientos para realizar el sorteo público antes de que el CNE se declare en periodo electoral.
Advirtió que lo actuado en esta reunión se remitirá a la Asamblea Nacional para que inicie los procesos de fiscalización en contra de los ausentes.
Sofía Almeida repitió sus denuncias de que se busca obstaculizar los procesos de designación de autoridades, y “beneficiar” a las autoridades para que continúen en sus puestos.
La Constitución en su artículo 218 establece que el CNE se renovará cada tres años: dos consejeros en una primera ocasión y tres en la segunda.
Ese primer tercio se cumplió en noviembre del 2021, pero el Consejo de Participación Ciudadana no realizó el concurso público de méritos, oposición e impugnación ciudadana para remplazar a las autoridades.
Debido a ello, los cinco consejeros electorales principales: Enrique Pita, Diana Atamaint, Esthela Acero, José Cabrera y Elena Nájera; y suplentes, Andrés León, Mónica Noriega, Xavier Torres y María Cristina Kronfle, están en funciones prorrogadas, según lo dispuesto por la Procuraduría General del Estado, en una consulta jurídica.
Para la organización del concurso, el CPCCS aprobó un reglamento que contiene una transitoria en la que se dispuso que el sorteo para elegir a los consejeros electorales salientes se haría después del 20 de noviembre de 2021, pero no se consideró una fecha.
Almeida retomó este debate pues aspiraba a realizar el sorteo este viernes, antes de que el CNE se declare en periodo electoral para organizar los comicios seccionales y de elección de los consejeros del CPCCS, que se realizaría el 5 de febrero de 2023, según el proyecto borrador del calendario electoral.
Incluso este sábado está previsto que el pleno del Consejo Electoral resuelva declararse en periodo electoral para arrancar con las actividades contempladas dentro de las etapas preelectoral, electoral y postelectoral, como lo determina el Código de la Democracia. (I)