Primera acción de protección en contra de la selección de nuevos vocales del Consejo de la Judicatura: organizaciones sociales marcharon al CPCCS

Un grupo de organizaciones sociales llegó la mañana de este lunes,1 de septiembre, al Complejo Judicial Norte, en Quito, para presentar una acción de protección con medida cautelar en contra de la mayoría de integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que aprobaron el informe con el que se descartaron las impugnaciones ciudadanas contra los aspirantes que buscan integrar el nuevo Consejo de la Judicatura (CJ).

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Washington Andrade, parte de estos colectivos sociales, indicó que la acción de protección va específicamente contra esos integrantes del pleno del Consejo de Participación que impidieron y vulneraron el derecho de participación y de impugnación ciudadana al dar de baja más de diecisiete impugnaciones contra postulantes, entre ellas una presentada por el propio Andrade.

Los proponentes de la acción indicaron que lo que primero solicitan es que se declare la vulneración del derecho de participación, pero aclararon que también piden una medida cautelar para que se suspenda la designación de los nuevos vocales del CJ hasta que se dé este proceso de impugnación.

“Estamos haciendo uso de nuestro derecho y estamos haciendo respetar nuestros derechos. Simbólicamente, las organizaciones sociales hemos hecho un nuevo símbolo, que esperamos que no sea el nuevo símbolo de la justicia, es decir, que la dama de la justicia se convierta en un pendrive. Debo aclarar: esta es una lucha ciudadana, no de partidos políticos. (...) Es la semilla para efectos de luchar por la independencia judicial como uno de los pilares de la democracia. Debemos defender la independencia judicial”, explicó Andrade.

Con cuatro votos a favor, el pleno del CPCCS aprobó, el 22 de agosto último, el informe remitido por la comisión técnica del proceso de selección y designación de los vocales del Consejo de la Judicatura 2025-2031, que negó las diecinueve impugnaciones hechas contra algunos de los aspirantes.

El informe se aprobó con los votos de los consejeros Andrés Fantoni, Jazmín Enríquez, David Rosero y Johanna Verdezoto. La consejera Nicole Bonifaz votó en contra y se abstuvieron los consejeros Gonzalo Albán y Piedad Cuarán.

El 19 de agosto de 2025, una denominada comisión técnica, compuesta por servidores y asesores de confianza de los siete vocales del CPCCS, resolvió que ninguna de las diecinueve impugnaciones que presentaron ciudadanos debía ser admitida a trámite por incumplir requisitos de forma y de fondo. Ese informe fue enviado al pleno y sometido a votación.

Luego de hacer un plantón en los bajos del Complejo Judicial Norte, en el que intervinieron unas cincuenta personas con pancartas y un pendrive de cartón de más de cuatro metros, los impugnantes dijeron que avanzarían hasta el Consejo de Participación Ciudadana. Ahí, se dijo, buscarían hablar con el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, para exigirle que haya transparencia en el proceso de designación.

El grupo de organizaciones sociales pediría que el pleno del Consejo de Participación haga una reconsideración de la votación de la sesión en la que decidieron dar de baja las impugnaciones.

“Hay que decirlo: la comisión ‘pseudotécnica’ se arrogó funciones al resolver y al decir que presenta un informe y resolución. El papel y las competencias de ellos solo les daba para que puedan revisar los temas de forma, no pronunciarse sobre el fondo, y eso es lo que han hecho. Entonces, la mayoría lo que hizo es acoger ese informe dando al traste con el derecho de poder en audiencia pública que los ciudadanos podamos presentar las pruebas y sentarlos frente a frente a quienes pueden ser las máximas dignidades o que van a dirigir el futuro de la justicia, para que hagan también sus descargos frente a la impugnación ciudadana. Ese es el derecho que nosotros estamos exigiendo y de eso se trata esta lucha”, señaló Andrade.

Quienes plantean la acción de protección rechazan que se esté dando el proceso de designación, pero que ya se están viendo quiénes son los “ungidos”, justamente los mismos contra quienes se habría presentado la mayor parte de las impugnaciones ciudadanas: Mario Godoy, actual presidente del CJ y de quien dicen que, pese a estar más de un año en el cargo, la justicia sigue estando en malas condiciones; la actual ministra del Trabajo, Ivonne Núñez; y Fabián Fabara, actual presidente de la Corte de Pichincha.

“No se hace nada. (...) Lo que se está haciendo es desacreditar en forma general, estigmatizar a todos los jueces, que hay muy buenos jueces, pero se conecta con eso, con esta posición del Gobierno. ¿Para qué? Para efecto de declarar una emergencia en la Función Judicial y, a pretexto de eso, designar en concursos exprés a jueces, decir, que estén alineados a su posición, y también sacar, con sumarios rápidos, a los jueces que le son incómodos”, concluyó quien encabezaba la protesta y fue abogado de Nubia Vera, jueza que denunció a Godoy por supuestamente quererla intimidar y presionar para que tome una decisión en contra de una acción planteada por la entonces vicepresidenta Verónica Abad. (I)