Un total de 807 casos de funcionarios públicos de todos los sectores que tienen sentencias condenatorias por diferentes delitos y violencia intrafamiliar aún no han sido separados de la función pública como lo manda la ley.

La cifra y el hecho se revelaron, este 12 de abril, ante la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional cuando el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y Silvia Aguirre, directora nacional de Gestión Procesal del Consejo de la Judicatura, comparecieron por pedido del legislador Ricardo Vanegas, quien partió del hecho de que son 1.797 los funcionarios en todo el país que tienen sentencias condenatorias por varios delitos penales, de tránsito y violencia intrafamiliar, pero que siguen en sus puestos de trabajo.

Esa información la obtuvo de un primer barrido realizado por el Departamento de Estadística del Consejo de Judicatura y que ha sido entregada al Ministerio del Trabajo y a la Contraloría General del Estado, a efectos de depurar el personal del sector público y evitar que estas personas condenadas se burlen del sistema jurídico.

Silvia Aguirre, directora nacional de Gestión Procesal del Consejo de la Judicatura, afirmó que es verdad que el Departamento de Estadística del Consejo de la Judicatura emitió un informe en el que afirma que son 1.797 causas en las que se emitieron sentencias de tipo penal.

Pero que luego de realizar una filtración y depuración de la información se puede determinar que son 163 causas con el catálogo de los delitos contemplados en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep) y 644 causas en temas de violencia intrafamiliar. Por lo tanto, son 807 casos, y que para actualizar la documentación se trasladarán a territorio, a fin de evitar errores.

El legislador Ricardo Vanegas, integrante de la mesa de Justicia y miembro del bloque Pachakutik, explicó que llegó información a su despacho de que había funcionarios en las provincias de El Oro y Santa Elena que a pesar de estar sentenciados estaban trabajando en el servicio público.

Vanegas pidió a la autoridad del Consejo de la Judicatura que primero se verifique que en la sentencia que dictaron los jueces dispusieron que se oficie a la Contraloría del Estado, porque los secretarios y amanuenses hacen lo que el juez ordena, y si no lo hizo, entonces la responsabilidad sería de los jueces.

El siguiente paso de la investigación, según el legislador de Pachakutik, es determinar quiénes son aquellos funcionarios sentenciados penalmente y que continúan en la función pública, y sobre todo, determinar qué cargos ocupan. Los primeros datos recabados, añadió, señalan ser funcionarios de la Asamblea Nacional, que tienen sentencias ejecutoriadas.

Explicó que la ley que rige al sector público es clara y señala que en el momento que un funcionario es sentenciado, por ejemplo, por violencia intrafamiliar, queda automáticamente fuera del sector público, o sentencian por un delito contra la administración pública y nunca más podrán ocupar un cargo.

Piden notificación

El ministro del Trabajo, Patricio Donoso, señaló que a partir del 19 de octubre de 2022 se acordaron varias acciones para dar seguimiento y depurar el registro de procesos de sentencias condenatorias y el impedimento para laborar en el sector público.

Para ello, remitió al Consejo de la Judicatura el listado del personal del sector público, a fin de que realice un cruce de información con los servidores que han tenido sentencia condenatoria y, con ello, actualizar el registro de impedimento para ejercer cargo público.

Donoso pidió a la autoridad del Consejo de la Judicatura que instruya a las cortes provinciales y jueces que al momento de dictar sentencia condenatoria notifiquen al Ministerio del Trabajo para actualizar el registro.

El presidente de la Judicatura, Wilman Terán, expresó que comparte la preocupación de la comisión por la permanencia de personas condenadas en el servicio público, pero que de acuerdo con el artículo 181 de la Constitución de la República, al Consejo no le compete la rectoría del Talento Humano y, por tanto, no se le puede responsabilizar de este problema que se investiga.

Sin embargo, reveló que emitió un oficio circular disponiendo a los administradores de justicia que notifiquen a las autoridades competentes las sentencias condenatorias ejecutoriadas en contra de personas que están laborando en el sector público, a fin de depurar y actualizar la documentación y ponerla en conocimiento del Ministerio del Trabajo y de la Contraloría General del Estado.

La Ley Orgánica del Servicio Público, en su artículo 10, que se refiere a las prohibiciones especiales para el desempeño de un puesto, cargo, función o dignidad en el sector público, señala que “las personas contra quienes se hubiere dictado sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos de peculado, cohecho, concusión o enriquecimiento ilícito; y, en general, quienes hayan sido sentenciados por defraudaciones a las instituciones del Estado, están prohibidas para el desempeño, bajo cualquier modalidad, de un puesto, cargo, función o dignidad pública. La misma incapacidad recaerá sobre quienes hayan sido condenados por los siguientes delitos: delitos aduaneros, tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, lavado de activos, acoso sexual, explotación sexual, trata de personas, tráfico ilícito o violación. Esta prohibición se extiende a aquellas personas que, directa o indirectamente, hubieren recibido créditos vinculados contraviniendo el ordenamiento jurídico vigente”. (I)