La consulta popular de Daniel Noboa es ‘engañosa’ y tiene especial interés en arbitrajes y contratos por horas, dice Frente de Lucha por el No

Agrupando a más de una docena de organizaciones sociales y políticas, el Frente de Lucha por el No a la consulta popular se manifestó en contra del gobierno de Daniel Noboa y lo calificó de “indolente y antiético” por impulsar una consulta popular y referéndum que se estima costará $ 60 millones.

A la convocatoria, que se llevó a cabo la mañana de este miércoles 27 de marzo en el establecimiento Casa del Mango, en Guayaquil, asistieron la asambleísta por el correísmo Sofía Espín y Ruth Martínez, subcoordinadora de Pachakutik núcleo Guayas.

Espín se pronunció a favor del no en la consulta del próximo 21 de abril y alertó a la ciudadanía de las preguntas D y E, que tratan sobre el arbitraje internacional con empresas privadas y el trabajo por horas, respectivamente.

“Convocamos a todos los ecuatorianos y ecuatorianas a la unidad total para rechazar a este régimen en su consulta mañosa, en su consulta derrochadora, por cuanto consideramos que viene de un gobierno que, según la Asamblea Nacional Ciudadana, es ilegítimo porque es el producto de la alteración de los resultados electorales de primera y segunda vuelta últimos de elecciones presidenciales, que para lograr ese hecho hicieron en este país los poderes y las élites una matanza total. Asesinaron a un candidato presidencial muy polémico y también a todos sus ejecutores materiales. Eso alteró totalmente los resultados y para nosotros entonces el gobierno de Noboa es ilegítimo”, expresó Daniel Castillo, miembro de la Asamblea Nacional Ciudadana.

Castillo arremetió contra el mandatario porque considera que se van a derrochar $ 60 millones en lugar de pagar los sueldos y salarios de los trabajadores del sector público, invertir en educación y salud, cubrir el déficit presupuestario o cumplir otras obligaciones, como cancelar las deudas interna y externa.

“Son preguntas que muy bien pudieron haber sido tratadas en la Asamblea Nacional, son preguntas que tienen el objetivo de darle continuidad a Daniel Noboa para intentar engañar a los ecuatorianos e ir a la reelección en 2025″, agregó Castillo, toda vez que ratificó que su organización social hará campaña por el no.

Renzo Troncoso, en representación del colectivo Frente Unidad para Vencer, señaló que la consulta popular es “engañosa” porque para Noboa está por encima de la cultura y la educación.

Según Troncoso, el fundamento básico en el referéndum que impulsa Noboa son las enmiendas constitucionales en relación con el arbitraje internacional y el pago por horas. Mientras tanto, en la consulta popular, apunta Troncoso, el jefe de Estado quiere mantener las seis preguntas para poder obtener un triunfo el próximo 21 de abril, para así demostrar que él está presto a resolver y dar las soluciones al país.

“Está claro el mañoseo y el engaño que quiere ocasionar Noboa. Imaginémonos que gane el sí, automáticamente el Gobierno tiene que en cinco días enviar los proyectos de ley a la Asamblea Nacional. Entonces, van a gastar 60 o 40 millones para que la Asamblea haga su trabajo que le dictamina la ley. Aparte, la Asamblea en sesenta días tiene que dar por sentado el proyecto o lo puede modificar y la Corte Constitucional tiene que revisar si está apegado a los principios de forma y de fondo. Pero para qué vamos a gastar dinero en una consulta si obligatoriamente tiene que pasar por las manos de la Asamblea”, indicó.

Troncoso mencionó que las preguntas de las enmiendas es lo que más le interesa al Ejecutivo. Sin embargo, insistió en que el Gobierno nacional no tiene claro cuánto va a costar la hora de trabajo y tampoco los valores correspondientes a los décimos tercero y cuarto sueldos, vacaciones y sobretiempos.

“En los anexos no se habla de esto”, refutó Troncoso.

Por su parte, la legisladora Sofía Espín mencionó que la consulta popular es “innecesaria, inmoral, indolente”, que pretende gastar $ 60 millones “en un momento tan delicado del pueblo ecuatoriano, cuando no hay recursos para atender la salud, la inseguridad”.

“El Gobierno nacional plantea una consulta popular que la gran mayoría de preguntas se puede resolver a través de la Asamblea. Eso es indolente”, remarcó.

Espín describió las dos propuestas de enmienda constitucional que, a su consideración, sí le interesan al mandatario: la pregunta D, que plantea que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias, y la pregunta E, que plantea la modificación de la Constitución y el Código del Trabajo para que se permita el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas.

“La primera pregunta es la que quiere volvernos a los tratados bilaterales de inversión. ¿A quién le interesa esa pregunta? Efectivamente, a las empresas internacionales, como por ejemplo la canadiense minera que en este momento golpea a dos comunidades de Cotopaxi: Palo Quemado y Las Pampas. En el momento que ellos encuentran una pequeña diferencia con el pueblo ecuatoriano van a demandar a esas cortes internacionales y le harán pagar al pueblo ecuatoriano y al Estado millones de dólares. La otra pregunta, muy delicada, es la del trabajo por horas. Hagan cuentas, trabajadores de la patria: menos de dos dólares, ¿cuánto sería el valor que les van a pagar mensualmente? ¿Con eso van a poder pagar la jubilación, las aportaciones al IESS...? No podemos retroceder en los derechos laborables”, dijo Espín.

En la mesa directiva anunciaron que respaldaron la creación del Frente de Lucha por el No a la consulta popular, la organización Alfaro Vive ¡Carajo!, el colectivo Bolivariano Alfarista, la Fundación Esperanza, el Partido Comunista Ecuatoriano (PCE), el Frente Nacional del Magisterio, el Frente de Jubilados de Celec, el colectivo Maestros por la Revolución, el Frente Nacional por el No, Asamblea del Poder Popular, Frente de Mujeres y “cientos de organizaciones” más. (I)