Juicios políticos, proyectos de ley, reformas constitucionales y amnistías pendientes son las herencias que deja la Asamblea Nacional disuelta

La calificación de más de 50 proyectos de ley, el trámite de juicios políticos a trece funcionarios y las amnistías para Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), y para el excanciller del correísmo Ricardo Patiño son, entre otros, la herencia que le queda a la Asamblea Nacional que se elija en agosto próximo.

El presidente Guillermo Lasso dio paso a la muerte cruzada el pasado 17 de mayo, con lo cual disolvió el Parlamento y dispuso la convocatoria a nuevas elecciones.

En materia legislativa, según el Observatorio Legislativo, 52 proyectos de ley de distintas materias quedaron pendientes de ser calificados por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), de los 318 que se presentaron en el Parlamento en el último año. Aunque desde mayo de 2021 hasta que se produjo la disolución de la Función Legislativa se presentaron 573 iniciativas. En todo el periodo al menos 400 proyectos están en trámite, pero por la muerte cruzada están en suspenso.

De la lista de leyes, el proyecto que más tiempo lleva en debate entre los asambleístas es el Código para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Copinna): seis años en trámite. La mesa que analizaba la norma, presidida por Pierina Correa (UNES), no alcanzó presentar el informe para el segundo y definitivo debate.

También la reforma constitucional sobre el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a las tareas que desarrolla Policía Nacional en cuanto al combate al narcotráfico y delincuencia organizada, que fue presentada por el Ejecutivo y cuyo informe para segundo y definitivo debate quedó listo, deberá esperar que se instale el próximo Parlamento para viabilizar su aprobación.

Incluso el proyecto económico urgente sobre reforma tributaria que presentó el presidente de la República, Guillermo Lasso, quedó aún en el Consejo de Administración Legislativa (CAL) para su calificación, porque cuando se produjo la aplicación del Decreto Ejecutivo 741, que disolvió la Asamblea Nacional, no se habían conformado las quince comisiones especializadas permanentes como parte de la renovación de autoridades y no había dónde enviarla.

Por ello, el primer mandatario remitió el mismo documento como decreto ley a la Corte Constitucional para su conocimiento antes de enviarlo a su publicación en el Registro Oficial.

Cuando no hay Asamblea Nacional, luego de su disolución, hasta la instalación de la Asamblea, el presidente de la República, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, está habilitado para expedir decretos leyes de urgencia económica, que podrán ser aprobados o derogados por el órgano legislativo, según señala el artículo 148 de la Constitución.

Juicios políticos

Son trece juicios políticos que quedaron pendientes de resolverse en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional y que tendrán que esperar la instalación del nuevo Parlamento para que sean tramitados o archivados.

La exvicepresidenta de la Comisión de Fiscalización Ana Belén Cordero, de las filas de CREO, señaló que los juicios presentados y calificados por el CAL deben continuar su trámite con la nueva Asamblea, porque no se han suspendido los plazos.

Un criterio similar tiene el exlegislador Ricardo Vanegas (Pachakutik), quien comentó que si los asambleístas que presentaron las solicitudes de juicios no son reelegidos en los comicios de agosto próximo, el pleno del Parlamento tendrá que designar a otros interpelantes.

La Asamblea que será elegida en agosto deberá observar el orden en que fueron presentados los pedidos de juicio y nombrar a interpelantes, pero ese trámite no puede suspenderse, anotó Vanegas.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene cinco solicitudes de interpelación, de las cuales una es en contra del exvocal Luis Verdesoto. El pedido lo presentaron los exasambleístas Mario Ruiz y Joel Abad, del bloque de Pachakutik, por supuesto incumplimiento de funciones en el control de resultados electorales del proceso presidencial de 2021, y hablan de supuesto fraude electoral.

Este proceso está presentado en contra de los consejeros Diana Atamaint (presidenta), José Cabrera, Esthela Acero y Enrique Pita. Este proceso fue conocido por el pleno de la Comisión de Fiscalización, pero se suspendió su trámite por los comicios de febrero de 2023.

El juicio en contra del exsecretario de Seguridad Diego Ordóñez, el exministro del Interior Patricio Carrillo y de la secretaria de Derechos Humanos, Paola Flores, fue presentado por los exasambleístas de Pachakutik Ricardo Vanegas y Sofía Sánchez.

Hubo un retiro de firmas a este proceso y la Comisión de Fiscalización, con ocho votos, decidió elevar un informe sobre las novedades presentadas en este proceso para conocimiento del CAL. Estaba a la espera de una resolución. Además, existe un dictamen de un juez constitucional que inadmitió el proceso.

Asimismo, en noviembre del 2022, el asambleísta Vanegas presentó un pedido de juicio político en contra del ministro de Agricultura y Ganadería, Bernardo Manzano, por supuesto incumplimiento de funciones, al revertir las adjudicaciones realizadas de los predios agrícolas dentro de la denominada hacienda Ayalán. Sobre este caso también se retiraron firmas, luego que el proceso fue calificado por el CAL tiene que pasar a conocimiento y resolución de la Comisión de Fiscalización.

Los exasambleístas Jorge Abedrabbo (PSC) y José Chimbo (Pachakutik) presentaron un juicio político en contra del ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera, por supuesto incumplimiento de funciones derivada por la falta de mantenimiento vial en el país.

Este proceso fue calificado por el CAL y notificado a la Comisión de Fiscalización, pero se suspendió su trámite porque estaba en curso un pedido de juicio al presidente de la República, Guillermo Lasso.

En tanto que con 46 firmas de respaldo, el 14 de marzo de 2023, el entonces asambleísta Mario Ruiz presentó una solicitud de juicio político en contra del ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, por supuesto incumplimiento de funciones relacionado con el retiro del Bono de Desarrollo Humano a grupos de atención prioritaria en la zona de Intag del cantón Cotacachi, provincia de Imbabura, durante los meses de agosto y septiembre de 2022.

Según la acusación, hubo vulneración de los derechos constitucionales y derechos humanos de los perjudicados. El proceso fue calificado por el CAL y estaba en la lista de espera para su tratamiento en la Comisión de Fiscalización.

Finalmente, el 13 de abril de 2023, los exlegisladores Luis Almeida (PSC) y Xavier Santos (ID) presentaron una solicitud de juicio político en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura Fausto Murillo y Juan José Morillo por supuesta arrogación de funciones respecto a la homologación salarial, falta de insumos para la Función Judicial, retraso en el proceso de evaluación de los fiscales. Este proceso fue calificado por el CAL y también estaba a la espera de que la Comisión de Fiscalización conozca el caso para determinar si continúa o no la sustanciación.

Amnistías

El actual presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, continuará sin poder gozar de su amnistía hasta que la próxima Asamblea Nacional corrija un error que cometió al momento de aprobar la resolución.

La amnistía para Leonidas Iza, presidente de la Conaie, corre riesgo para su aprobación

Iza fue investigado por el delito de secuestro, terrorismo e instigación en las protestas de octubre de 2019. Además, era investigado por el secuestro ocurrido en la provincia de Cotopaxi contra 47 militares de la Brigada de Fuerzas Especiales Patria y por el delito de daño a bien ajeno ocurrido contra un monumento en Quito, en octubre de 2020.

Un error cometido en la moción presentada en marzo de 2022 obliga a la Asamblea Nacional a volver a tramitar el caso, para lo cual se necesitarán 92 votos. El error también fue detectado en el caso del dirigente sindical Mesías Tatamuez; el expresidente de la Conaie, Jaime Vargas; y los dirigentes Luis Alfonso Morales y Agustín José Chachipuendo.

La exlegisladora Cordero señaló que la solicitud de amnistía para Leonidas Iza quedó en el aire porque en la Comisión de Garantías Constitucionales se confundieron algunos nombres y número de expedientes, e incluso había delitos que no eran comunes.

Por ello se tendrá que hacer un informe a nivel de la mesa y llevarlo al pleno; por lo tanto, indicó ella, Iza al momento no tiene amnistía y la Fiscalía puede reanudar el proceso de investigación.

El exasambleísta Ruiz explicó que en el caso de la amnistía para el dirigente de la Conaie está pendiente formular una resolución en la mesa de Garantías Constitucionales. La discusión se centró en si cualquier resolución sobre este caso debe conocer el pleno o las situaciones de forma pueden ser subsanadas a nivel de comisión. Un informe técnico-jurídico del Parlamento recomienda que sea una decisión del pleno y con 92 votos.

La próxima Asamblea Nacional también deberá tramitar un pedido de amnistía a favor del excanciller y exministro de Defensa del correísmo Ricardo Patiño, presentado en diciembre de 2022, por considerar que el caso por el cual se lo investiga afecta su libertad de expresión, reunión pacífica, derecho a la resistencia establecido en la Constitución frente a las políticas del gobierno de Lenín Moreno.

Asamblea Nacional tramita pedido de amnistía para exministro del correísmo Ricardo Patiño

Patiño está procesado por el delito de instigación supuestamente cometido el 27 de octubre de 2018, en la ciudad de Latacunga, con ocasión de una reunión del extinto movimiento Alianza PAIS al que pertenecía; ahí pronunció un discurso en el que llamó a la resistencia frente a las medidas económicas tomadas por el gobierno de Lenín Moreno y señaló que “la resistencia sea combativa”.

El 10 de enero de 2023, el CAL admitió a trámite la solicitud de amnistía en virtud de que cumplía los requisitos y remitió el caso a la Comisión de Garantías Constitucionales, pero esta mesa aún no inició ningún trámite. (I)