Sin informe de la Comisión de Fiscalización habrá juicio político en contra del excontralor Pablo Celi, pues los nueve asambleístas que integran la mesa recomiendan, por separado, iniciar la interpelación y censurar al exfuncionario acusado de incumplimiento de funciones.

Este 5 de agosto, el presidente de la mesa, Fernando Villavicencio, entregó un informe con la posición de legisladores integrantes de la comisión que procesó el pedido de juicio planteado por Juan Lloret (UNES), con seis causales. Todo esto, luego de que la comisión se olvidó de notificar el pedido de prórroga para presentar el informe respectivo. La salida que usó la mesa para salvar el juicio fue presentar un documento con las opiniones de los asambleístas.

La Comisión de Fiscalización presentará el informe para el juicio político a Pablo Celi al mediodía del 5 de agosto

Villavicencio pidió disculpas por el error administrativo al no presentar oportunamente la prórroga de cinco días para mostrar el informe. Comunicó a la prensa que la secretaria de la Comisión, Sharon Jiménez, presentó su renuncia al cargo y asumió la responsabilidad.

Sin embargo, en la solicitud de prórroga ingresada a presidencia de la Asamblea con fecha 2 de agosto, quien suscribe electrónicamente el documento es el asambleísta Fernando Villavicencio en calidad presidente de la mesa.

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Villavicencio, al presentar el informe, afirmó que el proceso contra Pablo Celi no se cae y que el país tendrá un juicio político porque las recomendaciones de los nueve asambleístas apuntan hacia allá. Además, “hemos demostrado que hay consenso entre los nueve colegas, y justamente, la posición es recomendar el juicio político y la censura”.

En el documento que presentó el presidente de la Comisión se sugiere al pleno de la legislatura que el expediente sobre el juicio político a Celi se remita a la Fiscalía General del Estado, para que se inicien las acciones penales en contra de toda una estructura delictiva que funciona dentro de la Contraloría.

El informe con las posiciones de los nueve asambleístas contiene 119 páginas. Villavicencio afirmó que todos los legisladores se basan en el expediente que fue trabajado por consenso por los miembros de la comisión y plantean la censura.

Los asambleístas Gabriela Molina, Comps Córdova y Roberto Cuero (UNES) señalan que amerita que la Asamblea proceda al enjuiciamiento político de Pablo Celi, por cuanto dentro de la sustanciación de este proceso se ha podido determinar incumplimiento de las funciones previstas en el artículo 212 de la Constitución y 18, 31, 39 y 65 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, además existen suficientes elementos de juicio que han dado paso al inicio de acciones penales en contra de Celi, por configurar su conducta a tipos penales sancionados en el ordenamiento jurídico ecuatoriano.

La posición de Soledad Diab (PSC) es solicitar el juicio político al excontralor, aunque aclara que no está de acuerdo con los cargos expuestos sobre la arrogación de funciones, porque el nombramiento de Pablo Celi se dio por disposición del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, organismo constituido como consecuencia de una consulta popular de febrero de 2018. Actuación que fue legitimada por la Corte Constitucional el 7 de mayo de 2019.

El legislador Pedro Velasco (Avanza-BAN) realiza una exposición sobre cinco causales en las que recomienda el juicio político y la censura de Pablo Celi, por haber incumplido sus funciones en el desempeño del cargo de contralor subrogante. Pero pone reparos a la acusación sobre la arrogación de funciones. Ana Belén Cordero (CREO-BAN) coincide con Velasco y dice que a la Comisión de Fiscalización no le corresponde analizar y determinar la legalidad y legitimidad de ese nombramiento.

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Otra de las acusaciones como delincuencia organizada, la legisladora Cordero señala que la Asamblea no es competente para tratar este penal que lleva adelante la Fiscalía; así tampoco, le corresponde determinar la interferencia en las funciones del Consejo Nacional Electoral.

Los asambleístas Fernando Villavicencio (Concertación-PSE) y Bruno Segovia (antes de PK) concluyen que en este juicio político se ha develado una estructura criminal dentro de la Contraloría General del Estado, hecho que ha denotado un modo de funcionamiento reiterativo en conjunción con funcionarios que se encuentran laborando hasta la actualidad, los que fueron el nexo para cometer actos de corrupción de este órgano de control encargado de precautelar el uso y destino de los recursos públicos, que se hayan ejecutado desvanecimientos de responsabilidades para empresas privadas y sus representantes legales, así como también a los funcionarios públicos que a través del pago de dineros como lo ha establecido en su teoría del delito la Fiscalía General del Estado, producto de ello se encuentra en curso un proceso penal en contra del excontralor. Por ello, recomiendan el juicio político, la censura e inhabilitación de cargo público alguno. (I)

Denuncias en su contra

Fernando Villavicencio, al entregar el informe con las posiciones de los asambleístas sobre el juicio político a Pablo Celi, manifestó que si alguien quiere sacarlo de la Comisión de Fiscalización que traiga como prueba que no tiene glosa en la Contraloría o una marca de corrupción. “Cuando quieran tirar piedras al cielo, deben saber que hay techo de cristal”, anotó.

El legislador nacional precisó que es claro que el expresidente de la República Rafael Correa está detrás de las intenciones de sacarlo de la Comisión de Fiscalización, y consideró que quieren sacarlo porque está investigando a Jimmy Jairala, exprefecto del Guayas, porque casi en combo se archivaron todas las investigaciones previas tanto en la Fiscalía General del Estado como en la Corte Nacional de Justicia.

Frente al anuncio del asambleísta Ricardo Vanegas (Pachakutik) de presentar una queja en su contra ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL), el asambleísta Villavicencio afirmó que “él primero tiene que responder ante un informe con responsabilidad penal que tiene 55 cuerpos”, y que fue señalado por la fiscal general del Estado en su comparecencia donde dijo que el expediente se había abierto con base en un informe de responsabilidad penal en contra Álex Bravo, que está preso, Michael Manzano y los representantes del consorcio Oro Negro.

El asambleísta Vanegas lo que tiene que decir al país es si una de sus empresas vinculadas es o no parte del consorcio Oro Negro. (I)