Un lapso de cinco días para que exista la posibilidad de una conciliación entre las partes es lo que abrió, la tarde de este miércoles, la jueza Raquel Herrera, de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de La Mariscal, en Quito, dentro de la acción de protección propuesta por Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea Nacional, en contra de los cinco asambleístas integrantes de Consejo de Administración Legislativa (CAL).

La diligencia fue convocada para las 14:30 de este miércoles, en la sala 1 del piso 4 de la Unidad Judicial, pero no duró mucho ante la posibilidad de conciliación que dejó en manos de la accionante, Guadalupe Llori, y los accionados, los legisladores Virgilio Saquicela, Yeseña Guamaní, primer y segundo vicepresidente de la Asamblea, y los vocales Darwin Pereira, Ronny Aleaga y Johanna Moreira.

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Tras la decisión de conciliar, el asambleísta de los registros del Partido Social Cristiano Esteban Torres, quien acudió a la diligencia para participar mediante un amicus curiae como tercero interesado, indicó que la conciliación para el país debería empezar por una decisión de la presidenta de la Asamblea de dar un paso al costado.

“El fundamento de esta acción no tiene ni pies ni cabeza. (...) Esto es insostenible; es la cuarta acción que se ha presentado para activar a la Función Judicial”, señaló Torres, legislador que denunció a Guadalupe Llori por incumplimiento de funciones.

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Fue justamente el haber dado paso a esa denuncia por parte de varios miembros del CAL lo que provocó que la presidenta Llori califique de nula la resolución tomada y opte por la vía jurisdiccional para demandar la violación de sus derechos constitucionales.

Respecto a la conciliación, para la legisladora y vocal del CAL Johanna Moreira, es Guadalupe Llori quien debe propiciar el diálogo.

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“Guadalupe Llori es la indicada, pues ha sido la que ha planteado demandas y denuncias contra los miembros del CAL. Así que creo que ella es la indicada para que pueda entablar esta mesa de diálogo. (...) Ratifico que debe ser la presidenta (Llori) la que debe tomar una decisión. Y este diálogo no puede terminar en otro pronunciamiento que es o que dé un paso al costado o que permita que este proceso pueda seguir su curso normal“, explicó Moreira al referirse a la comisión evaluadora que con 82 votos se aprobó conformar el martes último en la noche.

De no darse la conciliación propuesta, en cinco días la jueza Herrera definiría una nueva fecha para, en audiencia, escuchar a las partes y tomar una decisión sobre las pretensiones que tiene Llori y los accionados. (I)