Luego de un sorteo notariado para conformar los tribunales fijos de Garantías Penales y de Corte Provincial y la inauguración de las oficinas en las que se ubicarán jueces, secretarios y ayudantes judiciales, desde esta semana ya opera en el Complejo Judicial Norte, en Quito, la nueva Unidad Judicial Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado.

En el ala norte del segundo piso del complejo, ubicado en el norte de la capital, se concentrará el trabajo de los 14 jueces designados para el juzgamiento de 44 tipos penales y sus equipos de apoyo. En este espacio laborarán los dos magistrados de Unidad Penal; los seis jueces de Tribunal Penal, divididos en dos tribunales; y los seis jueces de Tribunal de Corte Provincial, divididos en dos tribunales.

El viernes último se realizó el sorteo de jueces y secretarios para conformar los tribunales fijos para el juzgamiento y la apelación y también se inauguraron las oficinas que ocuparían los 40 funcionarios judiciales designados a esta nueva unidad. En la inauguración estuvieron el presidente encargado del Consejo de la Judicatura (CJ), Fausto Murillo, vocales de la institución y representantes de la Embajada de Estados Unidos.

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Los 14 nuevos jueces fueron nombrados por unanimidad por el pleno del CJ el 1 de diciembre pasado, nueve meses después de iniciado el Concurso Público de Méritos, Oposición e Impugnación Ciudadana y luego de finalizar un curso de Formación Inicial de 52 días.

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Desde la Judicatura se ha calificado a este proceso de designación y formación como riguroso, inédito y transparente. El presidente Murillo, durante la presentación de los nuevos magistrados anticorrupción y crimen organizado, dijo que quienes han sido seleccionados fueron los profesionales del derecho más idóneos, preparados y decididos a juzgar 37 delitos relacionados con el crimen organizado y siete con corrupción.

Paralelamente al nombramiento y a la presentación, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), a través de su Observatorio Judicial, realizó un informe de veeduría al concurso público de oposición y méritos, impugnación ciudadana y control social, para la selección y designación de los 14 jueces para dependencias judiciales con competencia en delitos de corrupción y crimen organizado.

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En el documento se presentan conclusiones en torno al proceso, analizando la veeduría ciudadana que se mantuvo, la transparencia y publicidad de la información, las modificaciones del cronograma, la participación paritaria y emite varias recomendaciones.

Como jueces de Unidad Judicial se nombró a Renán Andrade y Vicente Hidalgo; como magistrados de Tribunales Penales fueron designados Clara Soria, Mario Muñoz, José Sánchez, Carlos Serrano, Christian Fierro y Consuelo Tapia; y como jueces de Tribunal de Corte Provincial fueron nombrados Silvana Velasco, Byron Uzcátegui, Maribel Tapia, Lauro Sánchez, Esteban Coronel y Wiler Chóez.

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Para la Corte Nacional de Justicia no se eligieron jueces, pues al momento ya existe la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado, la cual está conformada por seis jueces titulares y dos conjueces.

En el documento de la FCD se explica que inicialmente Consuelo Tapia fue designada jueza del Tribunal Penal, pero el CJ identificó que existe una unión de hecho con uno de los jueces designados también de Tribunal Penal. Al existir una incompatibilidad por relación familiar para ejercer el cargo, en su lugar se nombró a Gabriela Lara Tello y Consuelo Tapia pasó a conformar el banco de elegibles.

Según el informe, la veeduría ciudadana convocada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se conformó en mayo de 2022, es decir, dos meses después de que se inició el concurso para la selección de jueces anticorrupción. De este modo, las primeras fases del proceso se realizaron sin este control ciudadano.

“A pesar de que el coordinador de la veeduría ciudadana inscrita en el CPCCS, Erick Morán, sostuvo que el concurso se llevó con transparencia y publicidad, durante el proceso, la veeduría realizada desde FCD evidenció falencias en la difusión de documentación relevantes (...) A esto se suma que dicha veeduría dio por finalizadas sus labores con la culminación de la fase de impugnación. Consecuentemente, el proceso de formación inicial de los jueces anticorrupción no contó con la participación de ninguna veeduría calificada por el CPCCS”, se sostiene desde la FCD

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Respecto a la transparencia y publicidad de la información, el informe refiere que si bien es cierto que el CJ destinó una sección específica de su página web para publicitar la documentación relacionada al concurso, esta no contenía toda la información relevante. Un ejemplo claro de ello habrían sido las metodologías de las diferentes etapas del proceso, las que se indica no se habrían publicado en el sitio web de manera oportuna.

Desde la FDC se señala que se habrían presentado varias solicitudes de acceso a la información, pero en gran parte de las respuestas dadas por la Judicatura no se habrían observado el plazo de diez días establecidos en la Ley. “(...) Las falencias en la transparencia y publicidad de la información afectaron el control social sobre el concurso. A esto se suma la inexistencia de mecanismos que permitan identificar posibles conflictos de interés de los postulantes”.

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Además, el informe de la veeduría de la FCD al concurso evidenció que las reiteradas modificaciones al cronograma vulneran el principio de seguridad jurídica, limitando y dificultando la participación ciudadana y un control social efectivo. Creen que es necesario impulsar políticas que permitan fortalecer y mejorar el acceso de todas las personas a los concursos públicos. Entre los 14 nuevos jueces seleccionados solo 4 son mujeres.

Ante cada uno de estos hechos observados, el informe emite observaciones para que el Consejo de la Judicatura tome en cuenta en posteriores concursos que organice dentro de la Función Judicial.

Mientras tanto, en estos primeros días de funcionamiento de la nueva Unidad Judicial Especializada no han ingresado causas relacionadas con corrupción y crimen organizado, pero a conocimiento de los nuevos jueces por sorteo han llegado otro tipo de acciones sobre las que deben emitir una decisión constitucional. (I)