Hasta este jueves 22 de junio tienen las mesas técnicas de trabajo integradas por el Consejo de la Judicatura, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Secretaría Nacional de Planificación para entregar los resultados alcanzados como parte de la ejecución de la sentencia dictada el 21 de abril pasado por la jueza de Pichincha Cecilia Pareja, cuando acogió parcialmente una acción de protección presentada como ciudadano por el presidente de la Judicatura, Wilman Terán.
La acción constitucional de Terán fue planteada contra el presidente de la República, Guillermo Lasso; el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena; y el procurador general del Estado, Juan Carlos Larrea. Se exigía al Ejecutivo el presupuesto suficiente para que la Función Judicial cumpla con la misión de garantizar el acceso efectivo de los ciudadanos al servicio de justicia y se pretendía que se defina una reparación económica de $ 265,7 millones.
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Si bien la jueza Pareja no dio paso totalmente a la pretensión inicial, resolvió que el derecho a la justicia se vulneró parcialmente. Ante ello dispuso que la Judicatura, el Ministerio de Economía y la Secretaría de Planificación elaboren un informe técnico sobre las necesidades de la justicia y su financiamiento. Las mesas técnicas debían trabajar en la priorización de proyectos de inversión y en las necesidades judiciales que merecen un trato urgente.
El miércoles último se desarrolló la cuarta y última jornada de las mesas técnicas. Cada uno de los integrantes de las mesas elaboró un informe que será remitido a la jueza del caso como parte del seguimiento a la decisión adoptada. En este espacio se debían determinar los proyectos prioritarios tomando en consideración el derecho y la garantía de tutela judicial efectiva.
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Se conoció que de los proyectos que el CJ presentó inicialmente han sido priorizados los emergentes, los cuales suman $ 155 millones. Respecto de los proyectos de inversión que están en la lista de prioritarios, el Ministerio de Economía y Finanzas debe establecer la fuente de financiamiento y la disponibilidad presupuestaria.
No se han dado a conocer aún los proyectos de inversión prioritarios en los que la Judicatura invertirá los $ 155 millones que requeriría de forma urgente.
“Tras cinco horas de trabajo se determinó que cada una de las partes emitan, hasta el jueves 22 de junio, a la Secretaría de Planificación su informe sobre el trabajo realizado, en cumplimiento de lo dispuesto por la jueza que conoció la acción de protección presentada para el acceso a la justicia”, se señaló desde el Consejo de la Judicatura.
En su momento Terán recordó que el presupuesto general de la Función Judicial en el año 2012 fue de $ 656,4 millones, mientras que para el 2023 es de $ 347,7 millones. Esto significaría, dijo, una reducción aproximada de $ 52,97 millones en la asignación de recursos para la administración de justicia, tomando en consideración que ha existido un incremento poblacional.
“La reducción del presupuesto judicial es una acción sistemática ejecutada desde la Función Ejecutiva que atenta contra el derecho de los ciudadanos a acceder a un servicio de justicia que tutele sus derechos. La Función Judicial tiene un déficit de $ 265,6 millones, recursos que se necesitan para resolver la falta de 692 jueces, repotenciar la infraestructura judicial, evaluar a los servidores judiciales, adquirir insumos y equipos, cumplir con el pago de jubilaciones, entre otras obligaciones prioritarias”, refirió el presidente de la Judicatura. (I)