El Consejo de la Judicatura (CJ) no recibirá el presupuesto de $ 265 millones que reclamó al Gobierno de Guillermo Lasso mediante una acción de protección; y, al contrario, deberá coordinar con el Ejecutivo la implementación de proyectos urgentes para atender a la Función Judicial.

Una jueza de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Pichincha, Cecilia Pareja Quezada, expresó su fallo oral en el despacho de una acción de protección planteada en contra del Ministerio de Economía y Finanzas que presentó el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, quien demanda la erogación de $ 265 millones para atender los requerimientos de la justicia.

En una audiencia virtual que se desarrolló este 21 de abril, Cecilia Pareja había aceptado parcialmente el recurso interpuesto por Terán, al declarar que hubo una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por la falta de un presupuesto óptimo para el sistema judicial.

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La decisión de la magistrada se pronunció de forma oral. En ella aclaró que Wilman Terán (quien se revistió de persona natural para apelar a este recurso), al ser presidente de la Judicatura, no podía proponerla, porque el objetivo de la “reparación” es para poder ejercer sus funciones constitucionales, lo que está prohibido por fallos de la Corte Constitucional, por lo que consideró que debía ser desechada.

No obstante, al haber otros demandantes que se identificaron como afectados por la insuficiencia de recursos para atender, por ejemplo, necesidades de pagos atrasados a funcionarios judiciales, jubilados, ciudadanos, entre otros, la aceptó parcialmente.

De acuerdo con comunicados divulgados por el Consejo de la Judicatura y el Ministerio de Economía, la resolución judicial determinó que las autoridades de estas dos instituciones deben conformar una mesa técnica con la Secretaría Nacional de Planificación para que en un periodo de 30 días se prioricen los proyectos de inversión y se incluyan con urgencia en un informe técnico para que se adjudiquen recursos para su implementación.

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En el trámite de este recurso, el demandante, Wilman Terán, aseguró que la falta de recursos está afectando la dignidad humana de los funcionarios del sistema de justicia y de sus usuarios al tener, desde el Ejecutivo, un “goteo muy limitado” de recursos durante los últimos diez años.

Y, además de solicitar $ 265 millones como reparación integral, pedía “que sea declarado vulnerador de los derechos el Poder Ejecutivo, representado por Guillermo Lasso y su ministro de Finanzas”.

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En respuesta, los representantes del Gobierno esgrimieron que el Consejo de la Judicatura devuelve los fondos asignados y que, por ejemplo, en los últimos diez años volvieron a las arcas fiscales $ 500 millones de $ 4.500 entregados. Increparon que la demanda no tenía sustento y que cumplieron con la asignación presupuestaria.

En todo caso, el cumplimiento del fallo judicial tendrá como observador a la Defensoría del Pueblo, a quien la jueza encargó acompañar este proceso. (I)