Setenta y dos horas restan para que los movimientos, partidos y alianzas electorales inicien la inscripción de sus candidatos para las seccionales de febrero del 2023, y el exalcalde de Quito Jorge Yunda gana tiempo suspendiendo los plazos para que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) no trate una denuncia por infracción grave que se tramita en su contra.

Esto en un contexto en el que Jorge Yunda, que también enfrenta un juicio penal por presunto peculado por la sospecha de irregularidades en la compra de insumos médicos durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, quiere volver a ser alcalde para el periodo 2023-2027 cobijado por la alianza política entre los movimientos Pachakutik (PK) lista 18, Pueblo, Igualdad y Democracia (PID) lista 4 y Mover lista 35.

La noche del 17 de agosto estaba prevista la instalación de un pleno para resolver sobre la causa 631-2021, correspondiente a una denuncia por infracción electoral grave que planteó el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, en contra de Yunda, por no haber acatado la remoción del cargo dispuesta por el Concejo Metropolitano en junio del 2021.

De repente, horas antes se recusó al conjuez recién designado Juan Peña Aguirre, que iba a integrarse al pleno. Esto fue porque otro juez, Juan Maldonado Benítez, que iba a ser parte del tribunal, se excusó de conocer y resolver sobre la causa alegando que incurría en la causal del numeral 6 del artículo 56 del reglamento de trámites del TCE: por haber manifestado opinión o consejo que sea demostrable sobre el proceso que llega a su conocimiento.

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Es decir, Maldonado fue parte del pleno que negó el recurso de apelación en otro proceso por denuncia de infracción electoral que presentó Jéssica Jaramillo (precandidata a la Alcaldía de Quito por el movimiento Todos) y otros, en contra de Yunda, relacionada con la negativa de sancionarlo por no haber acatado la remoción de su cargo.

Aunque finalmente fue removido en el trámite de una acción extraordinaria de protección que resolvió la Corte Constitucional y que ratificó su remoción.

Con ello, nuevamente los plazos para tratar esta denuncia quedaron suspendidos, pues el reglamento de trámites establece que cuando se recusa a un juez, los plazos para tratar el proceso “tienen efectos suspensivos”.

De esta forma, el juez recusado, Juan Peña tiene tres días para responder sobre el incidente de recusación y presentar las pruebas de descargo.

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Con esa contestación, el juez sustanciador de la recusación presentará en el plazo de un día el proyecto de resolución para que el pleno del tribunal contencioso lo resuelva.

Si se niega la recusación, los plazos se reactivarán para resolver la causa principal (la denuncia contra Yunda), de igual forma si se acepta.

Adicionalmente, la delegación de Pichincha de la Defensoría del Pueblo solicitó al TCE que le permita acceder al expediente y “ejercer sus competencias” de la Constitución, cita una providencia emitida el 17 de agosto.

Yunda fue sancionado en el expediente 631 con la pérdida de sus derechos políticos y a pagar una multa de 50 salarios básicos, por haber incurrido en las infracciones electorales contempladas en los numerales 2 y 12 del artículo 279 del Código de la Democracia.

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El fallo estuvo bajo la competencia del magistrado Ángel Torres, quien también sancionó a la jueza María Belén Domínguez, que concedió la acción de protección a Yunda para evitar su remoción, y a Raúl Mariño y Cenia Vera, jueces de la Corte Provincial de Pichincha, con la destitución, por interferir de “manera grosera” al dictar sentencias que se “superponen a la actuación” del Tribunal Electoral.

Torres admitió a trámite el recurso de apelación que interpusieron Yunda y los tres jueces constitucionales. Sin embargo, no podía componerse un pleno para resolver dicha apelación, ya que los jueces principales Joaquín Viteri, Patricia Guaicha y Arturo Cabrera se habían excusado de intervenir, pues participaron en la denuncia que impulsó Jéssica Jaramillo, del Frente de Profesionales, que también buscaba una sanción para Yunda.

En junio del 2021, el exalcalde de Quito Jorge Yunda fue removido de sus funciones por decisión del Concejo Metropolitano. Foto: Alfredo Cárdenas

Durante nueve meses el trámite de esta infracción electoral quedó suspendido porque Yunda recusó constantemente a los jueces principales y suplentes u otros se excusaban porque actuaron previamente en la resolución de la denuncia de Jaramillo en primera y segunda instancia y en la que entabló Guarderas.

A mediados de julio se pudo conformar un pleno y se convocó a una audiencia de estrados para escuchar a las partes antes de emitir una sentencia.

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Pero el exalcalde de Quito volvió a recurrir a estos “incidentes procesales” pese a que el reglamento de trámites concluye en su artículo 64 que la “misma parte procesal no podrá proponer más de un incidente de recusación dentro de la causa, salvo que sea negada por prematura”.

Estas actuaciones se dan a las puertas de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) convoque a las elecciones seccionales del 5 de febrero del 2023, en las que se elegirán alcaldes, concejales, prefectos, vocales de juntas parroquiales; y, los siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

La convocatoria a elecciones se realizará este domingo 21 de agosto; y, al siguiente día (22 de agosto) arrancará el periodo de inscripción de candidaturas para las diferentes dignidades. (I)