Los frentes jurídico-penal y jurídico-electoral son al día de hoy los que eventualmente podrían entorpecer la aspiración de Jorge Yunda para retornar a ser alcalde de Quito. Desde el sábado último, el cesado alcalde de la capital es el precandidato a liderar el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito por el movimiento Pachakutik (PK), en las elecciones del 5 de febrero del próximo año.

Yunda tiene un proceso penal en etapa de juicio por el delito de peculado, el cual está relacionado con aparentes irregularidades en la compra de pruebas PCR para COVID-19 en el contexto de la pandemia, y un proceso en fase de apelación en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por la denuncia presentada por el actual alcalde de Quito, Santiago Guarderas, ante una infracción electoral grave que podría acarrear la suspensión de sus derechos políticos.

Audiencia de estrados sobre el futuro de los derechos políticos de Jorge Yunda terminó sin una resolución del TCE

Teniendo en cuenta los largos tiempos que toma el tener una resolución en los procesos penales, este frente sería uno de los menos probables que lleguen antes de que Yunda y PK inscriban candidaturas entre el 22 de agosto y el 20 de septiembre próximos, según el calendario definitivo para las elecciones seccionales 2023.

A mediados de julio pasado, luego de nueve meses de estar parado el juzgamiento por peculado, debido a la recusación presentada por la defensa de Yunda contra el juez Fabián Fabara, parte del Tribunal de Juicio, la acción se resolvió, Fabara quedó fuera de la Sala, pero aún el expediente no baja a conocimiento de los jueces que quedan en el Tribunal: Wilson Lema y Patlova Guerra.

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Yunda podría no participar en las próximas elecciones seccionales únicamente si tuviese una sentencia condenatoria en firme. El numeral 2 del artículo 113 de la Constitución señala que no podrán ser candidatos de elección popular quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos sancionados con reclusión, o por cohecho, enriquecimiento ilícito o peculado.

Tener una sentencia ejecutoriada está muy lejano, pues para que continúe la etapa de juicio por peculado se debe sortear el remplazo de Fabara en el Tribunal e iniciar desde cero el juzgamiento. De ahí se debería esperar que se dicte una sentencia, que cualquiera que esta sea podría ser apelada en segunda instancia y a su vez esa resolución podría ser susceptible de casación en la Corte Nacional.

“Los procesos penales duran bastantes años en Ecuador y si se sigue la regla general de que en Ecuador toman muchos años los procesos penales, va a ser muy complicado, por no decirlo imposible, que por esa razón Jorge Yunda llegue a estar inhabilitado, al menos hasta la fase de calificación e inscripción de candidaturas que se avecina”, explicó el constitucionalista Ismael Quintana.

Ahora las miradas están en el TCE y la decisión que podría tomar ante la apelación que el propio Yunda planteó en contra de la sentencia de primera instancia emitida por el juez electoral Ángel Torres, en octubre de 2021, atendiendo una denuncia de Guarderas.

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En este caso ya se dio la audiencia respectiva y desde el 18 de julio pasado se está a la espera de que se dé a conocer la resolución del Tribunal del TCE, integrado por los jueces suplentes y conjueces Solimar Herrera, Roosevelt Cedeño, Jorge Baeza, Francisco Hernández y Richard González, juez electoral sustanciador de la causa.

Respecto a la acusación de que el exalcalde no cumplió una sentencia del TCE que determinó que su remoción era jurídicamente válida y no había otra posibilidad de que se mantenga en el cargo, Yunda ha asegurado en diversos foros que no ha desobedecido ninguna decisión y muestra de ello es que tiene hasta el día de hoy todos sus derechos habilitados.

“No han podido probar nada ni probarán nada, eso es lo que me ha animado a regresar a la política. (...) Están presionando para que puedan torcer una sentencia del TCE. Es sentencia, en donde ya fue cosa juzgada, ya se determinó que no se cometió ninguna infracción electoral (...), torcer esto también sería un tema tan grosero de la democracia que abonaría a la demanda internacional que tengo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. (...) El tema se reactiva y empieza nuevamente a forcejearse, porque le tienen miedo a Yunda. ¿Por qué no me ganan en las urnas?”, indicó este martes Yunda en una entrevista radial en el programa A primera hora.

Integración del Tribunal de Juicio en el caso contra Jorge Yunda y otros, nuevo escollo para el juzgamiento del delito de peculado

Si el TCE ratifica la sentencia del juez Torres de que se cometió una infracción electoral, Yunda perdería sus derechos políticos y no podría participar en las seccionales del 2023.

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Quintana cree que Yunda sí cometió una infracción electoral, la cual radica en que el ahora exalcalde incumplió una orden emanada del TCE y “hacer tabla rasa” de lo que diga el TCE en una sentencia ejecutoriada implica el cometimiento de una infracción de tipo electoral.

El 24 de julio pasado, respecto a la posible precandidatura de Yunda a la Alcaldía de Quito, el expresidente Rafael Correa en su cuenta de Twitter escribió: “Yunda sabe que su candidatura es chimbadora y aumenta las posibilidades de victoria de los “quiteños de bien”. No me extrañaría que sea un acuerdo con el Gobierno para frenar la persecución que sufre. Ya ocurrió en Guayaquil”.

Para alcalde de Quito, la Revolución Ciudadana plantea como precandidato al actual asambleísta Pabel Muñoz.

Jorge Yunda ha participado en elecciones para legislador por Alianza PAIS en el 2017 cuando ganó una curul; intervino en las votaciones para la Alcaldía de Quito en 2019 por Unión Ecuatoriana, lista 19; y para las seccionales del 2023 es precandidato para alcalde de la capital por el movimiento Pachakutik.

“Grandes intereses políticos, económicos y mediáticos poniendo el pie en acelerador para que no me dejen ser candidato, cobardes, a los líderes del pueblo no nos pueden ganar en las urnas”, escribió en su cuenta personal de Twitter Yunda el 27 de julio último. (I)