Once meses después de que el exvicepresidente Jorge Glas, el exministro y el exviceministro de Hidrocarburos, Wilson Pastor y Carlos Pareja Yannuzzelli, respectivamente, y cuatro personas más fueron sentenciados por peculado dentro del caso denominado Singue, los jueces de la Corte Nacional Luis Rivera, Felipe Córdova y Daniella Camacho serán quienes, la tarde de este jueves, conozcan el recurso de apelación interpuesto por estos siete condenados y la Procuraduría General del Estado.

Con un voto de mayoría de los jueces penales José Layedra y Xavier de la Cadena, el 25 de enero pasado, se sentenció en calidad de coautores a cuatro personas y como cómplices a tres. La resolución de mayoría apunta a que todos tienen participación en un peculado ocurrido en la concesión del campo petrolero Singue.

Según la Fiscalía, en audiencia se probó que el delito de peculado se cometió al adjudicar el contrato de exploración y explotación del campo Singue, entregado al consorcio Dygoil Consultora y Servicios Petroleros Cia. Ltda. y a la firma Gente Oil Development LLC (DGC), en el que además, dijo, se cometieron irregularidades incumpliendo requisitos legales.

No tener en firme sentencia en el caso Singue impide ‘por el momento’ que se dé paso al pedido de unificación de penas hecho por Jorge Glas

Glas, Pastor y Yannuzzelli, junto con César Guerra, gerente del consorcio al que se le entregó la operación del campo Singue, fueron condenados como coautores a ocho años de cárcel. Mientras tanto, a los funcionarios públicos Aníbal Cazar, Gustavo Donoso y José Burgos se los sentenció a una pena de cuatro años de prisión una vez fueron ubicados por la Fiscalía como cómplices.

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A los siete condenados se les ordenó también ofrecer disculpas públicas, publicar la sentencia en tres diarios de circulación nacional y, de forma proporcional, según su nivel de participación, deberán pagar $ 5 millones como reparación al Estado, pues sería el total del perjuicio causado a través del delito de peculado.

Para Glas esta es la tercera sentencia por un acto de corrupción en la función pública. Por el delito de asociación ilícita relacionado con la trama de corrupción de Odebrecht se le impusieron seis años de reclusión, y por cohecho pasivo agravado, parte del caso denominado Sobornos 2012-2016, se le definieron ocho años de cárcel. En estas causas los fallos están en firme y en proceso de ejecución.

Desde el 2019, la defensa de Jorge Glas pide su traslado de Latacunga a la Cárcel 4, en Quito.

El 19 de noviembre pasado, al no existir una sentencia en firme contra Glas en el caso Singue, la petición de unificar las penas hecha por su defensa fue declarada “improcedente” por el juez Santiago Vallejo, de la Unidad Judicial Penal de Latacunga, en la provincia de Cotopaxi, zona en la que se ubica el Centro de Privación de la Libertad (CPL) en que se encuentra recluido Glas desde el 2018.

Para Vallejo, el pedido de que se defina una pena única es improcedente mientras el exvicepresidente mantenga dos sentencias en firme y tenga pendiente una sentencia que no ha “causado estado”, es decir, no se encuentre ejecutoriada. La defensa de Glas presentó la semana pasada el pedido para que se revoque la decisión de Vallejo, pero el juez, el 24 de noviembre pasado, negó la solicitud por ser improcedente”.

Roberto Carranza, nuevo abogado de Glas, cree que en el caso Singue se está aún por resolver el recurso de apelación, por lo tanto, su cliente goza de la presunción de inocencia. Cree que es un error el que se haya incluido en el análisis para la unificación de penas el caso Singue, y por ello Carranza adelantó que presentarán un pedido para que por sorteo conozca la solicitud otro juez.

Dentro del caso Singue, más allá de que se acepte o no la apelación de Glas y otros procesados, para que esta sentencia quede en firme aún debe pasar por la etapa de casación.

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De Jorge Glas se ha hablado mucho en este inicio de semana, especialmente porque se dijo en algunos sectores de la Asamblea Nacional que la situación legal del exvicepresidente de Rafael Correa fue parte de un pacto con el Gobierno del presidente Guillermo Lasso para que se dé paso a la Ley Económica Urgente de Desarrollo Económico, la cual entró en vigencia por ministerio de la ley y fue publicada el lunes último en el Registro Oficial.

El asambleísta independiente Fernando Villavicencio dijo conocer que el correísmo había pedido desde el cambio de cárcel para Jorge Glas y el exsecretario jurídico Alexis Mera hasta el salvoconducto para que salga de la embajada de Argentina en Ecuador la exministra de Transporte María de los Ángeles Duarte. Mera y Duarte también fueron condenados en el caso Sobornos a ocho años de cárcel.

“Yo quiero pensar que en ese voto de UNES no hubo pacto. Tengo casi la certeza de que no hubo pacto; hubo torpeza, ignorancia total del procedimiento y conocimiento de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Porque de haber existido un pacto, es más, de existir un pacto, yo seré el primero en condenar a los dos lados”, apuntó.

Luego de la abstención de los legisladores de UNES para que se archive el proyecto de ley del Gobierno, en un comunicado el movimiento Pachakutik dijo: “Cada cual puede festejar por su lado: el Gobierno ha podido cumplir con el Fondo Monetario Internacional y UNES podrá seguir negociando el perdón para sus dirigentes”. Sobre el mismo tema, Alejandro Jaramillo, de la Izquierda Democrática, refirió que ya se verá en los próximos días quién sale de la cárcel.

Jorge Glas plantea la unificación de penas para conseguir finalmente su prelibertad

La coordinadora del bloque de UNES, Paola Cabezas, rechazó el que se pretenda posicionar la idea de un pacto con un Gobierno que, mencionó, los persigue y con quien mantienen profundas diferencias.

Sobre el supuesto condicionamiento de votos de UNES en la Asamblea a cambio de la libertad de Jorge Glas y otros líderes del correísmo, Cabezas respondió: “Pedir mejores condiciones para el exvicepresidente (Glas) es constitucional y legal”; que él, así como todos los privados de la libertad, debería estar en mejores condiciones. La legisladora no detalló a quién o de qué forma han pedido las mejores condiciones para Glas, pero sí aclaró que quien hable de acuerdos debe demostrarlo.

En el ámbito legal, a Jorge Glas se le han negado en varias ocasiones recursos propuestos para que deje el CPL de Cotopaxi y sea trasladado a la Cárcel 4, en Quito, centro en el que inicialmente estuvo, luego de que se entregó voluntariamente a la justicia en el caso por asociación ilícita, el 2 de octubre de 2017. Temas de salud básicamente han sido alegados por la defensa de Glas para el traslado.

El objetivo final del recurso de unificación de penas presentado por la nueva defensa de Glas es conseguir una pena única, para así luego solicitar la prelibertad del exmandatario, quien ya habría cumplido el requisito del Código Penal que habla de haber permanecido el 40 % o las dos quintas partes de la pena para acceder al beneficio. Hasta el momento Glas ha permanecido en la cárcel 1.519 días, que significarían el 69,3 % de la pena de seis años por asociación ilícita o el 52,02 % de la sentencia de ocho años por cohecho.

Otros exfuncionarios de Rafael Correa procesados

Desde finales de septiembre de 2020, el exsecretario Jurídico de Rafael Correa, Alexis Mera, permanece en la cárcel cumpliendo una sentencia de ocho años por el delito de cohecho pasivo agravado, dentro del caso Sobornos 2012-2016. Mera fue condenado en calidad de coautor.

Inicialmente él fue llevado desde su casa en Guayaquil al CPL de Cotopaxi, pero a finales de abril pasado, luego del amotinamiento simultáneo que dejó muertos en varias cárceles del país, entre ellas la de Latacunga, el exfuncionario público fue trasladado al CPL de Tungurahua, en Ambato.

Dentro del mismo caso Sobornos o Arroz Verde fue sentenciada a ocho años de cárcel como coautora del delito de cohecho la exministra de Transporte María de los Ángeles Duarte. Ella se retiró el grillete electrónico que mantenía como parte de su medida cautelar e ingresó en la sede de la embajada de Argentina en Quito y fue acogida como “huésped por razones humanitarias.

Por el retiro del grillete Duarte fue llamada a juicio, en febrero pasado, por el delito de incumplimiento de decisión legítima de una autoridad competente. La fase de juzgamiento está interrumpida porque el delito que se procesa no puede ser juzgado en ausencia.

El exsecretario Nacional de Inteligencia (Senain) del Gobierno de Correa, Pablo Romero, se encuentra en el CPL de El Inca, en Quito, cumpliendo una pena de nueve años de cárcel impuesta por ser autor mediato del plagio del activista político Fernando Balda. El exfuncionario quien llegó a Ecuador el 21 de febrero de 2020, luego de ser extraditado desde España, se encuentra a la espera de que se realice la audiencia de apelación para que un Tribunal de la Corte Nacional revise la sentencia impuesta por el secuestro.

Actualmente Romero es investigado de forma previa por la Fiscalía por un supuesto mal uso de recursos públicos de la desaparecida Senain para el secuestro de Fernando Balda. (I)