El presidente de la República, Guillermo Lasso, vetó totalmente un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado por ser inconveniente para la estabilidad institucional de la Contraloría, cuando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) lleva adelante un concurso para la elección del nuevo contralor.

La Asamblea Nacional, el pasado 21 de abril, con 131 votos aprobó un proyecto de reformas a dos artículos de la ley que rige a la Contraloría, que se refieren a las causales del cese de funciones del contralor y la subrogación en caso de ausencia temporal o definitiva.

El primer mandatario, en el veto total, afirma que el texto aprobado por el Legislativo no prescribe un régimen de ausencia temporal ni definitiva de la máxima autoridad de la Contraloría General del Estado, ni tampoco un mecanismo de sucesión en caso de que estos escenarios sucedan.

Frente a eso se propone, según describe el Ejecutivo en su veto, que la sucesión en caso de ausencia temporal se dé con base en un concurso público para la elección del contralor que hubiere sido previamente organizado por el CPCCS.

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Que la actual ley, en su artículo 130, prescribe lo relacionado con el subcontralor. Se establece que una de sus funciones es subrogar al contralor en caso de ausencia temporal o definitiva, hasta la designación del nuevo titular, esto es, un nuevo concurso que sea organizado por el CPCCS.

En el veto, el Ejecutivo reclama que la Contraloría General del Estado no debe ser un botín político ni estar sujeta a los vaivenes de la política; al contrario, requiere de estabilidad e institucionalización para gozar de credibilidad ante la ciudadanía.

Que en las circunstancias actuales, y siendo de público conocimiento que el CPCCS se encuentra adelantando el respectivo concurso, es inconveniente para la estabilidad institucional reformar dicha normativa.

El presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro Jaramillo, rechazó el veto total del Ejecutivo y afirmó que es el presidente de la República quien bloquea la gestión legislativa. Lo que buscaba esta ley, recalcó el asambleísta, era evitar que los contralores sigan despachando desde las cárceles. (I)