El gobierno de Guillermo Lasso formalizó ante la Corte Constitucional (CC) una demanda de acción pública de inconstitucionalidad en contra de la resolución de la Asamblea Nacional, que el 10 de marzo de 2022 otorgó amnistías a 268 personas.

La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, acudió al mediodía de este martes (29.03.2022) hasta el edificio de la Corte, en el centro norte de Quito, para presentar este recurso, en el que se cuestiona al Legislativo por otorgar este beneficio a personas que son procesadas por delitos comunes que son excluidos por la Constitución.

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Entre estas 268 personas se beneficiaron alrededor de 60 actores políticos que enfrentaban investigaciones en la Fiscalía General del Estado por su participación en las violentas jornadas de protestas que se efectuaron en octubre del 2019, y que según Vela, se dieron por delitos comunes.

“Si es que el Estado de derecho no se respeta, si la impunidad se instala, ¿qué podemos esperar de la siguiente movilización? El mensaje que se está enviando es que cualquiera puede venir a incendiar un edificio de Quito como la Contraloría General del Estado; a aterrorizar a sus habitantes, a atacar a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, a dejar sin agua a la población, y tienen derecho a hacerlo porque no existe ningún delito”, sentenció Vela.

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Gobierno de Guillermo Lasso demandará la inconstitucionalidad de las 268 amnistías concedidas por la Asamblea Nacional

Dijo que la administración actual respeta el derecho a movilizarse, pero que “no va a permitir que de una forma inconstitucional se otorgue amnistía por delitos comunes porque es una patente de corso, un salvoconducto para que cualquier persona venga a incendiar y atacar a los habitantes”.

Insistió en que las amnistías no respetaron la Constitución y la ley y que próximamente el régimen canalizará la solicitud de amnistía para los militares y policías que están siendo procesados por los hechos de octubre del 2019.

El argumento que expuso la ministra Vela es que el Parlamento, al otorgar las amnistías a procesados por las protestas de octubre, concluyó que esos hechos no existieron y bajo ese contexto los hechos de octubre “no existieron”.

La madrugada del 10 de marzo pasado, con el voto de 99 asambleístas se aprobó un paquete de 268 amnistías, que tiene entre sus beneficiarios 60 personas que enfrentaban investigaciones por las movilizaciones de octubre del 2019, entre las que están los dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza y Jaime Vargas.

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Actores políticos del movimiento Revolución Ciudadana, Paola Pabón y Virgilio Hernández; directivos del gremio sindicalista, como Mesías Tatamuez y de los transportistas, Jorge Calderón, dirigente del taxismo.

Otras amnistías se dieron a 153 defensores de los territorios comunitarios; 12 por administrar justicia indígena; y, 43 a defensores de la naturaleza. (I)