A través de una sola ley orgánica, el Gobierno busca regular el uso progresivo de la fuerza en todas las instituciones de seguridad: Policía Nacional, entidades complementarias de seguridad de la Función Ejecutiva, Cuerpo de Vigilancia Aduanera, Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito del Ecuador, Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, entidades complementarias de seguridad de los gobiernos locales (Cuerpo de Control, Cuerpo de Agentes Civiles de Tránsito, Bomberos), y Fuerzas Armadas (en estados de excepción y labores complementarias a la Policía).