En los dos años de mandato de Guillermo Lasso hubo al menos dos momentos en los que el decreto de muerte cruzada (o sea, la disolución de la Asamblea Nacional y el adelanto de elecciones) estuvo listo para ser firmado. Francisco Jiménez, exministro de Gobierno, dice que “la tercera fue la vencida” porque el desgate de la relación entre Ejecutivo y Legislativo llegó a un punto en que ya no se soportaban más.

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¿Cuáles han sido los momentos más difíciles de la relación Ejecutivo-Legislativo en estos dos años de mandato?

Como punto de partida hay que tener claro que cuando se conformó la Asamblea Nacional nosotros llegamos con 12 representantes y el principal partido de oposición llegó con 48; eso suponía una “desventaja” de cuatro a uno. Y a partir de ese factor numérico se empezaron a desarrollar alianzas tanto en materia de gobernabilidad como desde la oposición para combatir ese proceso político que nos han llevado al momento presente. Por ejemplo, cuando yo llegué como ministro en marzo del 2022, luego de que no se aprobó la Ley de Inversiones, ya estaba el decreto de la mesa cruzada sobre el escritorio del presidente. La exministra Alexandra Vela siempre empujó esa vía y el presidente hizo la valoración de los escenarios a favor y en contra de esa vía, y decidió no optar por ella, y me pidió que deje mi curul para buscar puentes de entendimiento con las diferentes fuerzas políticas. Y eso fue lo que hice, el ambiente político estaba muy degradado y no solamente teníamos problemas en la Asamblea: teníamos problemas con las organizaciones sociales, en particular con el movimiento indígena, que estaba decepcionada por los acuerdos truncados en octubre y noviembre del 2021. A los pocos meses tuvimos un triple intento de destitución del presidente: en la calle con las movilizaciones que duraron 18 días, en la Asamblea con un proceso de destitución y en el CNE con el pedido de revocatoria de mandato de supuestos grupos sociales. Pudimos ganar en los tres escenarios, y ese fue el momento para instaurar uno de los procesos más exitosos de paz social como fueron las mesas de diálogo, que empezaron con el acta de paz y culminaron con 218 acuerdos. Un poco antes convocamos a los jefes de bancada para establecer nexos de colaboración, asistieron cuatro de cinco. El representante de Pachakutik no fue. Se pudieron, por ejemplo, aprobar unas leyes interesantes como la de Transformación Digital, que fue producto de la mesa técnica Ejecutivo-Legislativo.

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¿Por qué no se logró zanjar los desacuerdos y avanzar a una convivencia pacífica?

Hubo varias situaciones. El fracaso de la Ley de Inversiones nos convenció de que el expresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, no tenía ninguna intención de mediar y tratar de implementar cosas positivas para el país. Eso fue un punto de inflexión en la relación de ambas funciones del Estado. Luego, en el proceso de destitución en junio, Saquicela actuaba como mediador con las organizaciones sociales, pero a la vez votaban contra el presidente para que pueda ser destituido, y ocurrieron una serie de hechos irregulares, como la alteración de la votación en algunas curules y el amedrentamiento a asambleístas. Y por último, el fracaso de la consulta popular de febrero porque los resultados que favorecieron al correísmo los animaron a profundizar su agenda de oposición. Entre estos tres momentos hubo muchas declaraciones no muy felices por parte del presidente y de la Asamblea que lo que hicieron fue contribuir a enrarecer el ambiente porque finalmente los políticos se comunican con palabras y esas palabras fueron profundizando las brechas.

Se habla de que la Asamblea bloqueó el trabajo del presidente Lasso, ¿pero desde su lado también se cometieron errores?

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Se empezó bien, con los acercamientos con las bancadas, pero luego los desencuentros que hubo en medio de todos estos hitos fueron inclinando la balanza hacia diferencias irreconciliables. Una de las cosas a señalar es que quizás debimos mantener la firmeza y tener más claridad con respecto a la hoja de ruta. Mi planteamiento desde el comienzo era que si no íbamos a ir a la muerte cruzada en marzo del 2022 y si teníamos una debilidad de apoyos en la Asamblea teníamos que buscar una alianza política con los grupos más o menos afines y perseverar en ello. Pero cuando se producen estos fracasos nos desviamos e hicimos puntualizaciones sobre algunos asambleístas que se pudieron haber evitado y que nos sacaron de esa hoja de ruta de ir a alianzas.

Se refiere a las denuncias que hizo Lasso contra los legisladores de PK y que luego terminó retirando.

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Esos fueron errores que se cometieron, pero creo que toda obra humana es perfectible. Todos esos hitos fueron desgastando la relación. Pero finalmente no fuimos nosotros los que pusimos a esos legisladores en la Asamblea sino el pueblo ecuatoriano.

La muerte cruzada estuvo a punto de lanzarse en dos momentos en medio de estos desencuentros: cuando usted llegó tras el fracaso de la Ley de Inversiones y cuando se dio el paro nacional.

Sí, a la tercera fue la vencida, ya no se pudo hacer nada. Pero insisto: estas cosas no se dan porque de la noche a la mañana alguien se levanta y dice ¡ah, tengo que lanzar la muerte cruzada!, fue un proceso de desgaste.

¿Por qué no había forma de evitarla? Se suponía que Lasso ya tenía los votos para impedir su destitución en el juicio político.

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La muerte cruzada es una opción que está en la Constitución y existe para cuando el Ejecutivo y el Legislativo no se soporten más, y ese ya era el caso. En mi época logramos establecer algunos puentes de entendimiento y algunas áreas de colaboración entre unos y otros y se pudo obtener, trabajando por acuerdos legítimos, un panorama de gobernabilidad que duró un año más. La tendencia siempre fue el conflicto, pero de nuestra parte se buscó que no trascienda hacia lo institucional. Ahora ya no fue posible y es entendible la decisión del presidente.

Con la disolución de la Asamblea, Lasso ya no tiene pretextos para no cumplir su plan de trabajo, dicen algunos analistas. ¿Hacia dónde debe ir su gobierno ahora?

Hoy, el presidente tiene una ventana de oportunidad que no es muy grande, es de apenas cinco o seis mesas, y tendrá que probar que tiene capacidad de gestión que le permita enfrentar con eficiencia los principales problemas que tiene el país: seguridad, obras públicas, salud, trabajo... De eso dependerá el legado que deje.

Y de eso dependerá la reelección.

Sí, pero antes de pensar en lo que podría pasar como candidato, hay que pensar en lo que debe pasar como presidente. Porque las elecciones son después, pero la gestión es ahora. Y ahora es cuando se tienen que resolver estos problemas.

¿Usted va a ser candidato a algo dentro de CREO?

Nunca le he rehuido a los retos, tampoco los he buscado desesperadamente. Soy una persona de servicio y he sabido asumir los desafíos que me ha dado la vida. Hoy por hoy las organizaciones políticas tienen la obligación moral de presentar opciones al país, habrá que ver qué pasa en estos días. Pero más allá de los nombres, creo que debe imponerse una agenda de unidad política, pero no hecha sobre membretes sino sustentada en hechos concretos, no deben ser palabras lanzadas al vacío.

¿Y cómo se puede provocar esa unidad si no hay apertura desde los sectores de oposición?

Sin duda son sectores importantes, pero no son los únicos. Hay 22 agrupaciones políticas nacionales. El gran peligro no es que haya agrupaciones que vayan a ir por su lado con sus candidatos propios, y que ganen o pierdan. El peligro es que haya lobos con piel de cordero pretendan invocar a la unidad pese a ser personas que nunca han construido nada, que solo viven de crear fantasías, que no tienen proyecto político, que solo quiere llamar la atención. Me refiero, por ejemplo, al caso de Fernando Villavicencio, que ahora quiere fungir como gestor de una unidad y solo esparce odio y división. (I)