La Fiscalía General del Estado tiene abiertas dos investigaciones previas sobre el posible financiamiento del paro nacional con recursos del narcotráfico, según lo reveló Diana Salazar, máxima autoridad de ese organismo de justicia, quien compareció ante la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional.

La funcionaria dijo que la Fiscalía abrió dos investigaciones previas que gozan de reserva, según lo dispone el Código Orgánico Integral Penal (COIP), pero informó que la primera investigación está relacionada con el delito de rebelión con el expediente número 170101821104829.

La investigación tiene fecha de inicio el 29 de octubre de 2021 y al momento está en indagación previa, se han ordenado 45 impulsos fiscales y realizado 66 diligencias y se mantiene en reserva.

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¿Cómo una investigación del 29 de octubre 2021 tiene conocimiento de las últimas declaraciones realizadas en el año 2022 por parte del presidente de la República, Guillermo Lasso, sobre el financiamiento del narcotráfico a las movilizaciones?

Salazar dio una respuesta a esa inquietud y comentó que la indagación se la denomina investigación fiscal madre y que tiene relación con las actividades presuntas de rebelión que fueron puestas en conocimiento mediante un parte policial por una unidad especializada.

Que todas las denuncias presentadas en el contexto de las paralizaciones se van recopilando e incorporando al expediente.

Por ello, se ha pedido la incorporación formal de las declaraciones del presidente de la República, Guillermo Lasso, y del ministro de Gobierno, a fin de que a través de un informe presenten la información que ha sido revelada a través de los medios de comunicación.

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El pasado 8 de julio, el primer mandatario señaló que el paro nacional de junio, convocado por el movimiento indígena, habría sido financiado con $ 15 millones que salieron del narcotráfico.

En sus afirmaciones, Lasso sostuvo que las protestas tienen un fin político que es sacarlo del poder, y existiría una alianza que involucra a tres actores: el expresidente Rafael Correa, parte del movimiento indígena y el narcotráfico.

Lasso apuntó que el narcotráfico financió el paro nacional con $ 15 millones

La segunda investigación abierta proviene de una denuncia por falsa incriminación presentada por la exlegisladora Marcela Aguiñaga.

La investigación previa se inició el 1 de julio de 2022, relató la fiscal general, y se han ordenado 2 impulsos fiscales y 19 diligencias investigativas. Aguiñaga, en calidad de representante del movimiento político Revolución Ciudadana, denunció una falsa incriminación de financiamiento del narcotráfico.

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En la denuncia la dirigente de la Revolución Ciudadana solicita que se efectúen los respectivos peritajes y materializaciones de una rueda de prensa realizada por el ministro Patricio Carrillo, en su calidad de ministro, en la que emitió actos tendientes a incriminar falsamente en la comisión de delitos de terrorismo y financiados por el narcotráfico a quienes militan en el movimiento.

Igualmente, solicitó que se realicen los respectivos peritajes y materializaciones de un audio donde Andrés Páez Benalcázar, ex legislador, emitió actos tendientes a incriminar falsamente en la comisión de delitos de terrorismo y financiados por el narcotráfico a quienes militan en el movimiento Revolución Ciudadana.

Detención de Leonidas Iza

La Comisión de Garantías Constitucionales del Parlamento investiga los hechos relacionados con el paro nacional de junio, por lo que invitó a comparecer a la fiscal general del Estado para que informe sobre las acciones realizadas por ese organismo de justicia en el contexto de la detención de Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

La funcionaria aclaró que la aprehensión de Leonidas Iza la realizó la Policía Nacional en circunstancias de un delito flagrante y fue recibido en la Unidad de Flagrancia el 14 de junio de 2022, y que se dispusieron varias diligencias para conocer su ubicación.

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Insistió en que la Fiscalía no intervino en la aprehensión, por tanto no pudo detallar, informar o explicar los motivos del traslado a Quito del ciudadano el 14 de junio, que es la preocupación que tienen los legisladores, por lo que Salazar dijo que cualquier otra precisión sobre la aprehensión flagrante de Iza, realizada por la Policía Nacional, puede ser respondida por esa institución.

En torno a las acciones realizadas respecto a los ciudadanos que se identificaron por video en el sector de Tumbaco en la Ruta Viva en Quito, con armas de fuego disparando contra los manifestantes en junio pasado, la Fiscalía inició de oficio una investigación previa por el presunto delito de odio, que a la fecha se han realizado seis impulsos fiscales y se han dispuesto once diligencias investigativas, así como se han receptado versiones y sobre todo se ha solicitado la materialización de los videos y peritajes. (I)