La Fiscalía entró en el quinto día de presentación de su prueba pericial testimonial con la que busca demostrar detención irregular y tortura ocurrida en noviembre de 1985 de Luis Vaca, Susana Cajas y Javier Jarrín, integrantes del desaparecido grupo Alfaro Vive Carajo (AVC), por parte de miembros de seguridad del Estado ecuatoriano.
La audiencia de juzgamiento del caso Vaca-Cajas-Jarrín se instaló el pasado 5 de noviembre y está a cargo de los jueces Javier de la Cadena (ponente), Manuel Cabrera y Katty Muñoz, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Por el cometimiento de un delito de lesa humanidad son acusados por Carlos Alarcón, fiscal general subrogante, Luis Eduardo P., Manuel Marcelo D., Juan Raúl V., Mario Ricardo A., Nelson Bolívar E. y Fernando Ignacio R.
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Cerca de 30 peritos y testigos han sido evacuados por la Fiscalía en las jornadas de audiencia realizadas y a las que han asistido de manera presencial las víctimas y su abogado, además de las defensas del exministro, cuatro oficiales de las Fuerzas Armadas (sp) y un doctor procesados.
Esta causa se inició en octubre de 2013, tres años después de que un informe de la Comisión de la Verdad reportó la existencia en el Ecuador de 118 casos, incluidos los casos de Vaca, Cajas y Jarrín, en los que habrían existido delitos de lesa humanidad y violación de derechos humanos, entre 1984 y 2008.
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El exministro de Defensa Luis Eduardo P.; Manuel Marcelo D., exdirector de Inteligencia del Ejército, 1987-1988; Juan Raúl V., comandante del Agrupamiento Escuela de Inteligencia Militar (AEIM), 1984-1987; Mario Ricardo A., comandante del AEIM, 1987-1990; Nelson Bolívar E., jefe de la Unidad de Contrainteligencia Quito (CIQ), órgano operativo del AEIM; y Fernando R., médico del AEIM, 1984-1987, en septiembre de 2014 fueron llamados a juicio por la jueza nacional Lucy Blacio.
El auto de llamamiento a juicio de Blacio se hizo en contra de nueve personas, en mayoría oficiales militares y policiales, todos en servicio pasivo, pero en estos más diez años últimos fallecieron Jorge A., Guillermo R., y Édgar V., excomandante de Policía.
El fiscal Alarcón aseguró que se demostrará en el juicio la responsabilidad de los seis procesados en una causa que investiga violaciones de derechos humanos que, en su conjunto constituyen crímenes de lesa humanidad ante la actuación coordinada de estructuras estatales -cadena de mando-, inteligencia, custodia e interrogatorio, apoyo médico y operativo contra personas tratadas como “enemigos internos”.
Cuando termine la Fiscalía será el turno para que intervenga la defensa de las víctimas y familiares de quienes fueron detenidos y torturados en esa operación militar. Concluidas esas intervenciones deberán participar en la audiencia las defensas de los seis acusados, quienes mostrarán la prueba que mantienen para rechazar la teoría de Fiscalía.
Con un mensaje en su cuenta personal de la red social X en el que colocó la palabra ¿Desmemoriados?, el líder del Partido Social Cristiano (PSC) Jaime Nebot, el 11 de noviembre pasado, compartió un comunicado de la directiva nacional del PSC con su posición sobre la acusación de la Fiscalía a miembros de la fuerza pública por supuestos delitos de lesa humanidad contra tres integrantes del desaparecido grupo AVC.
Desde la directiva socialcristiana se recordaron que los actos irrefutables cometidos por la organización terrorista Alfaro Vive Carajo en los años 80, en los cuales sus operaciones de violencia sistemática, entre ellas, asalto, robos, asesinato y secuestros cometidos, motivaron a que el Estado tenga que defender a los ciudadanos víctimas de estos hechos.
“Los socialcristianos rechazamos este intento de cambiar la historia de los hechos luego de más de 40 años, los que, bajo el liderazgo y firmeza del expresidente de la República, León Febres-Cordero, su gobierno y la valiente y sacrificada labor de nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, lograron la extinción de este grupo terrorista. Desconocer la realidad que vivió nuestro país, pretendiendo juzgar a quienes defendieron el Estado, es darle la espalda a nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional”, se aclaró en el comunicado. (I)