Cuatro impugnaciones ciudadanas planteadas en contra de candidatos a ser parte de la comisión ciudadana que elegirá a un titular de la Fiscalía General del Estado pasarán a análisis del pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
En el Consejo de Participación Ciudadana se lleva a cabo un concurso público de méritos, oposición e impugnación para conformar una comisión ciudadana, que hará otro concurso para elegir a la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado, que reemplace a Diana Salazar y al fiscal encargado y subrogante, Wilson Toainga, cuyo periodo terminó en abril de 2025.
Y también, a Leonardo Alarcón, este último que es subrogante de Toainga y lo designó el Consejo de la Judicatura (CJ) en septiembre pasado.
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Esta comisión se integra por diez personas, de las que cinco representan a la ciudadanía y cinco son delegados de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social.
Hay 42 candidatos en la competencia en representación de la ciudadanía y organizaciones sociales; y, diez de las funciones del Estado, entre principales y suplentes, que enfrentan en la actualidad la etapa de impugnación y escrutinio.
Se presentaron siete impugnaciones, de las que cuatro pasarán a análisis del pleno del Consejo en una sesión convocada para las 10:00 de este 23 de octubre.
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Esto, una vez que un equipo técnico –conformado por asesores de los siete consejeros de Participación– revisó que las objeciones cumplan con los requisitos formales contemplados en el reglamento respectivo.
Las impugnaciones que se aconseja admitir a trámite son en contra de los candidatos: José Montesdeoca Palacios, Héctor Freire Villafuerte, Álex Bósquez Cáceres y Joselito Argüello Saltos.
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La ciudadana María del Carmen Bermeo impugnó a Montesdeoca porque fue legislador suplente de la exasambleísta Karina Arteaga en el periodo 2017-2021, por el extinto movimiento Alianza PAIS.
Se alega que incurriría en la prohibición contemplada en el numeral 8 del artículo 22 del reglamento para la conformación de las comisiones ciudadanas.
Allí se establece que no puede postularse a estos cargos quienes sean afiliados, adherentes o dirigentes de partidos o movimientos políticos, durante los últimos cinco años, o hayan desempeñado una dignidad de elección popular en el mismo lapso, a excepción de concejales, vocales de las juntas parroquiales.
Bermeo también objetó a Héctor Freire porque no había entregado el certificado de apoliticismo emitido por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Al contrario, incorporó un certificado emitido por la delegación electoral de Sucumbíos.
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Adicionalmente, Freire tiene en su expediente un certificado emitido por la Contraloría General del Estado en el que se le determinó responsabilidades civiles y administrativas culposas.
El equipo asesor del Consejo sugirió admitir esta objeción, pese a que en la fase de admisibilidad (en la que se revisa el cumplimiento de requisitos y que no estén incursos en inhabilidades) habilitaron a Freire a que continúe en el proceso.
Otro aspirante cuestionado es Álex Bósquez, porque fue candidato a asambleísta en las elecciones nacionales de 2025 por el Partido Sociedad Patriótica (PSP), informó la impugnante.
Y, a Joselito Argüello, abogado y exfiscal, lo impugnó la ciudadana Tamara Mora, quien esgrime que fue candidato a asambleísta en las elecciones de 2021 por el extinto movimiento Unión Ecuatoriana y también por el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) en las nacionales de 2025.
En noviembre de 2024, en medio de la preparación de los comicios, Argüello fue objeto de un ataque armado.
El informe se aprobó por los siete miembros del equipo técnico y este 24 de octubre se conocerá en una sesión extraordinaria.
El martes anterior, mientras se examinaban estos recursos, varios de los asesores, entre ellos el coordinador, Luis Mejía, proponían que se rechacen todas las objeciones porque no cumplían con los requisitos.
Otras tres impugnaciones admisibles lpor el ciudadano Julio Escobar en contra de los candidatos Gonzalo Balcázar, Jorge Simbaña y Daniel Bazurto, a quienes los acusaba de mantener deudas en firme en el Servicio de Rentas Internas (SRI).
Respecto de Daniel Bazurto –postulado por la presidenta del Pueblo Montubio del Ecuador, Gabriela García, organización afín al gobierno de Daniel Noboa–, se aclaró que no reportaba deudas en el SRI, de acuerdo con una verificación que se hizo en la página web.
En el caso de los diez delegados de las funciones del Estado, ninguno recibió impugnaciones.
Entre los perfiles, la Función Ejecutiva postuló a David Flores Brandt, hombre cercano a la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, con quien ha trabajado desde cuando ella asumió como gobernadora del Guayas.
En su carpeta hay un certificado emitido por el Consejo de la Judicatura, en el que se reporta de la posible existencia de un proceso penal en el 2018 por violencia intrafamiliar.
Para vigilar este concurso, agrupaciones de abogados, periodistas y de la academia, integraron una Comisión Cívica que revisó las carpetas de los 42 postulantes admitidos y difieren del informe preliminar del CPCCS.
El análisis detalla que en el caso de los diez delegados de las cinco funciones del Estado, “solo uno cumplió con todos los requisitos y no incurrió en ninguna de las prohibiciones e inhabilidades”.
Mas, nueve delegados “incumplieron con todos los requisitos, prohibiciones e inhabilidades”.
En el caso de los 42 concursantes de la ciudadanía, catorce personas solicitaron reconsideración en la fase de admisibilidad y los funcionarios habilitaron a diez.
Pero, según la Comisión Cívica, apenas dos debían haber sido admitidos. (I)
