Consejo de Participación Ciudadana discutirá acciones que frenarían el concurso para elegir a dos vocales del Consejo Nacional Electoral

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) buscaría en el paro nacional y en una posible filtración de información las justificaciones para no reactivar el concurso público para la renovación parcial de cuatro vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) que lleva dos años y siete meses desarrollándose sin que se logre designar a las nuevas autoridades.Para las 10:00 de este 22 de octubre de 2025 están convocados los siete vocales del CPCCS para, entre otros puntos, discutir un informe jurídico en el que se sugiere analizar si un cuestionario de más de 400 preguntas que se elaboró para el examen escrito que deben rendir 165 postulantes a ser vocal electoral se ha mantenido en reserva o hubo filtraciones. Además, dicho criterio legal plantea que se defina una nueva fecha para llamar a rendir el examen escrito y oral porque hay manifestaciones de organizaciones sociales que limitan la movilidad ciudadana. La elección de estos cuatro vocales del CNE —dos principales y dos suplentes— está a cargo de una comisión ciudadana de selección , que se compone de diez personas, cinco en representación de la ciudadanía y cinco de las funciones del Estado, como son la Ejecutiva, Legislativa, Electoral, Judicial y de Transparencia y Control Social. Por ahora, ese cuerpo colegiado está incompleto y le faltan dos comisionados, uno de la Función Judicial que no ha sido designado, y de la Función Electoral, ya que quien era delegada, Soledad Saltos, fue sacada del proceso por disposición del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) el 30 de septiembre de 2025 y recién este miércoles está previsto que se conozca que la funcionaria no es parte de esta instancia.La táctica del CPCCS se produciría, luego que la comisión ciudadana resolvió, este 21 de octubre, r etomar el proceso de selección y convocar a los 165 candidatos inscritos a ser consejero electoral a rendir el examen escrito y oral de 60 preguntas y casos prácticos, que elaboró un grupo de catedráticos en septiembre pasado.La prueba iba a rendirse a mediados de septiembre, pero un estudiante universitario, identificado como Ramiro Garzón Larco, interpuso una acción de protección con medidas cautelares que suspendió el concurso. Sin embargo, Garzón desistió de seguir con el recurso jurisdiccional y la jueza María Guamangate Ante , que resolvió la causa, aceptó este desistimiento y ordenó que se reactive de inmediato el procedimiento de selección.La comisión instaló este martes una plenaria virtual en la que, con el voto de cinco comisionados de la ciudadanía, conoció la decisión de la magistrada y reactivó las actividades, aprobó la actualización del cronograma y convocó a los 165 concursantes a rendir el examen escrito el 31 de octubre. Con este nuevo calendario, se estima que los consejeros electorales estarían electos en los primeros quince días de enero de 2026. La decisión encontró la oposición de los comisionados delegados por el Gobierno de Daniel Noboa, Erika Bastidas Guerrero ; de la Función de Transparencia, Paúl Vaca ; y, el comisionado enviado por la Asamblea Nacional, Andrés Moncayo, que mantuvo una posición de abstención.Los comisionados Vaca y Bastidas pusieron en duda las cláusulas de seguridad y reserva que deben mantener los catedráticos y el sistema de seguridad informática del cuestionario que se hizo para esta etapa del concurso público.Ello, porque el mismo CPCCS junto con la comisión ciudadana contrataron, por disposición legal, a la empresa SBV Auditores Asociados S. A., para que dé el servicio de seguridad informática, cuyo objeto es mantener bajo resguardo las preguntas y los casos prácticos, así como las calificaciones que obtengan los participantes.Ese sistema está instalado en el edificio del CPCCS de Santa Prisca, en Quito, y se ha mantenido ahí desde que el proceso se suspendió por disposición judicial el 12 de septiembre. Por lo que la comisión suspendió los plazos de ejecución del contrato hasta que la justicia levante la suspensión provisional.Sin embargo, Vaca cuestionó que el banco de preguntas haya quedado en “estado de inactividad forzosa”, pues “han pasado 30 días y la cadena de custodia se pudo haber visto comprometida solo por el paso del tiempo. Los catedráticos no están bajo llave...”, regañó el comisionado, quien es director de auditoría de la Contraloría General del Estado y enviado por la Función de Transparencia.La delegada de la Presidencia de Noboa, Erika Bastidas, quien se desempeña como directora de articulación de la transformación para la calidad de servicios del Estado, fue más allá y propuso que el concurso r egrese a la fase de selección de nuevos docentes universitarios y que elaboren otro banco de preguntas y casos prácticos. “Hay que cambiar las preguntas” e incluso “hay que cambiar los catedráticos”, apuntó la funcionaria, visiblemente irritada, e incluso intercambió reclamos con el comisionado de la ciudadanía, Carlos Amaya. Amaya propuso que se elija como secretario ad-hoc a Mario Zambrano y la modificación del calendario de actividades, que tuvieron el apoyo de los comisionados de la ciudadanía: John Silva, Ángel López, María Terán y de Amaya y Zambrano.En contra votaron Vaca y Bastidas, en tanto que Moncayo se abstuvo. Finalmente, será el CPCCS el que tome la decisión este miércoles, sobre la base de este criterio jurídico, en el que se plantea que la resolución de la jueza Guamangate se conozca en el pleno. Que sean los consejeros los que dispongan a la comisión ciudadana que presente la actualización del cronograma e informe si las preguntas y los casos prácticos están bajo su custodia y no se han difundido; y, deberán c ertificar si existió o no riesgo de que los docentes universitarios hayan filtrado los productos. Este concurso empezó en marzo de 2023 para elegir a dos de los cinco vocales del CNE, como parte de su renovación parcial. Este cambio ordenado en la Constitución debía cumplirse en noviembre de 2021, pero el CPCCS no lo hizo. En noviembre de 2024 debía producirse la renovación de los otros tres consejeros, pero tampoco se hizo, por lo que en la actualidad, el pleno del Consejo Electoral, presidido por Diana Atamaint, está en funciones prorrogadas.Adicionalmente, la institución electoral está organizando las elecciones de referéndum y consulta popular del 16 de noviembre, que en una de sus preguntas propone la instalación de una asamblea constituyente que redacte una nueva constitución. (I)

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