A cuatro meses de haberse iniciado la instrucción fiscal en el caso Liga2, el fiscal general encargado, Wilson Toainga, dispuso el cierre de esta etapa procesal y solicitó al juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que señale día y hora para que se realice la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en la que sustentará de forma oral su dictamen acusatorio contra los siete procesados por el delito de asociación ilícita.

Pese a que cerca de la medianoche del 13 de julio pasado se dispuso el cierre de la instrucción fiscal, en el escrito se aclaró que aquello se definió sin perjuicio de que se agreguen al proceso las diligencias dispuestas dentro de esta etapa.

Toainga explicó que es preciso poner en conocimiento del juez de la causa que el último día de instrucción fiscal, el pasado 13 de julio, se generó un impulso fiscal en el que se despacharon varios escritos presentados por las defensas de los procesados, ingresados de forma electrónica durante los días 12 y 13 de julio pasado.

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Presentación de Andrés Arauz en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en el caso Liga2. Foto: Cortesía

“Estos escritos, cuya atención generó pedidos de información, pericias y diligencias en aras de precautelar el derecho a la defensa, fueron dispuestos dentro del tiempo habilitado para la instrucción fiscal, pero que su práctica quedó para las semanas subsiguientes al cierre de la misma. Se estima que en aproximadamente 30 días se puedan acopiar todos los pedidos de información y diligencias requeridos por los procesados, situación que se comunicará de inmediato a su autoridad”, señala el escrito de la Fiscalía.

Ante esta situación, el fiscal Toainga solicitó al juez de la Corte Nacional que para el señalamiento de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio se considere un plazo razonable en tanto se acopia el expediente en su integridad.

Por asociación ilícita son investigados los exintegrantes del Consejo de Participación Ciudadana y parte de la denominada Liga Azul, cercana al correísmo, Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor; la aún integrante del CPCCS, Nicole Bonifaz; el excandidato presidencial de la Revolución Ciudadana (RC) Andrés Arauz; Raúl González, quien fue electo superintendente de Bancos en 2022, aunque se anuló su designación en la justicia ordinaria; y la exasambleísta de la RC Esther Cuesta.

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Todos son procesados por haber intervenido en la planificación de una estrategia para controlar las instituciones del Estado y beneficiar al movimiento de la RC, mediante el control de la Superintendencia de Bancos, el Consejo de la Judicatura (CJ), entre otras instituciones.

Por otra parte, el 6 de agosto próximo, a partir de las 08:30, se realizará la audiencia de revisión de medidas cautelares relacionadas con la procesada Esther Cuesta. La exlegisladora fue una de las tres personas vinculadas al caso Liga2 que debían cumplir el 13 de junio pasado su primera presentación periódica.

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González y Arauz sí cumplieron la presentación periódica dispuesta por la jueza Daniella Camacho, de la CNJ. El primero la cumplió ante la presidencia de la Corte de Justicia del Guayas el 9 de junio pasado y debe continuar haciéndolo cada quince días; mientras que Arauz lo hizo la mañana del 13 de junio pasado en la secretaría de la Sala Penal de la Corte Nacional y lo deberá hacer desde ese momento una vez cada mes.

Esther Cuesta no lo hizo y en su lugar entregó un escrito en el que incluyó un certificado médico de un profesional italiano, quien asegura que a Cuesta le es “imposible” realizar un viaje tan extenso a Quito a presentarse, pues su “salud se encuentra seriamente quebrantada”

En el escrito ingresado al expediente del caso Liga2 se solicita que se justifique su inasistencia y se tenga en consideración que su dolencia no permite vislumbrar una fecha de mejoría para ser dada de alta y poder presentarse, como se le definió el 4 de junio pasado que se dio su vinculación.

Una vez puesto en conocimiento de la Fiscalía el pedido de Cuesta y los documentos entregados para justificar su inasistencia, el fiscal Toainga señaló que la solicitud no se encontraría debidamente fundamentada, pues la documentación que la respalda no cumple con las solemnidades sustanciales mínimas ordenadas en la norma, lo que incidiría en la eficacia de los documentos, y no permite acreditar su veracidad y autenticidad. Ante ello, pedía que se rechazara.

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Con esa conclusión, el fiscal general encargado solicitó que se considere la oposición fundamentada de la Fiscalía y se niegue el pedido de justificación al incumplimiento de la presentación periódica que debía realizar la procesada Esther Cuesta, quien viviría actualmente en Italia. (I)