Fiscal del Estado pide a la Asamblea Nacional no colocar una camisa de fuerza en la investigación patrimonial de bienes ilícitos

La fiscal general del Estado, Diana Salazar, pidió a la Asamblea Nacional “no colocar una camisa de fuerza” para las investigaciones patrimoniales presumiblemente ilícitas, reduciendo de doce a tres meses los tiempos procesales para los casos de extinción del dominio. Acortar los plazos no sería adecuado y, sobre todo, técnico.

Salazar compareció este 26 de enero ante la Comisión de Régimen Económico y Tributario, que analiza el proyecto urgente del Ejecutivo para el ahorro y la monetización de recursos económicos para el financiamiento de la lucha contra la corrupción.

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La fiscal inició su exposición recordando que ella presentó un proyecto de reformas a la ley de Extinción de Dominio en octubre de 2022, donde realizó algunos planteamientos.

Afirmó que uno de los principales aspectos que ha hecho que la ley actual de extinción de dominio no se pueda aplicar en plenitud es la conexión que ostenta con la materia penal exigiendo como requisito de procedibilidad la existencia de una sentencia condenatoria ejecutoriada; por tal motivo, dijo que la Fiscalía considera que es fundamental modificar el artículo 7 de la normativa, eliminando dicho requisito y a su vez expandiendo el catálogo de delitos relacionados con actividad ilícita a todos los contenidos en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Si se mantiene este aspecto de prejudicialidad, explicó Salazar, significa que previamente vamos a continuar con la necesidad de obtener una sentencia condenatoria, y hay que tomar en cuenta que muchos criminales se encuentran prófugos y no son susceptibles de ser juzgados en ausencia y las causas quedan suspendidas y nunca se llega a tener una sentencia condenatoria; por lo tanto, genera impunidad y no se puede hacer uso de los bienes de esas organizaciones criminales. Recordó a los legisladores que en el caso lavado de activos no es un delito que se juzgue en ausencia.

Plazos

La Fiscalía General del Estado también observó la posibilidad de finalizar anticipadamente el proceso de extinción de dominio mediante la aceptación voluntaria de la demanda por parte del afectado, lo cual ayudará a agilizar la resolución jurídica de los bienes cuestionados y permite contar con una herramienta que dinamiza la aplicación de la presente ley, reduciendo los tiempos procesales; esto ahorrará recursos al Estado en el trámite.

Salazar cuestionó la reforma planteada en el proyecto urgente respecto a la intención de disminuir de manera excesiva los plazos de tramitación del proceso de extinción de dominio, que no contribuye a una pronta recuperación de bienes mal habidos, más bien se restringe la capacidad de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo investigaciones patrimoniales que, por su índole, requieren un periodo de tiempo que supera los 90 días.

Por lo tanto, la propuesta de duración de la investigación patrimonial de tres meses ocasionaría que la Fiscalía no logre recopilar los elementos necesarios para poder emprender una pretensión de extinción de dominio en contra de bienes y así provocar que el Estado no recupere dichos activos.

La fiscal Diana Salazar, en su comparecencia, dijo que la duración de doce meses para la investigación patrimonial que consta en la ley actual es adecuada, pero propone que se incluya una cláusula de excepcionalidad para casos complejos en los que el número de bienes sea de considerable cantidad o cuando esté de por medio uno o más bienes en el extranjero; por supuesto, no limitando que si la investigación puede estar antes de esos doce meses, la Fiscalía esté en capacidad de realizar. Pero que “no nos pongan una camisa de fuerza que luego se va a convertir en un obstáculo como el que ya tenemos, primero sobre la existencia del catálogo de delitos y, segundo, de la sentencia condenatoria”, dijo.

Insistió en que acortar los plazos de investigación no sería adecuado, y sobre todo, técnico; por lo que se está proponiendo es que para los casos en los que se encuentren los bienes en el país se mantengan los doce meses; y para aquellos casos, de forma extraordinaria, se pueda ampliar el plazo cuando los bienes se encuentren en otros países, porque para realizar una asistencia penal internacional algunos plazos de respuesta se demoran hasta tres años; y en los casos donde la cooperación es rápida la respuesta jamás es menor a tres meses.

Salazar dijo que las presentes reformas que están en trámite en la Asamblea Nacional fortalecerán el proceso y agilizarán la extinción de dominio de bienes de origen ilícito e injustificado, dotando al Estado de una herramienta útil en la recuperación de activos que es crucial en la lucha efectiva contra el crimen organizado y la corrupción del Ecuador.

Ante los legisladores reiteró que de la Asamblea Nacional depende la aprobación del proyecto donde se determine que no se requiera de una sentencia para extinguir un bien obtenido de manera ilícita, que se amplíe el catálogo de delitos y se incorpore la obligatoriedad de las entidades, sean públicas o privadas, de entregar la información en el plazo establecido por la ley.

La máxima autoridad de la Fiscalía dijo que conforme se vaya incrementado el número de casos también aumentará la capacidad de la unidad de extinción de dominio, pues en toda la Fiscalía existen 546 fiscales, lo cual significa que se tendrá que reestructurar en algo a la institución.

Insistió en que se trabaja en la seguridad de todos los fiscales y no solo de los que conocen los casos de extinción de dominio, sobre todo, de aquellos fiscales que están luchando contra el crimen organizado. Reveló que 1.196 personas forman parte del sistema; sin embargo, solo existen 150 policías asignados para su custodia.

Dijo que realiza gestiones para contar con seguros de vida para los fiscales, y para ello se pidió al Ministerio del Trabajo que permita la contratación, y que finalmente se ha entregado una respuesta. Lo que se necesita ahora es un dictamen presupuestario del Ministerio de Economía y Finanzas. (I)