Caso Nene: exvicepresidenta Verónica Abad asiste a audiencia en la que la Fiscalía y la víctima piden se revoque nulidad y se continúe con el juicio contra su hijo

Luego de más de una hora de escuchar los argumentos dados por el fiscal Leonardo Alarcón y David Meza, abogado de la víctima en el caso Nene, para que se levante la nulidad declarada de la audiencia de juzgamiento, desde su instalación, la mañana de este viernes, 1 de agosto, los jueces del Tribunal Primero Anticorrupción de la Corte de Pichincha, Silvana Velasco (ponente), Wiler Chóez y Byron Uzcátegui, ingresaron a deliberar su decisión.

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En la audiencia intervino Joffre Campaña, nuevo abogado del hijo de la exvicepresidenta Verónica Abad, Francisco Sebastián B. A., único procesado en el caso Nene que asiste a la etapa de juzgamiento por el delito de oferta de tráfico de influencias. A la diligencia virtualmente asistieron el acusado y su madre, así como también su defensa, el fiscal Alarcón, el abogado Meza y la víctima en esta causa, Rommel P.

La apelación fue planteada para que se revoque el auto de nulidad definido el 14 de julio pasado por los integrantes del Tribunal de Juicio de la Unidad Anticorrupción, Clara Soria, Andrés Muñoz y Jorge Sánchez, quienes de forma unánime decidieron declarar la nulidad de los dos días de audiencia de juzgamiento, a partir de su instalación, del denominado caso Nene.

La decisión se tomó, según se registra en la providencia, con el fin de evitar se vulnere el principio de inmediación, la tutela judicial efectiva, el debido proceso, el derecho a la defensa y otros derechos que cobijan a Francisco Sebastián B. A.

Los jueces anticorrupción decidieron la nulidad luego que no se pudo continuar con la audiencia de juzgamiento en el caso Nene, la cual se inició el 10 de marzo último, continuó al día siguiente, el 11 de marzo, y se suspendió para continuar el 9 de abril siguiente. Esta primera convocatoria no se pudo concretar porque la Sala de Juicio dejó sin efecto la convocatoria, llamando finalmente para el 26 y 27 de mayo siguientes para continuar con el juzgamiento.

El pasado 26 de mayo tampoco se instaló la audiencia y esto debido a que el abogado de Francisco Sebastian B. A. no se presentó. Santiago Hernández, defensa del hijo de la exvicepresidenta Abad y quien participó en los dos primeros días del juicio, no asistió, debido a que estaba afectado por el secuestro que vivió el 11 de marzo pasado, luego de la suspensión de la audiencia en el caso Nene, cuando viajaba junto con su equipo hacia la ciudad de Manta (Manabí).

El análisis del Tribunal Anticorrupción resalta que continuar con la reinstalación de la audiencia de juicio sin alguno de los abogados con los que se inició la presente audiencia vulneraría no solo el derecho a la defensa del procesado, sino también los principios y reglas del debido proceso y el derecho a la tutela judicial efectiva, pues no se podría garantizar la continuidad de la defensa.

Alarcón pidió que se revoque la nulidad señalando que la norma procesal establece mecanismos para garantizar la continuidad del proceso, incluso ante la renuncia del abogado. Aclaró que la nulidad procesal solo procede cuando se ha producido un vicio que afecte de manera grave la validez del proceso, como la falta de notificación o la vulneración de los derechos fundamentales, situaciones que, dijo, no han sucedido en este momento procesal.

“Solicito se revoque el auto de nulidad emitido (...) el 14 de julio del 2025. Por cuanto ahí sí estaría transgrediendo el mismo proceso, la seguridad jurídica establecidos en los artículos 11, 76, 82 y 69 de la Constitución, artículo 5, numeral 14 del Código Orgánico Integral Penal. Y si sucediera esto, señores jueces, ¿qué pasaría si mañana nuevamente se cambia de abogado, existe la audiencia, y nuevamente seguimos en el círculo vicioso? Pues no señores jueces, no se ha vulnerado derecho alguno a la defensa y menos aún en la presente causa”,refirió el fiscal Alarcón.

De su parte, David Meza cree que de confirmarse esta nulidad lo que se estaría abriendo es la puerta a un precedente nefasto para generar impunidad. Explicó que si el Tribunal de Apelación decide ratificar el auto de nulidad, se le estaría dando luz verde a que se permita que una persona dentro de un proceso, aprovechándose y beneficiándose del propio dolo que genera, pueda hacer que una audiencia de juzgamiento se nulite al no estar su abogado, quien inasiste por la razón que sea, incluidas razones que puedan ser creadas para que no avance el procesamiento penal.

El abogado Joffre Campaña defendió la nulidad declarada e indicó que lo que está en juego en esta audiencia es fundamentalmente la determinación de la garantía fundamental consagrada en la Constitución: el derecho que tiene toda persona para, en ejercicio del derecho a la defensa, poder justamente defenderse en igualdad de condiciones.

Yo creo que ese es el tema medular que hoy día nos ocupa. (...) Ese es el tema de la posibilidad de defenderse en igualdad de condiciones. Lo que haya ocurrido antes, detalles, sucesos, que si hubo o no un secuestro de un abogado, circunstancias ajenas a mi conocimiento y además ajenas al proceso como tal, en cuanto a materia sustancial, son temas hasta cierto punto secundarios o irrelevantes. Por tanto, ¿qué es lo que nos debe interesar? Hay o no la posibilidad de defenderse en las mismas condiciones cuando un abogado interviene en la mitad de una audiencia de juicio", refirió Campaña.

Luego de dar paso a réplicas y contrarréplicas, la presidenta de la Sala, Silvana Velasco, suspendió la diligencia, anotando que entran desde ese momento a deliberar la decisión a tomar y que serán, con el tiempo debido, notificados para la reinstalación de la audiencia en la que se escuchará de forma oral la resolución a la que arribaron.

Lo sucedido en la instalación de la audiencia de juicio en marzo pasado:

Francisco Sebastián B. A. es el único juzgado por el delito de oferta de tráfico de influencias, pese a que fueron dos los llamados a juicio el 19 de noviembre de 2024. El fiscal Alarcón acusa al hijo de la hoy exvicepresidenta Abad como autor directo del delito definido en el artículo 286 del COIP.

Leonardo Alarcón aseguró que con la prueba testimonial, pericial y documental que mantiene demostrará que Francisco Sebastián B. A. adecuó su comportamiento al delito de oferta de tráfico de influencias, es decir, intervino, junto al exasesor de su madre, Daniel Lenín R.P., procesado que mantiene el llamado a juicio en suspenso por estar prófugo, en solicitar parte del sueldo a una persona a la que le habían ubicado en un cargo público en el interior de la Vicepresidencia de la República.

A decir del denunciante, Francisco Sebastián B. A. sería uno de los que le contactó para ofrecerle el cargo de coordinador de Comunicación en la Vicepresidencia de la República. Por ese cargo se le habría pedido que debe entregar, del sueldo de $ 3.200 que iba a recibir, una buena parte de esa mensualidad. Primero se le exigía $ 2.000 mensuales y luego de una “negociación” la cifra quedó en $ 1.700.

Romel P. refirió en su denuncia que no habría podido pagar nada de lo pactado porque antes de reconocer su deuda y poder retirar una letra de garantía por $ 30.600 que le hizo supuestamente firmar Francisco Sebastián B. A., a mediados de febrero de 2024, al denunciante lo habrían notificado con la desvinculación del cargo en la Vicepresidencia de la República.

En marzo pasado, en dos días de audiencia de juzgamiento del caso Nene, la Fiscalía presentó a seis peritos y catorce testigos para sustentar la acusación. Alarcón en su “alegato de apertura” aclaró que en la sentecia debe tomarse en cuenta las circunstancias agravantes definidas en los numerales 5 y 9 del artículo 47 del COIP, es decir, cometer la infracción con participación de dos o más personas y aprovecharse de las condiciones personales o laborales de la víctima que impliquen indefensión o discriminación.

El artículo 286 del COIP, norma que habla de la oferta de realizar tráfico de influencias, señala que la persona que, ofreciéndose a realizar la conducta descrita en el artículo anterior, solicite arbitrariamente de terceros: donativos, dádivas, presentes, promesas, derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, ventajas, sueldos, gratificaciones, beneficios inmateriales o beneficios económicos indebidos u otro bien de orden material, para sí o para un tercero, por sí o por interpuesta persona o acepte ofrecimiento o promesa, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

Además del testimonio del denunciante, el fiscal Alarcón en juicio presentó otros testigos que confirmarían que la contratación de la víctima fue solicitada por la vicepresidenta Abad y que existía una acción de personal que lo respalda. También detallaron las actividades efectuadas por Francisco Sebastián B. A. antes y después de la posesión de la entonces vicepresidenta. (I)