Esteban Torres, coordinador de la bancada del Partido Social Cristiano (PSC) y quien presentó la denuncia en contra de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, por incumplimiento de funciones, considera que los días de la principal autoridad del Parlamento “están contados”.

Que el principal pecado lo cometió ella en diciembre de 2021, cuando olvidó el equilibrio y pretendía cumplir la agenda del Gobierno, lo cual la llevó a perder la confianza de las fuerzas políticas legislativas. Y que sus denuncias son suficientes para que Llori deje el cargo y se produzca un cambio de timón.

¿Cuáles son las acusaciones contra Llori que podrían llevarla a su destitución?

El irrespeto al artículo 140 de la Ley de la Función Legislativa, cuando no dio paso a la apelación a la presidencia, que curiosamente sí cumplió para conformar la comisión pluripartidista en la sesión pasada. Y la segunda: no poner en el orden del día las sesiones legislativas pendientes dentro del plazo de 30 días.

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¿No pesa más lo político que lo legal?

Sin descuidar lo legal, que es lo fundamental, siempre pesa más lo político en el pleno, donde se tomará la decisión final.

¿El PSC no está haciendo el juego al correísmo?

En absoluto, más bien han señalado que es UNES el que hace el juego al PSC. No creo que haya juego alguno, porque además la única denuncia presentada es contra la presidenta; y la única, si llega a prosperar la demanda, que será removida es la presidenta. Y eso significa que ni alguien de UNES ni del PSC se sentará en la presidencia de la Asamblea; nosotros lo descartamos.

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Pero Guadalupe Llori insiste en que el PSC y UNES buscan el control y el reparto de todo.

Eso es falso y se cae en los hechos. Se ha dicho que quieren adelantar juicios, y la única forma que puede tratarse de forma inmediata es que otros juicios previos sean retirados.

Pero eso ha sucedido: retiraron el juicio al procurador.

Tendrían que tratarse los demás juicios que aún están pendientes para llegar al del Consejo de Participación Ciudadana, como señalan; y, si son destituidos los miembros del Consejo de Participación, los remplazan personas elegidas en las urnas. Es decir, no es que el pleno del Parlamento tiene una nueva mayoría y la potestad para nombrar personas para ese consejo. Y quien realmente tiene el Consejo es el Gobierno, que se tomó con policías ante una remoción ilegal.

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¿El fin no es tener un contralor, un procurador o un fiscal a la medida?

En absoluto, nosotros no hemos puesto juicio político ni al contralor, procurador ni a la fiscal. De hecho, hemos respaldado el archivo del juicio al procurador y al contralor. El único interés que tendríamos es que en las designaciones que realice el Consejo de Participación vayan personas que cumplan requisitos y que sean ciudadanos ilustres, que no se presten ni para abusos ni persecuciones ni para ilegalidades.

¿Cuál fue el pecado central de Llori?

Haberse entregado al Gobierno. Cuando ella, en su derecho, decidió hacer todo a lo que desde Carondelet la obligaban, perdió la confianza y rompió un equilibrio curioso que había hasta diciembre pasado entre las fuerzas políticas con la presidenta Llori. Pero el rato que con varias actitudes demostró que quería cumplir la agenda del Gobierno, empezamos a pensar mal: ¿por qué alguien se entregaría al Gobierno sin tener nada a cambio? En ese momento perdió la confianza.

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¿Cómo mantenían ese equilibrio?

Cuando la Asamblea se unió como institución para rechazar la megaley, que era inconstitucional, que trataba varios temas, había sin duda un liderazgo que se esperaba de la Asamblea. Pero cuando ese tipo de actitudes se dejaron de lado y se dio paso a lo que quería el Gobierno, como aprobar los nuevos impuestos, comenzamos a dudar de que la Asamblea iba a seguir de forma independiente. Y el tiempo nos ha dado la razón, pues el único bloque firme que defiende a la presidenta es el del Gobierno.

En el momento en que la presidenta dio ese viraje, ¿empezaron ustedes a buscar su destitución?

Lo hemos comandado, a tal punto que la única denuncia presentada y calificada es la presentada por mí con el respaldo de la bancada.

¿No es una vendetta del PSC contra el Gobierno por romper los acuerdos políticos?

En absoluto, la gente tiene derecho a hacer pactos y a votar como quiera. Y a nosotros nos faltó un voto para obtener la presidencia de la Asamblea; nunca nos vieron interponiendo acciones constitucionales y legales, entorpeciendo la Asamblea; así es la democracia en el pleno. En este momento, hay una mayoría muy fuerte que está molesta por como procede la Asamblea, y quizá esa mayoría se diluye una vez que esto ya se termine.

¿No cree que hay posibilidades de entenderse con Guadalupe Llori?, ¿o ya es tarde?

La presidenta Llori, por su obstinación, no solo ha puesto en riesgo su cargo como presidenta, sino incluso la permanencia en su curul; y eso se ve por las denuncias que ha presentado la bancada de UNES y por la denuncia que va a presentar el legislador Bruno Segovia para removerla del cargo de asambleísta. Así qué mediación puede haber, si no da un paso al costado. Además, la presidenta ha presentado todo tipo de acciones judiciales, e incluso llegó a pedir la detención de los asambleístas que conformaron la comisión para investigarla.

Entonces, ¿si no renuncia, no hay diálogo?

Así es, porque no se puede tolerar que una condición de ese supuesto diálogo sea que siga alguien muy cuestionada en la presidencia de la Asamblea.

O sea, ¿un diálogo con condiciones?

Por nuestra parte, sí; pues, luego de todo lo que se ha hecho, tener un diálogo sin condiciones sería de ingenuos.

Es decir, ¿Llori ya no va más?

Guadalupe Llori, sin duda, ya no va más. Al menos veo eso en el horizonte que se va a cumplir.

¿Quién remplazaría a Llori?

Según la ley, si la única denuncia que se procesa es la presentada por mí, la remplazaría el actual primer vicepresidente, Virgilio Saquicela.

¿Goza de confianza Virgilio Saquicela?

El asambleísta Saquicela llegó a la vicepresidencia por el Gobierno; no es socialcristiano ni de UNES ni de Pachakutik. Él gozará de la confianza si llega a estar en ese cargo en tanto y en cuanto respete la independencia de la Asamblea Nacional, la cordura que se busca y el liderazgo que ha perdido la Función Legislativa. Mientras tenga esas características, sin duda, tendrá una especie de confianza; y, si comete el mismo error de quien hoy preside la Asamblea, seguramente correrá la misma suerte.

Si se va Llori, ¿no habrá una investigación sobre los siete miembros del CAL?

Se han presentado dos denuncias sobre los siete miembros del CAL, pero son denuncias colectivas que tienen un problema jurídico para ser procesadas, porque generan un vacío en el órgano calificador, que es el CAL. Así que habrá que ver cómo se solventan esas denuncias. Aunque también hay recomendaciones de que en ese tipo de cosas se individualicen las denuncias para evitar el vacío legal.

Es decir, ¿no hay el camino para llevar a una investigación a todo el CAL?

No hay el camino jurídico; es complejo. La ley no está bien hecha y, por eso, la única denuncia presentada y calificada con resolución del CAL es contra la presidenta de la Asamblea.

Entonces, ¿se tendrían que individualizar las denuncias?

Habrá que discutirlo más adelante, cuando se tome una decisión de qué pasa con las denuncias ya presentadas y que están vigentes. El problema es que no tienen cómo ser tramitadas.

¿El único acuerdo con esta nueva mayoría coyuntural es Llori?

Evidentemente, hay una mayoría de pluribancadas para el tema Guadalupe Llori. Todos hemos creído que lo lógico era que en este proceso hubiera estado el CAL, porque habría sido una autodepuración completa un año antes de su renovación natural. Pero la complejidad jurídica de que se procesen esos temas no puede ser sacrificada por algo que ya está en el tapete, que es el tema Llori.

Pero ¿hay algunas acciones judiciales abiertas?

Yo descartaría las amenazas del lado judicial. Creo que la decisión política que tomó el pleno ha desarmado todo el castillo de naipes que tenían pensado para entorpecer el proceso. Creo que los jueces ven con cierto recelo entrometerse en decisiones del pleno de la Asamblea. Aunque jamás hay que descartarlas.

¿Cuál es el giro que debe tomar la nueva administración frente al Gobierno?

Primero, retomar el liderazgo de la Asamblea Nacional, exigir pronunciamientos y demandar respuestas cuando se ataque a la institución. ¿Cómo puede ser posible que desde el Ejecutivo se acuse a cinco asambleístas de que han ido a pedir plata por una ley? Eso es gravísimo, y que no haya un pronunciamiento oficial de la Asamblea o se demande que lo dicho se pruebe, o exigir que se presenten a través del jefe de la bancada de Gobierno las denuncias respectivas al Comité de Ética. (I)