En calidad de autora directa la Fiscalía acusó a la exasambleísta Karina Arteaga y pidió al juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Walter Macías, la llame a juicio por el delito de concusión ocurrido en la Asamblea Nacional. El dictamen acusatorio también se extendió al esposo de la exlegisladora, Jhon Álava, y a la exfuncionaria de la Asamblea, Jenny Muñoz, ambos en calidad de cómplices.

Con la presencia física de los sujetos procesales en la sala de audiencias de la Corte Nacional, como lo ordenó el juez penal Walter Macías, la mañana de este viernes 24 de septiembre, se instaló la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el delito de concusión contra los tres procesados.

El 13 de septiembre pasado no se instaló esta misma diligencia debido al cambio de última hora del abogado de Álava y la no asistencia de la defensa de Arteaga. Macías dos meses antes había determinado que en el caso existió una violación del procedimiento, lo que generaba la nulidad procesal desde el primer día de la vinculación a la instrucción fiscal.

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En ese momento, Macías explicó que se violentó el derecho legal de Álava y Muñoz a tener 30 días luego de la audiencia respectiva para ejercer su defensa, pero en lugar de ese tiempo, el juez que estaba a cargo de la causa, David Jacho, hizo una ponderación desde su perspectiva y solo les otorgó 15 días.

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La teoría de Fiscalía apunta que Arteaga, a quien se le cambió el arresto domiciliario por la presentación periódica, en calidad de legisladora habría exigido aportaciones indebidas a sus colaboradores en la Asamblea a través de terceros. La Fiscalía dijo mantener elementos que revelan que Arteaga, en 2018, dijo a su personal que podían conseguir un empleo, pero con un aporte de su remuneración mensual.

El fiscal general subrogante, Wilson Toainga, sostiene que sobre estos hechos existirían depósitos en la cuenta del esposo de la entonces asambleísta por aproximadamente $ 31.000. En mayo de 2019, Verónica Pinargote, excolaboradora de Arteaga y acusadora particular en este caso, acudió a la Fiscalía a denunciar que su exjefa le exigía $ 2.861 mensuales a cambio de mantenerla en su puesto de trabajo como asesora.

A decir de la denunciante, el dinero exigido habría sido “depositado mensualmente en una cuenta bancaria a nombre del cónyuge de la entonces asambleísta, para cubrir una cuota por la adquisición de un vehículo y otros gastos personales”. Además de Pinargote existen dos víctimas más que son parte de este proceso penal pese a que no han presentado acusación particular: Nabrit Medina y Freya Orellana.

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La audiencia se instaló a las 08:00 de este viernes para evacuar la primera fase en la que se analizará si existe validez procesal o por lo contrario hay alguna nulidad que invalide todo lo actuado por la Fiscalía en la etapa de instrucción fiscal.

La defensa de los procesados alegó que se han violentado principios de legalidad y procedibilidad al extender “exageradamente” el tiempo de instrucción fiscal y que no se pidió autorización a la Asamblea para procesar penalmente a Arteaga. Toainga, la representante de la Procuraduría, la defensa de la acusadora particular y el abogado de las otras dos víctimas se opusieron a las alegaciones dadas y pidieron al juez Macías que declare válido todo lo actuado y se instale la fase de sustentación del dictamen acusatorio de Fiscalía.

Una vez escuchados las alegaciones, Walter Macías abandonó la sala e ingresó a analizar lo dicho por las partes. Luego de una hora el juez retornó y dio a conocer de forma oral que al no existir mérito en las alegaciones planteadas por las defensa de los procesados, rechazaba las mismas y declaraba la validez procesal.

Inmediatamente inició el fiscal Toainga con la presentación de los elementos de convicción que mantenía para acusar a los tres procesados y al final de la exposición pidió juez Macías emita un auto de llamamiento a juicio contra todos. Toainga al momento hace su anuncio probatorio, es decir, está anunciando toda la prueba pericial testimonial y documental que usará en el caso de que el juez de paso al pedido y llame a juicio Arteaga, Álava y Muñoz.

Pedidos similares a los de la Fiscalía de que se llame a juicio a los tres procesados hizo la Procuraduría y la defensa de Verónica Pinargote, como acusadores particulares, y el abogado de las otras dos víctimas. Concluidas estas intervenciones, el juez penal Macías suspendió la diligencia y convocó a las partes para la reinstalación de la misma el próximo lunes 27 de septiembre a las 11:00, en la misma sala de la CNJ. (I)