A la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional siguen llegando los pedidos de prueba y comparecencias respecto al juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso, acusado de supuesto delito de peculado en el transporte de combustibles a través de un contrato entre Flopec y Amazonas Tankers.

Este 14 de abril recibió 39 solicitudes de prueba de los legisladores integrantes de la mesa de Fiscalización y del presidente de la República, que incluye pedidos de documentación a entidades públicas e incluso de la misma Asamblea Nacional, esto es, una copia certificada respecto al informe presentado por la Comisión de Régimen Económico respecto a una investigación sobre el caso Flopec.

También se pide que la fiscal general del Estado remita copias certificadas de los impulsos fiscales realizados y el estado de la investigación penal denominada caso Encuentro, “que tiene relación con los casos de corrupción vinculados al manejo irregular de las empresas públicas, entre ellas, Flopec”, señala el pedido del grupo de asambleístas que buscan la destitución del mandatario.

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A la sesión de la comisión realizada este 14 de abril solo llegaron tres legisladores de manera presencial y los demás se conectaron de manera virtual. Pero junto al legislador Roberto Cuero (UNES) se sentaron los tres de los cuatro legisladores proponentes del juicio: Viviana Veloz, Mireya Pazmiño y Rodrigo Fajardo. También estuvo presente el representante del bloque oficialista, Guido Chiriboga.

La sesión se instaló pasadas las 10:00 del viernes y se procedió a conocer los pedidos de los legisladores Comps Córdova, Roberto Cuero (UNES) y Fernando Villavicencio (IND). También se dio lectura de los quince pedidos y anuncio de prueba planteados por el presidente Guillermo Lasso.

Viviana Veloz y Mireya Pazmiño aclararon a la mesa que en las peticiones realizadas no existen nuevas pruebas, sino las contempladas en la solicitud de juicio del 16 de marzo.

También participó en la sesión, de manera telemática, Édgar Neira, abogado del primer mandatario en esa causa, quien advirtió que no se puede pedir prueba nueva en este proceso, pues dijo que “llama mucho la atención que se plantee prueba nueva en el proceso de juicio político”. Neira presentó, a nombre del acusado, quince pedidos de prueba y comparecencias.

Insistió en que la Corte Constitucional en su dictamen respecto al juicio político estableció que en el proceso de juicio político se excluya la consideración de hechos, de inferencias y pruebas que se relacionen con los cargos primero y segundo del artículo 129 de la Constitución, así como lo relativo a otros indicios que vulneran supuestos principios de confianza. Pidió a la comisión despachar las solicitudes probatorias presentadas en descargo de la posición del primer mandatario.

Ambiente tenso

El ambiente en la comisión se volvió tenso entre legisladores proponentes del juicio y el presidente de la mesa de Fiscalización. Viviana Veloz, proponente del juicio, aclaró al abogado del acusado y al presidente de la mesa que las pruebas que presentaron se relacionan con el encausamiento del juicio político al presidente de la República y que jamás ni ella ni los demás solicitantes del juicio han solicitado prueba nueva. “Esa competencia no tenemos nosotros”, dijo.

Mireya Pazmiño, también proponente del juicio, pidió a Villavicencio que mantenga la imparcialidad de cómo se va a debatir este juicio político; “creo que sus pronunciamientos en cuanto a las respuestas y pruebas de que se presenten, en las que usted menciona que el juicio político está caído, creo que está fuera de lugar y fuera del procedimiento de la ley”.

“Nunca he dicho que se ha caído, he dicho que hay gente que se tropieza y se cae”, respondió el asambleísta Villavicencio.

Enseguida, Veloz volvió a intervenir para señalar que el abogado del presidente de la República pretende engañar a la ciudadanía diciendo que no procede la solicitud de prueba nueva. “Lo vuelvo a repetir, para que se entienda, los solicitantes no hemos pedido a la Comisión de Fiscalización la solicitud de prueba nueva”, reiteró.

Roberto Cuero (UNES) reforzó lo afirmado por Veloz y cuestionó que el abogado del acusado pretenda insertar “en el inconsciente colectivo de la sociedad el término prueba nueva”, aquí nadie ha pedido prueba nueva, lo que se ha hecho como comisionados es presentar pruebas de oficio, insistió.

Pedro Velasco, integrante de la Bancada Acuerdo Nacional (BAN), intentó bajar tensiones y solicitó que en este proceso de juicio se avance por partes, porque recién se está en la primera fase que incluye diez días de plazo para que el presidente de la República conteste las acusaciones y se están evacuando las solicitudes de pruebas de los asambleístas, y aún no se puede avanzar a lo que significa prueba y menos a valorar la prueba, eso vendrá en su momento.

Villavicencio anunció que recién el lunes próximo convocará a la comisión para una sesión donde se conocerá la respuesta del presidente Guillermo Lasso a la acusación política por supuesto peculado. Esa sesión sería convocada para el martes.

También pidió a los legisladores proponentes del juicio que remitan a la comisión la información sobre los motivos de comparecencias de los funcionarios que constan en la lista de pedidos, porque se convocará a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y no se puede notificar que asista a la Comisión de Fiscalización a hablar de un tema general.

Roberto Cuero sugirió al presidente de la mesa aprovechar el tiempo y que se convoque a la comisión a sesión el fin de semana para conocer y armar el cronograma de comparecencias.

Ese planteamiento fue refutado por el asambleísta Pedro Velasco (BAN), porque dijo que reunirse el fin de semana antes de que concluya el plazo para la presentación de las pruebas sería violar el procedimiento; pues el plazo se vence a las doce de la noche del domingo para que el presidente, Guillermo Lasso, conteste la acusación. Y recién el lunes se podrá convocar a sesión para conocer la contestación, los anuncios de pruebas y aprobar el cronograma de comparecencia.

Viviana Veloz volvió a intervenir para expresar su preocupación de cómo se lleva este proceso de juicio político en la Comisión de Fiscalización, pues primero se inventaron un procedimiento y se dictaron providencias, y es claro que se busca dilatar el tiempo, sostuvo. Pidió a la comisión que respete el debido proceso y se respete la norma.

Antes de concluir la sesión intervino la legisladora Mireya Pazmiño para señalar que en la ley se establecen los plazos para el juicio, y que no tienen que ir a revisar la ley de Garantías y Control Constitucional para inventarse nuevos plazos, o es que quiere convertirse en un juez de justicia ordinaria. “Recuerde que hay recusación cuando se pronuncia con antelación a las pruebas presentadas y al informe”.

“Sabemos que usted está más apasionado que el abogado Neira para salvar al presidente de la República, eso lo sabemos y su posición ha sido muy clara... Usted defiende a su presidente y el pueblo ecuatoriano quiere que salga, y las pruebas suficientes se han presentado, solo sea imparcial, señor presidente de esta comisión”, subrayó Pazmiño.

Villavicencio respondió a Pazmiño y señaló que un juicio político se basa en derecho; “yo espero que sus pruebas sean contundentes, eso se determinará en un informe motivado, no antes. Las sentencias son después de los procesos de sustanciación, primero las medias y después los zapatos”.

“Si usted viene a mi comisión a decir que el presidente de la comisión está defendiendo al presidente de la República, yo también podría decirle que usted está defendiendo a Amazonas Tankers, yo la invito a que sea muy responsable”, subrayó Villavicencio. (I)