En medio de una crisis de inseguridad, 13,4 millones de ecuatorianos acudirán este domingo, 20 de agosto, a las urnas para elegir al presidente y vicepresidente de la República, a 137 asambleístas nacionales, provinciales y del exterior, y para pronunciarse en consulta nacional sobre la permanencia del petróleo bajo tierra en el Yasuní, así como, de manera local, respecto a la explotación minera en el Chocó Andino.

Estos comicios se derivaron de la declaratoria de muerte cruzada del presidente de la República, Guillermo Lasso, que provocó la disolución de la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, y el consiguiente adelanto de elecciones.

La campaña estuvo marcada por las prisas, ya que no existía legislación para regular los comicios exprés, y por hechos de violencia que conmocionaron al país, como los crímenes de Fernando Villavicencio, candidato presidencial por el movimiento Construye, y de Rider Sánchez, candidato a asambleísta por Esmeraldas de la alianza Actuemos.

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Son ocho los aspirantes presidenciales que constarán en la papeleta presidencial: Yaku Pérez, de la alianza Claro que se Puede, listas 2-17-20; Daniel Noboa, representante de la alianza ADN, listas 4-35; Luisa González, del movimiento Revolución Ciudadana, lista 5; Jan Topic, de la alianza Por un País sin Miedo, listas 6-3-1; Otto Sonnenholzner, por la alianza Actuemos, listas 8-23; Bolívar Armijos, quien corre por el movimiento Amigo, lista 16; Fernando Villavicencio, del movimiento Construye, lista 25, que será reemplazado por Christian Zurita Ron tras su asesinato; y Xavier Hervas, del movimiento RETO, lista 33.

Su discurso de campaña giró en torno al problema de la inseguridad, y así lo mostraron en sus recorridos por el país y en el debate electoral obligatorio, aunque solo siete participaron en este último, porque la precandidatura de Christian Zurita, que reemplazó a Villavicencio, recién fue calificada por el Consejo Nacional Electoral el miércoles 16 de agosto, y no pudo asistir, lo cual reveló una serie de vacíos legales en el Código de la Democracia para regular los hechos circunstanciales previos a un proceso electoral.

Quiénes y qué elegirán

En todo el país están convocados 13′450.047 electores, de los cuales 6′823.832 son mujeres y 6´626.215 son hombres, quienes deberán elegir uno de los ocho binomios presidenciales, 15 asambleístas nacionales, 116 asambleístas provinciales y 6 asambleístas del exterior.

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) activó 40.714 juntas receptoras del voto (JRV) a nivel nacional, que estarán integradas por 279.244 personas.

Vocales de las juntas receptoras del voto llenarán una ‘hoja padrón’ para evitar las inconsistencias numéricas en el escrutinio

Aquellos miembros de las JRV que no acudan a cumplir con el deber cívico deberán pagar una multa de $ 67,50, es decir, 15 % del salario básico unificado; y aquellas personas que acudan a las mesas y luego abandonen sus funciones tendrán una multa que va desde los $ 4.500 hasta los $ 9.000.

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Medidas de seguridad

El día de los comicios se activarán más de 100.000 funcionarios del eje de seguridad en todo el país. La Policía Nacional desplegará 53.707 elementos en los exteriores de los recintos electorales, mientras que las Fuerzas Armadas tendrán 43.000 hombres y mujeres en el resguardo del voto.

Fuerzas Armadas tienen bajo custodia los 4.390 recintos electorales tres días antes de las elecciones del domingo 20 de agosto

Todos los candidatos presidenciales contarán con resguardo policial en el momento de la votación, al igual que otros 44 aspirantes a legisladores, que se concentran más en las provincias de Guayas, Manabí, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Cañar.

Quienes lleven paquetes, mochilas o carteras a los recintos electorales serán revisados por la fuerza pública, como parte del plan de seguridad en los comicios de este 20 de agosto. Con ello, se tendrá mayor control y se descartarán atentados.

Los municipios del país realizarán controles en las inmediaciones de los recintos electorales para evitar la proliferación de ventas ambulantes con el fin de evitar aglomeraciones en los accesos de los establecimientos educativos que son sitios de votación. (I)

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