Considerando el feriado que se aproxima y el tiempo de citación, la jueza de Pichincha Cecilia Pareja, de la unidad de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, convocó a las partes procesales, para el lunes 10 de abril próximo, a la audiencia en la que se conocerá, analizará y resolverá la acción de protección presentada por Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), contra el primer mandatario, Guillermo Lasso; el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena; y el procurador general del Estado, Juan Carlos Larrea.
Terán ha asegurado que presentó la acción constitucional como ciudadano, no como titular de la Judicatura, que busca exigir al Ejecutivo el presupuesto suficiente para que la Función Judicial cumpla con la misión de garantizar el acceso efectivo de los ciudadanos al servicio de justicia. La audiencia se realizará en el piso 11 del Complejo Judicial Norte, en Quito, a partir de las 09:00.
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Mediante un comunicado, el CJ sostiene que la garantía jurisdiccional fue presentada contra los tres funcionarios públicos por “omisión de su deber de proveer recursos económicos suficientes para el ejercicio de los derechos a la defensa, acceso a la justicia, tutela judicial efectiva, trabajo digno y seguridad jurídica de los usuarios del servicio de justicia y de quienes trabajan en su prestación”.
Wilman Terán aseguró que llegó a esta instancia porque cree que un poder del Estado en donde se realiza la justicia de la ciudadanía no puede estar “implorando migajas”. “El derecho se lo pide frontalmente, de pie y sin ningún temor”.
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En el texto de la acción de protección se señala que en los últimos diez años la Función Judicial ha sufrido una reducción presupuestaria de más de $ 200 millones. Esta situación, se explica desde la Judicatura, ha generado escenarios preocupantes, donde el acceso gratuito a la ciudadanía a la justicia se ejerce únicamente en una dimensión formal.
Ante la “evidente y práctica” vulneración de derechos de usuarios y trabajadores del sistema de justicia, la acción de protección incluiría pedidos para que existan reparaciones de parte de los órganos que con sus omisiones vulneraron los derechos de protección, entre ellos, el derecho a la justicia y la tutela judicial efectiva.
Se pediría se ordene a la Presidencia de la República que coloque una placa visible en cada dependencia que diga en el sistema democrático del Ecuador se garantiza la seguridad jurídica y la independencia de poderes por medio de la adecuada asignación y dotación de los recursos públicos por parte del Poder Ejecutivo al Poder Judicial.
Además, se disponga a la Presidencia de la República y al Ministerio de Finanzas que devuelva el dinero ausente de la Función Judicial consistente en $ 265 millones, que se fijen intereses por los presupuestos faltantes de los últimos diez años y el caso de demorar la devolución, porque se está pidiendo que se lo haga dentro de un tiempo determinado, que exista un recargo del 10 % por cada día de retraso.
La jueza Pareja dispuso que los testigos enunciados por Wilman Terán: los directores General, de Talento Humano, de Innovación, de Gestión Procesal y Administrativo del Consejo de la Judicatura, presenten el informe solicitado para lo cual el accionante, es decir, Terán, debe brindar las facilidades del caso. Los demás testigos requeridos deberán comparecer el día de la audiencia a rendir el testimonio de forma presencial.
Ya los accionados, es decir, el presidente Lasso, el ministro Arosemena y el procurador Larrea empezaron a ser notificados con la demanda y sus anexos, además de la providencia con la fecha para la audiencia. Con el fin de garantizar el principio de publicidad Pareja ordenó que esta providencia sea publicado en la página oficial del Consejo de la Judicatura para el conocimiento de las presuntas víctimas. (I)