Seis meses después de haber iniciado el Consejo de la Judicatura (CJ) el concurso público para designar 14 jueces especializados en el juzgamiento de delitos de corrupción y crimen organizado, el 72 % de los 36 aspirantes que quedan en carrera para uno de esos cargos proviene de la carrera judicial, es decir, actualmente ocupan puestos como jueces penales, fiscales y defensores públicos.

El proceso abierto para cumplir un paquete de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), aprobado por la Asamblea Nacional en 2020, cumplió la fase de impugnación ciudadana y control social, es decir, un ciudadano pudo impugnar a los postulantes respecto a su probidad, trayectoria personal éticamente irreprochable, falta de cumplimiento de requisitos, falsedad en la información otorgada por la persona postulante o inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones establecidas en la Constitución o la ley.

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Entre el 24 y el 26 de agosto pasado fue el periodo dispuesto para que se presenten las impugnaciones que se creyeren. Siete solicitudes de impugnación contra el mismo número de aspirantes fueron presentadas: cuatro para candidatos a juez de Corte Provincial, una para aspirante para juez de Tribunal Penal y dos para postulantes a jueces de Unidad Judicial Penal.

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Las siete impugnaciones fueron inadmitidas debido a que tuvieron falta de presentación de requisitos generales establecidos.

Lo que sí se decidió en esta fase fue descalificar del concurso a Vinicio Rosillo, porque en su contra existiría una sanción de destitución impuesta por el CJ, lo que significa una inhabilidad establecida en el artículo 77, numeral 6, del Código Orgánico de la Función Judicial. En la hoja de vida de Rosillo consta que él fue director del CJ en Santo Domingo de los Tsáchilas, entre 2011 y 2012.

De los 36 postulantes que siguen en el concurso, 26 de ellos ocupan actualmente puestos de agentes fiscales de áreas como delincuencia organizada, derechos humanos, adolescentes infractores, secretarios y asistentes de Fiscalía, fiscales provinciales subrogantes, defensores públicos, ayudantes judiciales, jueces de lo penal y un coordinador provincial de Control Disciplinario en la Judicatura de Esmeraldas.

Pichincha, Manabí, Guayas, Chimborazo, Esmeraldas, Azuay, Cotopaxi y Tungurahua son las provincias en donde se ubican las sedes judiciales en las que laboran estos aspirantes a jueces especializados en crimen organizado y corrupción.

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La trayectoria laboral señalada en las carpetas de los restantes postulantes revela que hay un exfiscal general del Estado, Paúl Pérez Reina, quien estuvo en el cargo por cinco meses en el 2018.

También hay un exfuncionario del área jurídica del Consejo de Participación Ciudadana y actuales profesionales del derecho que laboran en entidades públicas como el Municipio de Quito, el Seguro Social y la Prefectura del Guayas. Hay otros tres juristas que actualmente se dedican al libre ejercicio profesional.

El presidente encargado del CJ, Fausto Murillo, califica de un “hito para el país y la Función Judicial” la creación de esta nueva Unidad Judicial Especializada. Cree que es vital en estos momentos que por primera vez existan jueces especializados para juzgar 44 tipos penales relacionados con corrupción y crimen organizado y que han sido evaluados de una forma rigurosa.

El Consejo de la Judicatura espera para el 19 de septiembre próximo tener la lista de aspirantes que aprobaron el concurso público de méritos, oposición e impugnación ciudadana y pasan al curso de formación inicial de 52 días para acceder a la carrera judicial jurisdiccional. Quienes superen este curso serán declarados elegibles en el orden del puntaje obtenido, prelación y paridad.

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Para este mismo septiembre, pero para finales, el presidente Murillo y los vocales del CJ, Maribel Barreno y Juan José Morillo, también esperan que se resuelva el juicio político que se les inició en la Asamblea Nacional ante un supuesto incumplimiento de funciones. Este proceso ya tuvo una primera votación, la cual no alcanzó los respaldos necesarios para la censura y destitución, y ahora está en suspenso conocer el resultado de una reconsideración que no se trató en la última plenaria del Legislativo, que ya ingresó en vacancia.

Entre los 30 y 40 años de edad se ubica el 67 % de los postulantes, el aspirante que mayor edad mantiene registra 58 años y otros once profesionales nacieron entre 1971 y 1979. De 425 personas que arrancaron el proceso, al momento solo quedan en carrera 25 hombres y 11 mujeres. (I)