Un Tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha prevé resolver el pedido de doce personas para que se dicten medidas alternativas a la prisión preventiva, al ser detenidas por la quema del cuartel de la Policía Nacional en Otavalo (Imbabura), que se produjo los primeros días de la convocatoria a un paro nacional en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel.

Desde las nueve de la mañana de este 17 de octubre de 2025 se instaló en el Complejo Judicial Norte, en Quito, una audiencia de apelación a la medida cautelar de prisión preventiva que se dictó en contra de doce personas procesadas por el delito de terrorismo.

En la diligencia participaron, de forma virtual, los sospechosos que fueron detenidos mientras se producía un enfrentamiento entre manifestantes con efectivos de la Policía Nacional el 22 de septiembre, primer día del paro nacional al que convocó la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

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De los doce sospechosos, once son parte de comunidades indígenas de Imbabura que fueron trasladados a la cárcel de esa jurisdicción el jueves último y uno tiene su residencia en Manabí.

Este último es Verni A. A., quien se encuentra en la cárcel de Manabí.

Entre los abogados defensores está Mario Ruiz, exasambleísta de Pachakutik (PK), quien pidió que se dispongan medidas alternativas a la prisión preventiva, como presentación periódica o grillete electrónico.

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Ruiz defiende a Diego Armando L. R., Elvis Damián L. M. y Luis Enrique M. F., sobre quienes presentó elementos de descargo, esencialmente, que no eran parte de la protesta en la que se produjo la quema del cuartel de la Policía.

Al contrario, manifestó, llegaban de sus trabajos, por lo que no habría elementos de convicción que vinculen a los acusados por los hechos ocurridos aquel lunes.

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El Tribunal de apelación de la Sala Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado está integrado por los jueces Esteban Coronel, Mabel Tapia y Fernando Sánchez (ponente), quienes escucharon los argumentos de los abogados defensores como de Berny Jonathan A. A.

Sobre este último se argumentó que tiene 40 % de discapacidad mental y que aún así se le dictó prisión preventiva.

Al mediodía el juez Sánchez suspendió la audiencia hasta las 13:00, para dar paso a la Fiscalía, en cuyo caso, el agente a cargo de la investigación es Galiano Balcázar e informará si está de acuerdo con que se dicten medidas alternativas a la prisión. (I)