Con investigaciones previas abiertas por la paralización de un servicio público, tras la suspensión de la señal de telecomunicaciones en las antenas repetidoras en Pilisurco, en Tungurahua; ante una posible extralimitación de funciones en una incursión de la Policía en el sector de Calderón, en Quito; y por el delito de terrorismo que habría existido en la quema de dos Unidades de Policía Comunitaria (UPC) en Calderón, son con lo que cerró la Fiscalía la contabilización de delitos a indagar al haber ocurrido en el contexto de las manifestaciones a nivel nacional en 18 días de paro.

La Fiscalía informó inicialmente que entre el 13 de junio que arrancó el paro nacional convocado principalmente por tres organizaciones del sector indígena y el 28 de junio últimos, la institución abrió 290 casos: 261 en fase reservada de investigación previa y 29 instrucciones fiscales por distintas figuras penales.

Al 30 de junio último, fecha en la que se firmó el acuerdo para suspender las movilizaciones a escala nacional, el total de casos estarían llegando a la cifra de 300 procesos abiertos de oficio por la Fiscalía o debido a denuncias planteadas por distintos actores. Se espera aún que la Fiscalía informe oficialmente el número final de investigaciones previas e instrucciones fiscales vigentes.

Organizaciones indígenas destacan los logros alcanzados luego de 18 días de paro nacional

Paralización de un servicio público (107), daño a bien ajeno (35), ataque o resistencia (25) y robo (25) son los delitos por los que más se han iniciado las indagaciones respectivas en Fiscalía.

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Además, entre los 30 delitos que habrían ocurrido en el marco de las protestas también estarían: tenencia y porte de armas, secuestro, lesiones, terrorismo, homicidio, intimidación, extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, sabotaje, incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, asociación ilícita, extorsión, hurto, hurto de bienes de uso policial y militar, destrucción de bienes del patrimonio cultural, tortura, daños materiales, lesiones causadas por accidentes de tránsito, grupos subversivos, peculado, rebelión, delitos contra el agua, desaparición involuntaria.

Bajo el delito de homicidio se investigan los hechos que produjeron la muerte de Jhonny Félix, quien cayó en una quebrada en el sector de Collas, Guayllabamba; Henry Quezada, en cuyo cuerpo se encontraron perdigones luego de enfrentamientos en la zona del parque El Arbolito; Franco Íñigüez, en hechos de protesta ocurridos en San Antonio de Pichincha; Byron Guatatoca, quien falleció en Puyo (Pastaza) debido a una bomba lacrimógena que se le incrustó en la cabeza; y el sargento de las Fuerzas Armadas José Chimarro, uniformado que era parte de un convoy que intentaba pasar tanqueros con combustible y fue atacado por habitantes de Shushufndi, en Sucumbíos.

El jueves último, durante la firma del acuerdo entre el Gobierno y el sector indígena con el que se dio fin a 18 días de paro a nivel nacional, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, señaló que en el tema de la “criminalización” va a quedar “bajo la buena fe, la buena voluntad del Gobierno nacional”.

“Siempre lucharemos para que exista independencia de funciones, por lo tanto la reparación integral como tal no estamos pidiendo únicamente para los nuestros, sino incluido también por el deceso que se dio el día lunes (en Shushufindi). En ese sentido discutamos en la mesa, una mesa de justicia para que realmente la lucha social no sea criminalizada en este país. Hemos levantado por el derecho a la resistencia, a la lucha, pero por favor Gobierno nacional ya basta de seguir estigmatizando, racializando en este caso a los luchadores sociales, basta de decirnos que somos terroristas”, anotó Iza.

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Días antes, el mismo líder de la Conaie, quien mantiene abierto desde el 14 de junio último un proceso penal por el delito de paralización de un servicio público que será resuelto mediante un procedimiento directo este 4 de julio próximo, refería que en estas marchas ninguno de ellos ha salido a “vandalizar”, sino a luchar, y le planteaba al Gobierno, en el marco del diálogo por la paz, que este proceso de movilización debe “quedar limpio sin ningún compañero (...) criminalizado por las protestas sociales”.

La Policía Nacional, al 30 de junio, cerró con un total de 162 personas detenidas por hechos ilegales ocurridos durante los 18 días de protestas que se centraron en las provincias de la Sierra y la Amazonía. Solo la institución asegura haber presentado 154 denuncias por la retención ilegal de 37 uniformados, por los ataques que dejaron 238 policías heridos, diez UPC y un Comando Distrital destruidos, 17 vehículos (patrulleros y motos) completamente destrozados y otros 100 vehículos con daños materiales de diferentes tipos.

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Respecto a esta aspiración de Iza de que no se procese a las personas detenidas por hechos ocurridos en el contexto de la protesta o lo que para él significa que no se criminalice la protesta social, el constitucionalista Stalin Raza apunta que el Ejecutivo no se puede comprometer a cumplir ese tipo de pedidos, porque no es un tema que dependa del Ejecutivo, sino de la Función Judicial.

Para Raza, si la Fiscalía encuentra responsables e inicia procesos y la Función Judicial los adelanta, el Ejecutivo no puede comprometerse en absoluto a que esos procesos queden truncos, no se inicien o no continúen, pues es una cuestión que le pertenece estrictamente a la Función Judicial.

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“Nada alienta más a la reincidencia de los delitos que la impunidad. Si la gente ve que por cometer esos delitos y hay amnistías, la gente asume que no van a pasar nada porque esos actos tienen patente de corso para realizar cualquier acción violenta en el marco de una manifestación pública”, aseguraba sobre este tema el penalista y catedrático Pablo Encalada.

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos y otras organizaciones aliadas, con corte al 28 de junio pasado, aseguraban que del monitoreo que realizaban a las vulneraciones a los derechos humanos durante el paro nacional revelaba que habían existido 76 incidentes de vulneraciones de derechos, 6 personas fallecidas, 331 heridas y 152 detenidas. (I)