La posibilidad de que la Asamblea Nacional entre a tramitar dos proyectos de ley que buscan la eliminación de los efectos tributarios de la ley para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia del COVID-19 dependerá de las dos delegadas que tiene la Izquierda Democrática en el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

El CAL está convocado para este viernes 28 de enero a las 16:00, para conocer y resolver sobre los proyectos de ley derogatoria del decreto-ley orgánica para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal presentados por legisladores de las bancadas de Pachakutik y Unión por la Esperanza (UNES) en noviembre y diciembre de 2021. En la sesión plenaria del martes pasado, 86 legisladores se pronunciaron porque se debata un pedido de que el CAL tramite los dos proyectos de ley presentados.

CAL definirá si califica dos proyectos de Ley que buscan derogar los nuevos impuestos de 2022

Los votos de las legisladoras Yeseña Guamaní y Johanna Moreira delegadas de la Izquierda Democrática ante el CAL, podrían inclinar la balanza sobre el trámite de los proyectos. Los votos a favor provienen de los asambleístas Darwin Pereira (Pachakutik) y Ronny Aleaga (UNES); se desconoce la posición que asumirán Guadalupe Llori (Pachakutik) y Virgilio Saquicela (BAN); en tanto que Nathaly Arias (CREO) se acogerá al informe de la Unidad Técnica Legislativa (UTL).

El 29 de noviembre de 2021, el presidente Guillermo Lasso, ordenó la publicación como decreto ley en el Registro Oficial de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia del COVID-19, donde explicó que el proyecto de ley de carácter económico urgente se discutió en segundo debate el 24 y 26 de noviembre de 2021, en la Asamblea Nacional, sin haberse aprobado, negado o modificado.

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El ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, este 26 de enero, manifestó que este Gobierno es respetuoso de la división de poderes y que entiende que puede haber siempre temas políticos al respecto.

Sin embargo, aclaró que de acuerdo con su entender “la ley se aprobó por el ministerio de la ley, está en funcionamiento, en plena ejecución y debería seguir en ese sentido”. Reconoció que la reforma tributaria puede generar para pequeños sectores de la población una mayor presión, que siempre es progresiva. Es decir, mientras más altos son los ingresos, mayor es la presión tributaria. En todo caso se ratificó en que esta ley afecta al 3,5 % de la población.

Dijo que lo más importante que debe saber la ciudadanía es que el esfuerzo de una parte de la población ecuatoriana se debe traducir en mejoras profundas en el tema del gasto para ir fortaleciendo las finanzas públicas y enfocar los gastos para sectores que más lo necesitan. En este sentido, señaló que existe el compromiso del Gobierno de que el gasto público sea muy austero y no inflarlo.

Informe UTL

El informe de la Unidad Técnica Legislativa (UTL) recomienda al CAL no calificar los dos proyectos presentados por los legisladores Viviana Veloz (UNES), Patricia Sánchez, Salvador Quishpe y Ángel Maita (Pachakutik), porque no cumplen con los requisitos formales establecidos en los artículos 134, 135, 136 y 301 de la Constitución; pero los proponentes recuerdan que el documento no es vinculante y que será el Consejo Administrativo quien resuelva si viabilizan el trámite de las propuestas.

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Los artículos aludidos por la UTL tienen relación con la competencia para presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos, aumenten el gasto público. Argumentan que es el presidente de la República el único competente para presentar a trámite un proyecto que suprima o cambie impuestos.

El objetivo de los dos proyecto, presentados por UNES y Pachakutik, es derogar todo el cuerpo normativo que fue publicado en el Registro Oficial 587 del 29 de noviembre de 2021, por lo tanto, dejar sin efecto todas las reformas aplicadas a 22 cuerpos normativos, relacionadas con la modificación de los rangos de la tarifa progresiva del impuesto a la renta, la nueva deducción de gastos personales, la eliminación del impuesto a la herencia para los hijos del causante o para el cónyuge sobreviviente, las contribuciones temporales al patrimonio de las personas naturales y de las sociedades, entre otras reformas tributarias que entraron en vigencia en enero de 2022.

En el análisis formulado por la UTL se recalca que la ley en vigencia busca la cobertura del impacto económico en las finanzas públicas generado por la pandemia y sus consecuencias directas en el empleo público y privado, y promover la sostenibilidad fiscal, el reordenamiento del sistema tributario y seguridad jurídica para la reactivación económica. Estimaciones realizadas por el SRI prevén un impacto positivo de la reforma tributaria, puesto que se estima que la recaudación se incremente en $ 1.406,43 millones, lo que representa el 10,36 % de los ingresos tributarios estimados para el 2021.

En representación de la bancada de UNES, Pabel Muñoz advirtió que no tiene sentido lo que señala la UTL respecto de la competencia exclusiva del presidente de la República, porque en la Constitución existe un artículo lapidario, dijo.

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Se refiere a la última parte del 140 de la Constitución, donde otorga a la Asamblea Nacional la atribución para modificar o derogar, en cualquier tiempo, un proyecto calificado de urgente y que haya sido publicado como decreto-ley por parte del presidente de la República. Y el trámite deberá ser ordinario.

Muñoz además señaló que tampoco es válido el argumento que tienen las autoridades económicas de que para el trámite ordinario del proyecto derogatorio debe haber un informe económico por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, lo cual no es cierto, anotó, porque la última parte del artículo 74 del Código de Planificación y Finanzas Públicas aclara que ese requisito corre únicamente para las iniciativas que provengan del Ejecutivo.

El asambleísta de UNES alertó que la UTL no toma como referencia el precedente legislativo del 2019, cuando la Asamblea Nacional por pedido de legisladores de CREO tramitó la derogatoria de un proyecto publicado como decreto-ley sobre el impuesto verde.

Además, Muñoz sostuvo que el informe de la UTL está viciado, pues a ratos se direcciona hacia la calificación del proyecto, pero termina con la sugerencia de no calificación. La única salida es que el CAL razone con base en tres elementos: el artículo 140 de la Constitución, artículo 74 del Código de las Finanzas Públicas y el precedente jurídico de la legislatura anterior.

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La legisladora Patricia Sánchez, de Pachakutik, quien presentó el proyecto derogatorio el 30 de noviembre de 2021, afirmó que existe la base legal suficiente para que su propuesta sea calificada por el Consejo de Administración. Si no es así “seguramente obedecerá a presiones políticas del Gobierno, pero vamos a seguir insistiendo”, subrayó.

Sánchez dijo que el legislador Darwin Pereira, delegado de Pachakutik en el CAL, votará por la calificación del proyecto derogatorio, y dijo desconocer la posición de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, quien también tiene un voto en el CAL.

Son siete votos en el CAL, añadió la legisladora nacional, y esos votos van a tener que expresarse en sintonía con lo que la sociedad está pidiendo, pues se ha visto que la gente está tomando conciencia de los efectos nocivos del proyecto que tiene relación con la carga impositiva de la clase media. “El CAL tiene la responsabilidad política de definirse de qué lado de la historia está”, advirtió Sánchez. (I)