A la recusación planteada por la Fiscalía contra la jueza Daniela Ayala, dentro del caso Magnicidio FV, que investiga a los autores intelectuales del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, se suma el pedido de la defensa del procesado Daniel Salcedo para que la magistrada se aparte del conocimiento de la causa, que a inicios de diciembre pasado completó los tres meses de instrucción fiscal y espera a que se defina una fecha para una audiencia para vincular a tres cabecillas de grupo de delincuencia organizada (GDO) Los Lobos.
Confirmada la no aceptación de la excusa presentada por Ayala, la jueza penal de Pichincha asumió nuevamente la causa y difirió la audiencia del 28 de enero pasado, en la que se iba a vincular al proceso a Wilmer Chavarría, alias Pipo; Esteban Aguilar, alias Lobo Menor; y Carlos Arboleda, alias Gordo Luis, de Los Lobos. Ese fue el tercer diferimiento que se dio para la audiencia de vinculación.
Publicidad
Horas antes de la diligencia, Ayala emitió una providencia en la que dejó la audiencia de vinculación para el 10 de febrero próximo a las 08:00. La jueza estimó necesario diferir la audiencia para garantizar que el defensor público de Esteban Aguilar acceda a los elementos que considere necesarios para la defensa técnica, más aún cuando debe tener información para justificar una eventual oposición al posible pedido de prisión preventiva que pueda plantear la Fiscalía.
Daniela Ayala estuvo separada del caso Magnicidio por una suspensión temporal del cargo de 90 días y luego por una sanción de suspensión del cargo de 30 días más sin sueldo por acciones administrativas relacionadas con esta causa. El 14 de enero pasado dispuso en su retorno a la Fiscalía que “justifique las razones por las que, a pesar de solicitar la vinculación de personas presuntamente relacionadas en calidad de líderes de grupos de delincuencia organizada, no ha solicitado la inhibición de los jueces ordinarios”.
Publicidad
Horas después después de esa decisión, la jueza Ayala presentó su excusa, separándose de la causa al ubicar a Amanda Villavicencio, hija del político asesinado y acusadora particular en Magnicidio, como “enemiga manifiesta”.
Tomando en cuenta todos estos antecedentes y que la suspensión temporal de tres meses y la posterior sanción de suspensión por 30 días se dieron a partir de la denuncia hecha por el entonces fiscal general subrogante, Wilson Toainga, la Fiscalía presentó una demanda de recusación contra la jueza Ayala. Una vez fue notificada formalmente, Ayala perdió su competencia en la causa.
Frente a todos estos hechos, Renato Montero, abogado de Daniel Salcedo, coprocesado en Magnicidio y quien cumple en prisión penas que suman más de 34 años por actos de corrupción en la salud y el sistema judicial, afirma que la presencia de la jueza Daniela Ayala en la causa resulta insostenible, pues, aclara, no es una percepción subjetiva, sino una “incompatibilidad objetiva”, la cual compromete la credibilidad del proceso.
Montero le aclara a la jueza que su labor no es decorativa ni protocolaria en el proceso penal, sino que su rol es tutelar el debido proceso, garantizar la igualdad de armas y preservar la independencia judicial.
“Su actuación ya no solo es cuestionada por esta defensa, sino por la Fiscalía General del Estado, las víctimas (hijas del fallecido) y, de manera objetiva, por la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, dentro de la declaratoria jurisdiccional previa (...) que, en voto de mayoría, se ha determinado que usted incurrió en dolo, (...) ordenándose incluso la remisión de actuaciones al Consejo de la Judicatura. (...) Existió confianza en su actuación jurisdiccional. Hoy esa confianza se ha visto seriamente erosionada. Este proceso no constituye un expediente ordinario ni un trámite más, guarda relación directa con la vida truncada de un ser humano, padre, esposo, amigo y ciudadano, cuyo fallecimiento impone a todos los operadores de justicia un estándar reforzado de responsabilidad, imparcialidad y rigor jurídico”, resalta la defensa de Salcedo.
Tanto Salcedo como su representante legal creen que las verdaderas víctimas, las partes procesales y la sociedad no merecen de un juez actuaciones aparentes ni decisiones condicionadas por factores externos al proceso, sino que piensan que deben recibir justicia efectiva ejercida con independencia, coraje institucional y estricto apego a la Constitución y la ley.
Por todos los antecedentes de la jueza dentro del caso Magnicidio FV, la defensa de Salcedo se ratificó en la solicitud de que Ayala se aparte del conocimiento de la causa, permitiendo así una actuación de un funcionario imparcial y probo.
Desde el 3 de septiembre pasado, Salcedo, José Serrano, exministro de Rafael Correa; Xavier Jordán, llamado a juicio en el caso Metástasis; y el exasambleísta de la Revolución Ciudadana (RC) Ronny Aleaga son acusados por la Fiscalía como los presuntos autores intelectuales del crimen del expresidenciable de la alianza Gente Buena-Construye. (I)