Decisión de Guillermo Lasso de no acatar el fallo de un juez se debate entre el desacato y el respeto a las funciones del Estado

Dos efectos, uno legal que implicaría una investigación por desacato, y el político, en cuanto al respeto al Estado de derecho, surgen después de la decisión del Poder Ejecutivo de no acatar la orden de un juez de Santo Domingo de los Tsáchilas que dispuso el traslado de un reo de una prisión a otra.

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La Presidencia de la República anunció este 11 de enero que el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) no acatará la sentencia del juez de Santo Domingo de los Tsáchilas José Herbozo, que dispuso el traslado de Freddy Anchundia, líder del grupo criminal R7, de la cárcel La Roca de Guayaquil hacia la cárcel de Santo Domingo.

“El Cosepe resolvió negar el cumplimiento de la decisión del juez y no acatarla”, subraya el texto, difundido por la Secretaría General de Comunicación, que entre otras medidas dispuso dar “todo” el respaldo al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI); solicitar la revocatoria de esa decisión y ofrecieron levantar la reserva de la resolución del Cosepe. “¡Ya basta! No permitiremos que se usurpe la paz y tranquilidad”, decía el mensaje.

A dicho comunicado lo acompañó una frase del primer mandatario, Guillermo Lasso, que en su cuenta de Twitter escribió: “Cuando los jueces actúen como deben, nosotros acataremos sus órdenes”.

El titular de la Secretaría de Seguridad, Diego Ordóñez, en declaraciones para la cadena Ecuavisa, argumentó que la medida se tomó porque los jueces usan la Constitución y las leyes para beneficiar a los delincuentes y por eso “¡hay que pararlo!”.

“No vamos a tolerar desde la estructura más alta de la seguridad pública y del Estado a jueces que usando su toga benefician a los delincuentes. Hay que actuar en contra del juez, como hemos actuado hace poco, pidiendo la investigación de cinco jueces a la Unidad de Análisis Financiero”, manifestó.

Esta posición presidencial deja criterios divididos por las consecuencias que puede acarrear el desconocer un fallo.

El abogado penalista Pablo Encalada cree que es comprensible el malestar que provocan los jueces, sobre todo por cómo se han emitido los habeas corpus, a través de procesos ‘dudosos’.

“Ese es el Poder Judicial y hay que respetar las decisiones y, si uno no está de acuerdo, lo que debe hacer es apelar. Hacer las gestiones de manera oportuna para que se resuelvan en segunda instancia, porque los mecanismos jurídicos están ahí. Si aceptamos como válido que no vamos a acatar, entonces estamos abiertos a no respetar el Estado de derecho y se va a generar un caos”, opinó Encalada.

A esto se suma que pronto podría aparecer algún ciudadano que pida una investigación al mandatario por presunto incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, contemplado en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

La norma sanciona con pena privativa de libertad de uno a tres años a la persona que incumpla órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas, dirigidas a ella por autoridad competente en el marco de sus facultades legales.

A diferencia de Encalada, el expresidente de la Corte Constitucional (CC), Hernán Salgado se expresó indignado por la administración de justicia y opinó que no se debería ‘agachar la cabeza’.

“¡Aquí lo que hay es una dictadura de los jueces, de los que hay muchos ignorantes, venidos a menos, corruptos… No podemos agachar la cabeza ante este tipo de decisiones, es horroroso lo que está ocurriendo con los jueces, es intolerable y no hay cómo hacer nada!”, lamentó Salgado.

Si bien reconoce que el Ecuador es un Estado de derecho, cree que hay ausencia de ese factor y que por respetarlo, no se puede permitir que “los delincuentes hagan lo que ellos quieren”.

La Casa de Gobierno no ha revelado aún el acta de la sesión del Cosepe y tampoco se conoce cuáles fueron las autoridades que participaron y votaron por esa resolución, tomando en cuenta que lo integran los presidentes de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, y de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela.

Los demás son miembros del gabinete, como el jefe de Estado, quien lo preside; el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero; el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez. Los ministros de Defensa, Luis Lara; de Gobierno, Francisco Jiménez; del Interior, Juan Zapata; de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Holguín; el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nelson Proaño; y, el comandante general de la Policía, Fausto Salinas.

Su controvertida resolución se da en el contexto del tratamiento de una medida cautelar desde mayo del 2022, que planteó el procesado, Freddy Anchundia, alegando que su seguridad habría estado en riesgo.

El juez de garantías penitenciarias de esa provincia José Herbozo ordenó a eso de las 17:00 de este 11 de enero su traslado a la cárcel de Santo Domingo desde La Roca y dispuso remitir el expediente a la Fiscalía provincial para que se inicien las investigaciones por no haber cumplido con el traslado.

En el proceso, se detalla que el centro carcelario de Santo Domingo “incumplió temporalmente” la medida, porque se trasladó a Anchundia a La Roca en Guayaquil para “salvaguardar la integridad física”, después del amotinamiento del 9 de mayo del 2022 que habría tenido como “finalidad terminar con su vida”.

Como esto no habría ocurrido, el juez instaló la audiencia este miércoles y conoció informes de la Defensoría del Pueblo de esa provincia que señalaron que el SNAI incumplió por “dos ocasiones la medida cautelar”, porque no se presentaron los informes requeridos ni tampoco solicitó la revocatoria de la medida cautelar.

En esa línea, se dispuso que en 24 horas se traslade a Anchundia a la cárcel de Santo Domingo desde La Roca para que continúe cumpliendo su pena.

La Presidencia de la República se suma a la Asamblea Nacional en no acatar los fallos judiciales.

A finales del 2022, el juez de La Concordia Ángel Lindao aceptó una acción de protección que favoreció a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo e Ibeth Estupiñán para que fueran reintegrados a sus puestos, luego de haber sido censurados y destituidos por un juicio político en la Asamblea Nacional.

Lindao ordenó que les pidan disculpas públicas a los consejeros y se coloque una placa con la frase ‘Ningún poder del Estado está por encima del control constitucional”.

El Parlamento cumplió con las disculpas públicas y puso la placa; aunque la quitó este 11 de enero, con una resolución del pleno.

Según Encalada, “la Asamblea Nacional se toma esa atribución porque la Constitución dice que los asambleístas no serán responsables penalmente por las decisiones que tomen en el ejercicio de sus funciones; pero el presidente de la República no tiene esa inmunidad y podría ser procesado por desacato”.

Mientras, el analista Mauricio Gándara reflexionó que el país está viviendo un ‘estado de confusión’, pues por un lado, el régimen anuncia que no acatará la disposición de este juez, pero reconoce la del juez de La Concordia que restituyó a los vocales del CPCCS.

“Estamos viviendo un caos jurídico porque en la Constitución se estableció esta facultad de que el juez de cualquier cantón puede emitir un fallo y ese tener más fuerza que una resolución de la Asamblea. El Gobierno no debería contradecirse, es decir, unas veces no y otras veces sí. El Gobierno tiene que actuar con su teoría de no aceptar interferencias en los demás poderes”, comentó. (I)