Desde el retorno a la democracia, en 1978, en Ecuador se han realizado trece consultas populares nacionales durante el mandato de nueve presidentes de la República. De concretarse la del actual mandatario Daniel Noboa llegarían a catorce.
Noboa envió a la Corte Constitucional (CC) un paquete de once preguntas; diez de ellas relacionadas a reformas legales sobe temas de seguridad, y una más en la que se propone levantar la prohibición del funcionamiento de casinos, la cual se implementó justamente en un plebiscito en el 2011. Y ha anunciado que remitirá otras cinco, pero no se conoce cuándo ni sobre qué asuntos.
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La primera consulta fue en 1978; la convocó la dictadura militar para que el pueblo escoja entre la Constitución de 1945 reformada y una nueva redactada por un equipo de juristas para que rija en el periodo democrático que estaba por inaugurarse. Ganó la segunda.
En el gobierno de León Febres-Cordero, en 1986, se desarrolló una consulta sobre la participación de independientes -no afiliados- como candidatos.
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En el régimen de Sixto Durán-Ballén hubo dos: una en 1994, sobre la participación de independientes -no afiliados- como candidatos (otra vez), reelección de funcionarios, doble nacionalidad y otros temas; y una más en 1995, sobre la privatización de la seguridad social, descentralización, reforma judicial y otros.
Durante el mandato de Fabián Alarcón, en 1997, hubo un plebiscito relacionado con su designación como presidente interino tras el derrocamiento de Abdalá Bucaram, la convocatoria a una Asamblea Constitucional, reforma judicial, cambios en la forma de votar y otros.
En el régimen de Alfredo Palacio, en el 2006, se desarrolló una consulta para preguntar la población si quería que se aumentara el presupuesto para salud, educación y obras sociales.
En tanto que con Rafael Correa hubo cuatro. La primera fue en el 2007 cuando se consultó a la población si quería que se realice una Asamblea Constituyente; la segunda fue al año siguiente, cuando se convocó a la gene para que apruebe o rechace la Constitución que se redactó en Montecristi; en el 2011 se realizó la tercera para consultar sobre reformas constitucionales al sistema de justicia, así como la vigencia de la Ley de Comunicación y la prohibición de los casinos y corridas de toros; y en la cuarta, en el 2017, se preguntó si deseaban que los funcionarios públicos no pudieran tener bienes en paraísos fiscales.
Lenín Moreno convocó a las urnas en el 2018 para que la ciudadanía se pronuncie sobre la forma de elección de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana, la formación de un Consejo de Participación transitorio, muerte civil de corruptos, reelección indefinida y otros.
Mientras que Guillermo Lasso hizo una consulta en febrero del 2023, junto a los comicios seccionales, relacionada con la extradición, la reducción de asambleístas, retiro de atribuciones al CPCCS y cambio en la forma de designar autoridades.
Ese mismo año, a la par de las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas derivadas de la muerte cruzada que decretó Lasso, se realizó la consulta para dejar bajo tierra el crudo del bloque Yasuní ITT, que fue impulsada por el colectivo YASunidos y que estuvo en la ‘congeladora’ por una década.
Además, en este tiempo se han desarrollado varias consultas populares locales relacionadas principalmente con temas ambientales o de ordenamiento territorial.
El abogado penalista Juan Manuel Guzmán consideró que hay cierto abuso de las consultas populares. “El problema es que, tal como está diseñada, la Constitución ‘quiere’ que el pueblo sea consultado. Nuestro modelo constitucional busca que se le consulte al pueblo las cosas. En estricto concepto no está mal que el pueblo participe de las decisiones del poder público. Pero nuestros mecanismos de participación no son tan eficientes e implican llamar a elecciones todo el tiempo y ganar 50 o 60 millones de dólares”, reflexionó.
Guzmán agregó que, en el caso del plebiscito que se ha propuesto, podría tener la intención de medir la aceptación de Noboa con miras a su reelección en el 2025 más que realmente generar cambios.
Fausto Camacho, exconsejero electoral y dirigente del colectivo Voces por la Democracia, opinó que si bien las consultas populares son una herramienta de participación democrática de la ciudadanía, “estamos corriendo el riesgo de desgastar esa figura”.
Comentó que la que ha planteado Noboa sería más útil si tratara temas de fondo, como la reforma al sistema de partidos políticos y al mecanismo de evaluación de jueces y fiscales, o a la integración del Consejo de Participación.
En su informe de observación electoral de los comicios anticipados del 2023, la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) dice que los ecuatorianos están cansados de tantos procesos electorales en seguidilla. “En los últimos siete años, la ciudadanía ecuatoriana ha tenido que asistir a las urnas en al menos nueve ocasiones. De las diversas reuniones que la misión sostuvo con organizaciones de la sociedad civil, académicos/as, candidatos/as y representantes de las agrupaciones políticas, así como de la observación directa, fue evidente que existe un cansancio generalizado en el electorado, en los funcionarios electorales, y en los miembros de las juntas receptoras del voto por la celebración de numerosos procesos electorales, incluyendo consultas populares, en un corto periodo de tiempo”.
“En un contexto de alta polarización como el que experimenta Ecuador, la misión considera positivo que los conflictos políticos sean canalizados a través de las vías institucionales establecidas en el marco constitucional vigente. La celebración de elecciones ofrece oportunidades para dar una salida ordenada a una crisis de gobernabilidad y garantiza la transición pacífica del poder a nuevos representantes. Hubo procesos electorales a nivel nacional con dos jornadas electorales en 2017, con una en 2018, con una en 2019, con dos en 2021 y con tres en 2023. No obstante, la misión también subraya que para el ejercicio de un voto informado por parte de la ciudadanía se requieren procesos electorales que sean organizados con tiempo y con la debida separación entre ellos”, resaltó.
La jueza constitucional ponente del pedido de Noboa es Teresa Nuques; la CC debe dar una respuesta hasta el 23 de enero próximo, según los plazos legales. (I)