Acelerar trámites para que las armas confiscadas pasen al uso inmediato de la fuerza pública propone Daniel Noboa en la pregunta 7

Pese a que existen disposiciones legales e incluso una reciente resolución de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para que las armas decomisadas en operativos contra la delincuencia sean usadas para beneficio del Estado, el mandatario, Daniel Noboa Azín quiere una consulta popular para que el procedimiento sea más «expedito» ampliando el debate en la Asamblea Nacional a través de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP).

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La pregunta 7 de la iniciativa impulsada por el gobierno de Daniel Noboa al igual que otras diez preguntas, están en análisis de la Corte Constitucional (CC) que deberá definir la legalidad de estas y emitir un dictamen previo de constitucionalidad para que sean elevadas al pronunciamiento popular.

La propuesta es: ¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito, puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta 7?

De haber un dictamen favorable y que en las urnas tenga la aprobación del electorado, empezará un nuevo procedimiento. El presidente de la República en el plazo máximo de cinco días posteriores a la publicación de los resultados remitirá el proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico Integral Penal que contenga las reformas para cumplir con lo establecido en esta pregunta.

La Asamblea Nacional contará con el plazo máximo de 60 días para debatir y aprobar la reforma legal, conforme el trámite previsto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, señala el anexo respectivo.

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El régimen justifica esta pregunta en que hasta el 31 de diciembre del 2023 se contabilizaban 42.166 armas de fuego y 494.316 municiones en los Centros de Acopio de Evidencia de la Policía Nacional.

El Código Penal contempla la pena de comiso penal a los bienes (armas), cuando estos fueron instrumentos, productos o réditos en la comisión del delito, pero para que el proceso pueda llegar al comiso se plantea, el Gobierno ofrece una reforma que permita disponer de las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios, en tiempos y etapas menores.

La propuesta gubernamental no detalla en qué consistiría esa reforma ni cuáles serían esos tiempos y etapas menores.

Sin embargo, Daniel Noboa, en su petición de dictamen a la Corte Constitucional, reconoce que hay jurisprudencia que permite realizar estos procedimientos.

Ejemplifica que las 42.166 armas de fuego y 494.316 municiones actualmente están sin ningún uso «por lo que es imperativo que puedan usarse en beneficio del país, una vez que se cumplan todas las investigaciones necesarias» y «si bien la resolución de la Corte Nacional de Justicia es un instrumento que aportó con claridad para la aplicación de la norma en estos casos, el procedimiento debe ser mucho más expedito, para lo cual es necesario el debate legislativo».

Se refiere a una reciente Resolución 08-2023 aprobada por el pleno de la Corte Nacional de Justicia en la que se aclaró la redacción del artículo 69 del COIP por ser «oscuro» y lo interpretó.

El articulado ordena en uno de sus incisos que en una audiencia de juicio, la Fiscalía «con base en los informes periciales, podrá solicitar a un juez o tribunal, que en caso de dictar el comiso, declare además de beneficio social o interés público estos bienes, pidiendo que se autorice su uso a la institución pública u otra del fisco, que técnicamente considere».

El coronel de las Fuerzas Armadas (sp) y exdirector de Inteligencia, Mario Pazmiño, cree que el cuestionario tendrá inconvenientes para ser aprobado en la Corte Constitucional porque no necesitan de una consulta popular para aplicar estas disposiciones.

Lo que se requería era otro tipo de preguntas, dijo Pazmiño, como que se autorice la emisión de una ley para la intervención aérea que controle el paso de avionetas irregulares; o también una ley de extradición.

Sobre la pregunta 7, Pazmiño considera que el Estado tiene la capacidad y la obligación de dotar del equipamiento, componentes logísticos y tecnológicos para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Por lo que, «entregar armas usadas por el crimen organizado, no creo que vaya a ser una solución, porque implicaría una logística más grande. Por ejemplo, cada arma necesita una munición y se tendría que equipar de esas municiones. Estamos alargando un problema, en lugar de solucionarlo», lamentó el consultor.

Esto, tomando en cuenta que esas armas pueden estar vinculadas a un proceso de investigación, ya que según Pazmiño, los grupos delincuenciales suelen alquilar armas para ejecutar una acción violenta y de esa forma tener un «historial negativo».

En esencia, ese tipo de medidas pueden darse mediante disposiciones gubernamentales o de las autoridades de la Función Judicial, como lo hizo la Corte Nacional de Justicia.

Datos oficiales muestran que entre el 2021 y 2022, se registró un 71% de incremento en noticias del delito de tráfico de armas y en el mismo periodo, los homicidios intencionales aumentaron en un 250% «por lo que se infiere que el mercado de armas ilícitas dentro del país ha incrementado», describe un diagnóstico de la situación interna en la denominada Estrategia Nacional contra la Delincuencia Organizada (ENDO) que se elaboró en el gobierno de Guillermo Lasso, aunque no se la difundió.

Como parte de ese delito, el 2020 se identificaron cinco grupos de delincuencia organizada vinculados al tráfico de armas y, en el 2022, incrementaron a ocho, según informes policiales.

El tráfico de armas ilícitas provendría desde Chile y Perú. Sigue la ruta de Tumbes a Zarumilla para llegar a Machala, que sería el centro de acopio y distribución de estos aparatos que llegan a las provincias de Guayas, Santa Elena, Los Ríos, Manabí y Esmeraldas, cita la ENDO.

Otra posible ruta de distribución se daría por las provincias del sur hasta llegar a Baños (Tungurahua) que es el nexo con Pichincha, Tulcán y Lago Agrio. (I)