El proyecto de Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública, enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional este 27 de mayo del 2025, apunta —entre otros temas— a modernizar la contratación pública, a la cual el Gobierno de Daniel Noboa considera un foco de corrupción, según consta en la exposición de motivos del citado documento.
El documento señala: “La contratación pública, como uno de los principales mecanismos a través de los cuales el Estado ejecuta sus políticas y proyectos, históricamente ha sido vulnerable a la ineficiencia, la opacidad y, en algunos casos, la corrupción. Los procesos engorrosos, la falta de estandarización y la limitada adopción de tecnologías modernas han generado problemas de fondo y forma para la ejecución de obras y prestación de bienes y servicios. Lo mencionado se encuentra aunado a una persistente desconfianza institucional”.
En ese sentido, agrega la iniciativa de Daniel Noboa que “es imperante superar un sistema caracterizado por rigidez, discrecionalidad y baja competencia, que genera sobrecostos y retrasos críticos”.
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En el texto se menciona que el 64 % de los procesos tiene solo una o dos ofertas (78 % en subastas) y que hay un uso persistente de regímenes especiales (que son 20 % más costosos). Esto refleja “un modelo que desincentiva la participación y encarece el gasto estatal”.
“A esto se suman distorsiones como la estacionalidad en precios y la concentración oligopólica, que podrían mitigarse con una base diversificada de proveedores, generando ahorros de hasta 2,8 %. Además, el potencial de ahorro del 0,8 % al priorizar proveedores locales evidencia que una ley moderna, enfocada en tecnología, planificación estratégica y transparencia, optimizaría recursos y también dinamizaría mercados, garantizando eficiencia y equidad en el uso de los recursos públicos”.
El documento indica que el impacto económico de la corrupción a nivel global es difícil de calcular “debido a su naturaleza oculta”, pero que es “abrumador”.
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Y cita estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que estiman que entre un 10 % y un 30 % del valor de los proyectos financiados con dinero público se pierde debido a la corrupción.
“En el contexto ecuatoriano, se ha estimado que el malgasto en las adquisiciones públicas, producto de la mala gestión y la corrupción, representa entre el 0,9 % y el 2,6 % del producto interno bruto (PIB) [la fuente es ResearchGate]”, indica el proyecto.
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Esto es, entre $ 1.000 millones y $ 3.000 millones (el PIB de Ecuador es de $ 120.000 millones). “Estos miles de millones de dólares, desviados de su propósito original, podrían destinarse a inversión social, infraestructura o fomento productivo, pero en cambio engrosan bolsillos ilícitos”.
“La proliferación de casos emblemáticos de corrupción en los últimos años subraya la profundidad de la crisis. Casos como Metástasis, Purga y Encuentro han expuesto redes de sobornos y tráfico de influencias que involucran a altos funcionarios, jueces y empresarios, afectando directamente la adjudicación de contratos públicos en sectores estratégicos y empresas públicas, como EMCO, CNEL y el Servicio Nacional de Aduanas”, se indica en la ley.
La Asamblea Nacional tiene 30 días para tramitar esta iniciativa gubernamental. (I)
