Este lunes, 8 de julio, los tres postulantes a la Presidencia del Consejo de la Judicatura (CJ) presentaron ante el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) sus propuestas de mejora o cambios para la Función Judicial.
El nuevo titular de la Judicatura reemplazará al presidente encargado del organismo, Álvaro Román, y estará en el cargo hasta enero de 2025, cuando se debe integrar en su totalidad a un nuevo consejo del organismo. También se designará al vocal titular.
Publicidad
La terna la integran Telmo Molina, Dunia Martínez Molina y Mario Godoy. De ellos, el primero y el tercero fueron interpelados por falta de probidad, pero las impugnaciones se archivaron en una sesión del pasado 3 de julio.
Tras cinco horas de exposición, el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, dio por suspendida la sesión extraordinaria a las 15:30 e indicó que “oportunamente” se convocará a la reinstalación de la reunión para la emisión de la decisión.
Publicidad
En redes sociales el consejero Esteban Guarderas adelantó que su voto para la Presidencia del CJ será para quien demuestre la mayor determinación en la lucha contra la corrupción.
En cuanto a los candidatos, Molina indicó que su plan fue elaborado a partir de una transmisión en directo que hizo en TikTok para recoger las inquietudes ciudadanas respecto a la situación de la justicia; también recibió propuestas, quejas y observaciones a través de un correo electrónico y su cuenta de X.
Gracias a estas personas, aseguró, ha conocido problemas de corrupción presuntamente perpetrados por un grupo de delincuencia organizada infiltrado en la administración de justicia.
Dijo que el principal problema del sistema judicial es la demora en el tratamiento de las causas en materia no penal en los últimos diez años.
Otra de sus observaciones fue que el Consejo de la Judicatura tiene un grave problema en manejo de personal. Son 899 funcionarios que tiene el organismo.
Molina destacó que en el gasto corriente uno de sus principales desembolsos será en tecnología, implementando un proceso para transformar la transparencia de la Función Judicial. Con ello se tendrá acceso al video y a la grabación de las audiencias que se realizan a nivel nacional.
Por su parte, Martínez, quien es docente en Derecho Constitucional, fundamentó su plan de trabajo en tres ejes de acción, en los que se resalta principalmente la lucha contra la corrupción.
En este sentido, la académica plantea promover la vigencia del Código de Ética de la Función Judicial, revisar la transparencia de los concursos de méritos y oposición; participación de la sociedad civil y medios de comunicación, y prevención de actos contrarios a la integridad institucional.
Con la idea de fortalecer la gestión institucional, acceso y modernización de los procesos judiciales, propone una auditoría al sistema E-Satje; potenciar la Escuela de la Función Judicial y fomentar la cooperación internacional con la finalidad de asegurar recursos.
En el marco de asegurar la independencia judicial, su plan establece cinco compromisos, de estos hace énfasis en la práctica con cero corrupción.
Martínez asume su “falta de experiencia en la Función Judicial” como una fortaleza, porque cree que las instituciones públicas necesitan oxigenación y acercarse a la academia.
Godoy fue el último en intervenir y enfocó sus propuestas en cuatro líneas de acción: lucha contra la corrupción; fortalecimiento institucional; determinación de un proceso de confianza con exámenes periódicos; y, fortalecimiento de mecanismos de prevención y sanción en casos de violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes y mujeres
El aspirante remarcó que la Judicatura debería afianzar la cooperación con embajadas, agencias internacionales dedicadas al estudio, prevención, detección de actos de corrupción, con el objetivo de buscar financiamiento de organismos internacionales.
Sobre el fortalecimiento institucional, Godoy propone que se realicen pruebas de confianza voluntarias, dado que se ha descubierto a servidores judiciales inmersos en actos de corrupción y quienes han sido detectados en anomalías están cursando procesos penales.
Expresó que el proceso de evaluación de los operadores de justicia tiene que continuar. “El servidor judicial debe tener un seguimiento, no solamente circunscribirse a que se le ponga una nota al final para ver si continúa o no dentro de la Función Judicial”, refirió.
En cuanto al eje de la independencia judicial y control disciplinario, dijo que hay que continuar con los procesos de control disciplinario, pero debe existir un seguimiento. Otra de sus iniciativas es la creación e implementación del sistema de precedentes de control disciplinario.
Finalmente, sobre el eje del fortalecimiento de mecanismos de prevención y sanción en casos de violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes y mujeres, ponderó que el Consejo de la Judicatura debe suscribir un convenio con el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos e igualmente con los Consejos Nacionales para la Igualdad.
Godoy, quien se presenta a esta postulación como abogado de libre ejercicio, fue cuestionado por la vicepresidenta del CPCCS, Mishelle Calvache, por haber defendido a varios políticos de distintas tiendas, entre ellos, al expresidente de este organismo relacionado con el correísmo Alembert Vera.
“De ninguna manera el patrocinio electoral en una causa contenciosa electoral genera algún vínculo con el partido político al que represente dicho cliente. Eso no me convierte en adherente permanente o afiliado”, contestó. (I)