El gobierno de Daniel Noboa cambió de opinión y ahora pide a los jueces de la Corte Constitucional (CC) que sea presencial la audiencia pública para tratar las demandas de inconstitucionalidad presentadas en contra de la Ley Orgánica de Integridad Pública, prevista para el 18 de agosto.
Este 14 de agosto de 2025, el secretario jurídico de la Presidencia de la República, Stalin Andino, ingresó un escrito a la Corte Constitucional en el que pide que la diligencia prevista para este lunes a las 10:00 se realice de forma presencial, pues se convocó para hacerla virtual.
Previamente, Andino ingresó un oficio el martes último, en el que solicitaba que se “difiera” la audiencia porque requería más tiempo para preparar sus alegatos de defensa frente a las 19 demandas de inconstitucionalidad que planteó, entre otras agrupaciones de la sociedad civil, la Unión Nacional de Educadores (UNE).
Publicidad
“Desisto de dicho requerimiento y solicito que la audiencia para el día previamente convocado sea presencial, toda vez que los asuntos que se tratarán son de interés nacional y requieren el más alto nivel de garantía del principio de inmediación procesal”, justifica Andino al juez José Terán, quien desarrollará la ponencia para resolución del pleno.
El magistrado convocó a esta diligencia de forma telemática para escuchar a las partes a favor y en contra de la ley, que reforma alrededor de 20 normas y, sobre esa base, preparar su proyecto de sentencia.
Por ahora, Terán no se ha pronunciado respecto de los pedidos del Gobierno nacional.
Publicidad
A propósito de esta actividad, el presidente de la UNE, Andrés Quishpe, convocó a una concentración a las 09:30 afuera de la Corte, en Quito. (I)
