El correísmo planteó al pleno de la Asamblea Nacional encargar a la Defensoría del Pueblo la estructuración de una comisión de la verdad para que se investiguen los hechos ocurridos en el país, durante los 18 días del paro nacional convocado por las organizaciones sociales e indígenas.

La propuesta de debate sobre este tema lo hizo la legisladora Esther Cuesta (UNES) y fue incluida a trámite en la sesión plenaria 784, con el respaldo de 125 asambleístas, donde se señala que la comisión especial de investigación tendrá como objetivo establecer la verdad, justicia y reparación para todas las posibles víctimas que muestran evidencias de eventuales vulneraciones a los derechos humanos y, en consecuencia, la reconciliación nacional.

Dieciocho días de paro dejan cerca de 300 investigaciones abiertas en Fiscalía y más de 160 personas detenidas por la Policía a nivel nacional

Cuesta dijo: “Hay niños que han sido torturados, víctimas de violaciones de derechos humanos que han recibido los efectos de las bombas lacrimógenas, el país necesita tener verdad, justicia y que haya una reparación integral a las víctimas, y sobre todo, que los ecuatorianos tengamos una reconciliación”.

Reveló que existen seis personas fallecidas, cinco de ellas manifestantes y un miembro de la fuerza pública, 77 violaciones de derechos humanos, 155 detenciones y 335 personas heridas, agresiones a centros de paz, universidades y toma de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

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La comisión, según la propuesta, se constituirá con la participación de expertos independientes en representación de las organizaciones de la sociedad civil, organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, académicos y gremios profesionales. La Comisión Especial de investigación tendrá el soporte técnico interdisciplinar de los servidores públicos de la Institución Nacional de Derechos Humanos.

El informe sobre esta investigación deberá entregarse en el término de 90 días ante la ciudadanía y con una copia certificada a la Asamblea Nacional, para lo cual la Institución Nacional de Derechos Humanos dispondrá las medidas administrativas, presupuestarias, de coordinación y cooperación nacional e internacional necesarias para el cumplimiento del fin propuesto.

Cuesta explicó que el informe debe contener conclusiones y recomendaciones, donde incluso podría recomendar amnistías para aquellas personas que están procesadas.

El coordinador del bloque del Partido Social Cristiano (PSC), Esteban Torres, mencionó que si la comisión llega a conformarse, la investigación deberá enmarcarse en todo, pues hay personas con negocios afectados, un militar asesinado, personas golpeadas, periodistas vejados; todo eso se tiene que investigar y no solo de un lado.

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Advirtió que si la intención es crear, con esta investigación, un antecedente para nuevas amnistías, no tendrá el respaldo del PSC.

La oficialista Ana Belén Cordero recordó que ya existe una resolución que encargó, hace una semana, a la Comisión de Garantías Constitucionales para que investigue lo que ocurrió en los 18 días del paro.

Dijo que están de acuerdo con la investigación, pero la propuesta del correísmo habla de establecer la verdad, cuando todo el país sabe cómo funcionó esa comisión de la verdad respecto a lo que ocurrió en octubre de 2019.

Hay que preguntar a UNES qué verdad quiere; la verdad de las personas que no pudieron trabajar durante 18 días, de los comerciantes que estuvieron paralizados, de las florícolas que fueron obligadas a protestar, de los policías y militares golpeados y asesinados; o quieren la verdad de los indígenas y de los grupos vandálicos. (I)