Mientras la Asamblea Nacional y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) analizan salidas jurídicas para subsanar una “acefalía” en la Contraloría General del Estado, esta institución se autoevalúa, después de los escándalos que la salpican por las investigaciones de hechos de corrupción en los que están envueltos sus dos últimos contralores Carlos Pólit y Pablo Celi.

Su actual contralor subrogante, Carlos Riofrío, no descarta que puedan “reestructurarse” unidades en donde se tramitan los exámenes especiales a la administración pública. No adelanta, cuándo y los mecanismos, pues está realizando un primer diagnóstico.

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Aunque su designación la hizo el excontralor Celi -investigado por el delito de presunta delincuencia organizada y detenido en la Cárcel 4 de Quito- Riofrío consideró que con su llegada “bajaron las tensiones” en el personal, porque tiene “las manos y una hoja de vida limpia”, aseguró.

Confesó que a raíz de las denuncias en contra de Celi, los auditores que van a las instituciones son “maltratados”.

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Fue en marzo del 2017 que la imagen de la Contraloría dio un giro. De ser aquella que vigila el buen uso de los recursos públicos, se vio empañada al conocerse que su extitular, ahora prófugo de la justicia, Carlos Pólit, estaba implicado en sobornos para desvanecer glosas en el caso Odebrecht. Fue sentenciado por concusión.

Pólit renunció en junio del 2017, antes de ser censurado en un juicio político que realizó la Asamblea. Lo subrogó Pablo Celi, y el CPCCS de transición decidió ratificarlo hasta marzo del 2022, cuando termina el periodo de su antecesor.

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Tres años y diez meses de la gestión de Celi, y se reveló una estructura similar a la de Pólit en la que también se sospecharía del cobro de dineros para desvanecer glosas. Celi fue detenido el 13 de abril en un operativo liderado por la Fiscalía, que ahora lo mantiene en prisión preventiva.

Son 94 años de la creación de este organismo, y el 2017 y el 2021 han sido malos tiempos para su gestión.

En 1927 se la creó, con la denominación de Contraloría General de la Nación; en 1967 cambió por Contraloría General del Estado, y el 12 de junio del 2002 se publicó su ley orgánica, la que ahora buscan modificar para definir un mecanismo de designación de un contralor encargado en caso de ausencia temporal y definitiva del titular.

Por ella han pasado 38 contralores, que eran nominados por ternas enviadas por el presidente de la República y designados por el Congreso Nacional, excepto en la administración de facto de Guillermo Rodríguez Lara.

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Con la Constituyente del 2008, se cambió el mecanismo de designación, mediante concursos públicos de méritos y oposición realizados por el CPCCS, y Pólit se estrenó como el elegido en los dos únicos procesos que se han realizado en los últimos once años.

Celi llegó de la mano de Pólit a la Contraloría. Fue su asesor y subcontralor; y también fue parte del gobierno de Rafael Correa como embajador de Ecuador en Argentina en el 2011, entre otros cargos que ocupó en la Unasur.

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Con catorce años de una sola administración cobijada por esos dos rostros, hay sectores políticos y sociales que apuntan cambios que experimentará la Contraloría.

Libia Rivas, presidenta del Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos, cree que estos cambios no solo pasarán por una “reforma legal integral” a la ley que la rige, sino también por la visión que tenga el nuevo contralor, que sea elegido en el concurso público que realizará el CPCCS en los próximos meses.

Esa visión tiene que ser de “combate a la corrupción, que es muy diferente a ser un órgano de persecución política”, opinó Rivas, lo que implicará plantear una nueva misión, visión y objetivos.

La ley “requiere de una reforma integral” que será una tarea compleja para la Asamblea, porque deberá generar una “amplia participación ciudadana con la academia, la sociedad civil que aporten a conseguir un órgano honesto, transparente, eficiente y que permita recuperar los recursos que sean malgastados”, añadió.

Para Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, la Fiscalía debe descubrir esa “red que desde hace quince años se ha institucionalizado en la Contraloría y que la conforman ciertos grupos de mando que actúan en favor de grupos públicos y privados para desparecer glosas” y que no solo están en la matriz, dijo, sino en las delegaciones provinciales en donde “se limpian glosas y chantajea a los sectores privados”.

Patrimonio de exsubcontralor del Estado Pablo Celi asciende a los $ 312.000

Lo otro, es que en el concurso que haga el CPCCS se elija a un contralor con la “mayor probidad personal”.

“No puede ser un concurso amañado. Debe ser transparente, como nunca, porque el país lo demanda. Con ciudadanos intachables, no con gente que tiene cuatro juicios y que porque les declararon inocentes, participen. Eso no cabe. Debe ser alguien que no responda a intereses políticos y que no impida investigar esta telaraña. Debe estar dispuesto a hacer una limpieza casa adentro”, anotó Rodas.

Marcelo Merlo, excontralor del Estado, consideró que si bien las actuaciones de Pólit y Celi han afectado a la entidad, también hay detrás una campaña promovida por el “correísmo” para “insinuar que es la entidad más corrupta del país. Así prepara un ambiente para que digan ‘hagamos una amnistía’ para todos los que han sido condenados por esas auditorías”.

“Una golondrina no hace verano y la institucionalidad no puede merecer ninguna duda”, afirmó Merlo.

La asambleísta Wilma Andrade (ID) mencionó que estos hechos “han deteriorado no solo a las cabezas, sino toda la institucionalidad”.

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No desestimó que se hará un “profundo análisis” que implicarían diálogos con los servidores y un cambio “integral” a la ley de la Contraloría que rescate “normas exitosas que determinen principios de transparencia”; además, cree que deben plantearse “prioridades” al hacer auditorías, como empezar por vigilar los grandes temas en materia de ingresos petroleros, impuestos y las aduanas.

El rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, César Montaño, abordó la propuesta de que exista un “gran acuerdo político” que impulse una reforma para que la Contraloría funcione con agilidad y sus procedimientos “sean controlados y transparentes para que no se deslicen estos casos”.

En ese contexto, el analista político Mauricio Gándara concluye que es la moral de los funcionarios lo que impulsará a la institución. Más allá de cambios en leyes, “todo dependerá de las personas que lleguen y su calidad moral”. (I)