En medio de estrictas medidas de seguridad y luego de recibir el alta médica, el contralor subrogante Pablo Celi, uno de los trece procesados por el delito de delincuencia organizada dentro del caso Las Torres, fue trasladado, la mañana de este martes, desde el hospital Eugenio Espejo, en el centro-norte de Quito, a la denominada Cárcel 4, también al norte de la ciudad, para continuar cumpliendo la orden de prisión preventiva que pesa sobre él.
El traslado que se da a siete días de que Celi fue llevado hasta esa casa de salud fue informado por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI). El mismo habría sido coordinado con la Policía Nacional, inmediatamente personal del Ministerio de Salud que labora en el hospital Eugenio Espejo dio el alta médica.
Publicidad
Desde el SNAI no se ha informado sobre el estado de salud del contralor, púes habría dado positivo para Covid-19, ni en qué lugar del Centro de Privación de la Libertad será colocado el procesado por una delincuencia organizada que investiga la Fiscalía se dio desde la Contraloría General de Estado, la secretaría de la Presidencia y la empresa pública Petroecuador.
La madrugada de miércoles último, el contralor subrogante fue trasladado desde la Cárcel 4 hasta el hospital Eugenio Espejo, pues dio positivo para Covid-19. Según el abogado del contralor, Marcelo Ron, Celi habría presentado fiebre alta y complicaciones en su tracto respiratorio, lo que hizo que se llamara a una ambulancia y luego de una valoración se lo trasladó a una casa de salud.
Publicidad
Respecto a Celi, el lunes último no se instaló en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) la audiencia de revocatoria de la medida cautelar que pesa sobre el funcionario público. Debido a un percance en la salud de la fiscal general Diana Salazar, ella solicitó el diferimiento de esta diligencia. El juez Felipe Córdova, de la CNJ, dio paso a la solicitud y difirió la audiencia para el lunes 21 de junio próximo a las 11:30.
La fiscal Salazar la mañana del lunes último en su cuenta de Twitter dijo: " Por un percance en mi salud he solicitado el diferimiento de la audiencia de revisión de medidas de Pablo C., prevista para hoy, porque la voy a atender personalmente. Espero que la justicia no sienta presión al procesar a una autoridad de control en funciones”.
El 13 de mayo pasado, de forma unánime los jueces de la CNJ, Byron Guillén, Luis Rivera y Mercedes Caicedo, rechazaron los recursos de apelación a la prisión preventiva de los hermanos y procesados en este caso Pablo y Esteban Celi y de los hermanos José y Luis Adlolfo Agusto Briones.
El juez nacional Felipe Córdova, quien está a cargo del caso por delincuencia organizada, será el magistrado que analice los argumentos que se entreguen en la audiencia de revocatoria para pedir que el cambio de la prisión preventiva por cualquiera otra de las medidas cautelares existentes: presentación periódica, prohibición de salida del país, usos de grillete, ...
Manuela Celi, hija del contralor subrogante, en su cuenta de Twitter escribió: “Señor Presidente de la república Guillermo Lasso nos acaban de decir que sacaron a mi padre, el Contralor Pablo Celi, del Hosp. Eugenio Espejo. NADIE nos informa NADA. NO sabemos dónde está”.
Salazar en su cuenta de Twitter también indicó: “Mientras los procesados sigan en el poder será muy difícil que la justicia haga su trabajo con celeridad y transparencia. Veo con preocupación cómo algunas personas continúan gozando del respaldo de quienes les deben favores. Impensable”.
Y su hilo de mensajes continuó: “Insisto: No cuenten conmigo para para torcer la justicia, yo no le debo favores a nadie. Ningún procesado debe gozar de privilegios, en ninguna circunstancia, peor si es que por cobrar favores que se hicieron con dineros del pueblo ecuatoriano”.
“Señora Fiscal Diana Salazar, con relación a su denuncia le solicito precisar si algún funcionario de mi Gobierno ha ejercido algún tipo de presión para proceder en consecuencia”. Fue el mensaje que emitió en la misma red social el presidente Guillermo Lasso en respuesta a lo colocado por la fiscal Diana Salazar.
Ella en respuesta apuntó: “Presidente Guillermo Lasso, es legítima su preocupación, pero no son funcionarios de su Gobierno, sino autoridades y personal de otras funciones y “ciudadanos ilustres”, quienes han querido incidir en favor de la revisión de medidas dispuestas al procesado Pablo C.”. (I)