Para este 21 de noviembre a eso del mediodía está previsto que el Consejo Nacional Electoral (CNE) se instale en audiencia pública nacional de escrutinios para conocer las actas levantadas por las 24 juntas Provinciales Electorales y la Junta Especial del Exterior, antes de proclamar los resultados definitivos de las votaciones del domingo último.

Hasta este miércoles, la verificación de las actas de escrutinio —generadas por las juntas receptoras del voto— concluyó en 21 provincias al 100 % y restaban Manabí, Pastaza y Morona Santiago.

De acuerdo con el Sistema Informático de Escrutinio y Resultados (SIER) del Consejo, en Manabí restaba la verificación de 16 actas; de Morona Santiago, 121; y, de Pastaza, 38.

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En cambio, en la circunscripción de Europa, Oceanía y Asia faltaba verificar entre 30 y 36 actas de las cuatro preguntas; de Canadá y Estados Unidos, entre 80 y 92; y, de Latinoamérica, el Caribe y África restaban entre 13 y 19 actas de escrutinio.

El domingo pasado (16 de noviembre) se realizó la votación de tres preguntas de referéndum que proponían permitir la instalación de bases militares extranjeras en el Ecuador, eliminar la asignación económica del Estado para el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos y reducir el número de miembros de la Asamblea Nacional.

Y una pregunta de consulta, que proponía instalar una asamblea constituyente que redacte una nueva constitución.

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En las cuatro iniciativas ninguna obtuvo el respaldo ciudadano.

Estos resultados escrutados deben subir hasta el pleno del Consejo Nacional Electoral para su revisión y finalmente la proclamación.

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El Código de la Democracia, en el artículo 141, establece que es el CNE el que proclama resultados de las elecciones de autoridades de elección popular nacional y de consultas populares y referéndum, para lo que debe instalarse en audiencia pública no antes de tres días ni después de siete, contados desde que se hicieron las elecciones.

En este escrutinio el pleno de consejeros examinará las actas levantadas por las juntas provinciales y de la Especial en el exterior, a fin de verificar los resultados y corregir las posibles inconsistencias numéricas.

Además, podrán disponer que se hagan las verificaciones o comprobaciones, para luego computar el total de votos válidos, y se proclamarán los resultados.

El calendario electoral se impuso como plazo hasta el 3 de diciembre para notificar los resultados numéricos a los sujetos políticos, en cuyo caso son el proponente de este ejercicio de democracia directa, que fue el presidente de la República, Daniel Noboa y líder de su movimiento político Acción Democrática Nacional (ADN); así como las quince organizaciones políticas y sociales que participaron de la campaña electoral por el sí y el no.

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De existir recursos subjetivos contenciosos ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), se prevé que el 2 de enero estén resueltos y, finalmente, se proclamarían resultados el 5 de enero.

Sin embargo, en el Consejo se estima que a finales de noviembre se podrían proclamar los resultados oficiales finales y cerrar este proceso eleccionario.

Luego se alistarán para declarar en febrero de 2026 el inicio del periodo electoral para preparar los comicios seccionales y de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en febrero de 2027.

De la observación electoral

Para este referéndum y consulta popular, el Consejo Nacional Electoral acreditó a 940 observadores, de los que 852 fueron nacionales y 88 internacionales, que deberán presentar un informe de sus hallazgos y recomendaciones.

Entre estos, al Ecuador arribó la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE-OEA), que contó con la participación de 16 expertos y la presidió el exvicecanciller de Uruguay Nicolás Albertoni.

Su informe preliminar se difundió el martes y una de las observaciones que se hicieron fue al diseño de la papeleta electoral en la que se ubicaron las cuatro preguntas y al reverso los anexos, ya que se consultaron “temas diversos e inconexos en una misma boleta, se corre el riesgo de confundir a la ciudadanía, especialmente cuando se considera el limitado tiempo disponible para difundir información”.

Se llamó la atención porque los anexos se ubicaron en el reverso de la papeleta con una “letra muy pequeña que dificultaba su legibilidad”.

Se recomendó que se evite incluir múltiples temas en una sola papeleta, el uso de anexos extensos y poco legibles, o la presentación de una cantidad excesiva de información para el votante.

En el ámbito logístico, la MOE detectó que la entrega de materiales en las provincias fue “más lento y menos eficiente”, porque el “control de entregas se realiza de forma manual, llenando un acta en la que se anotan los identificadores de cada paquete que se ingresa al camión para distribución”.

Sugirió a las autoridades electorales que implementen un sistema de entrega de paquetes y kits tecnológicos con tecnología de Identificación por Radiofrecuencia, conocido por sus siglas en inglés como Radio Frequency Identification (RFID), para “agilizar, hacer más eficiente y reducir los riesgos de error en este delicado proceso que se realiza solo unas horas antes de cada proceso electoral”.

A propósito de esta observación, el 31 de octubre pasado se registró un malentendido. En Guayaquil, el ministro del Interior, John Reimberg, denunció que en un “punto de Quito fue encontrado un vehículo que tenía papeletas para la consulta popular marcadas por el no...”.

Ello provocó que la presidenta del CNE, Diana Atamaint, aclare que esas papeletas eran usadas para capacitación del personal y de los vocales de las juntas receptoras del voto.

Otro informe que se divulgó fue de una Alianza Interuniversitaria, que agrupó a la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), la Universidad de Posgrado del Estado (IAEN) y la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, que contó con 150 observadores desplegados en varias provincias.

Como parte de sus hallazgos, detallaron la necesidad de regular el gasto electoral que hacen los partidos y movimientos políticos para desplegar a sus delegados en los recintos electorales por la falta de criterios uniformes. Para este referéndum se informó de 86.000 delegados acreditados.

También se recomendó emitir instructivos estandarizados de aplicación nacional para la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, para el manejo de incidentes vinculados al uso del celular dentro de los recintos electorales, ya que “la falta de lineamientos homogéneos produjo actuaciones dispares y potencial percepción de discrecionalidad”.

Esto, respecto de la medida obligatoria dictaminada por el CNE que prohíbe al elector el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos al momento de votar. (I)